La inteligencia artificial ya está transformando ámbitos como la salud, las comunicaciones y la educación, y el sistema de justicia no es la excepción. Frente a este escenario, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Ricardo Lillo, liderará el proyecto Fondecyt Regular 2026 "El Derecho al Debido Proceso en la era de la Inteligencia Artificial", una investigación que busca analizar cómo estas nuevas tecnologías pueden incorporarse a la administración de justicia resguardando uno de los derechos fundamentales de las personas: el derecho a un juicio justo.

El proyecto nace como una continuación de una línea de investigación que el académico ha desarrollado durante más de una década sobre acceso a la justicia, debido proceso y transformación digital. Su objetivo es repensar cómo este derecho, que históricamente ha evolucionado junto con los cambios sociales y tecnológicos, debe adaptarse a una nueva realidad marcada por el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial.

"El debido proceso tiene una enorme capacidad para evolucionar con la sociedad. Lo vimos cuando aparecieron nuevas formas de transporte, durante la pandemia con los juicios por videoconferencia y hoy vuelve a ocurrir con la inteligencia artificial. La pregunta es cómo reconceptualizamos este derecho para esta nueva etapa, manteniendo aquello que hace que un juicio siga siendo justo", explica Ricardo.

Uno de los principales desafíos que aborda la investigación es responder cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para mejorar el funcionamiento del sistema judicial sin comprometer las garantías fundamentales de las personas. Actualmente, los tribunales enfrentan una importante sobrecarga de causas, lo que afecta los tiempos de respuesta y, en muchos casos, dificulta el acceso efectivo a la justicia.

En este contexto, el investigador plantea que la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta capaz de automatizar tareas administrativas y facilitar el acceso al sistema judicial. Sin embargo, advierte que su incorporación también abre nuevas preguntas sobre la forma en que las personas experimentan la justicia.

"El derecho al debido proceso no solo consiste en proteger determinadas garantías legales. También implica que las personas perciban que fueron escuchadas y que participaron en un proceso que consideran justo. Esa dimensión también debemos repensarla cuando intervienen herramientas de inteligencia artificial", señala el investigador.

Durante los tres años de ejecución, el proyecto realizará un diagnóstico sobre el uso actual de inteligencia artificial en la justicia chilena y analizará experiencias internacionales para identificar buenas prácticas y lecciones aplicables al contexto nacional. La investigación combinará revisión documental, análisis de legislación comparada y entrevistas con distintos actores del sistema de justicia para comprender cómo estas herramientas ya están siendo utilizadas y cuáles son los desafíos que plantea su implementación.

El estudio culminará con un análisis comparado entre Chile y otros países, con el propósito de identificar brechas y proponer criterios que orienten tanto el desarrollo de futuras regulaciones como la implementación de políticas públicas en materia de inteligencia artificial y administración de justicia.

Más allá del desarrollo académico, Ricardo Lillo espera que los resultados contribuyan a fortalecer la confianza de las personas en el sistema judicial: "Hoy la inteligencia artificial ya es una realidad en la justicia. El desafío no es decidir si la usamos o no, sino establecer bajo qué condiciones puede ayudar a ampliar el acceso a la justicia sin afectar los derechos fundamentales de las personas".

¿Cómo garantizar un juicio justo en la era de la inteligencia artificial?