El ministerio público ha presentado querella de capítulos contra doña Ángela Vivanco por los delitos de cohecho de los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal (Corte de Apelaciones de Santiago, rol penal-5831-2025). Los hechos que motivan esta querella se relacionan con el conocimiento por la Corte Suprema de un conjunto de recursos en torno a una controversia judicial entre el Consorcio Belaz Movitec SpA y Codelco. Junto a otros hechos, la intervención que dicha Corte atribuyó a la entonces ministra Vivanco en irregularidades en la tramitación y fallo de dichos recursos justificó que, en ejercicio de la potestad que le otorga el inciso tercero del artículo 80 de la Constitución Política, su pleno acordara remover de la misma Corte a la ministra señora Vivanco, el 10 de octubre del año pasado. La respectiva sentencia se pronunció el día 30 del mismo mes. Estas líneas no tienen por objeto ni refutar ni confirmar esta remoción ni la querella de capítulos, sino simplemente describir objetivamente la tramitación de las mencionadas causas y destacar qué aspectos de dicha tramitación parecen anómalos. El relato se construye exclusivamente con la información disponible en el sitio de consulta de causas en línea del Poder Judicial.
El 7 de marzo de 2023, el Consorcio Belaz Movitec SpA presentó un recurso de protección contra Codelco, ante la Corte de Apelaciones de Copiapó (rol 236-2023), con el patrocinio y poder de los abogados Eduardo Lagos Herrera, Mario Andrés Vargas Cociña e Isaac Eduardo Ramírez Rojas. Posteriormente se delegó poder al abogado Gabriel Silber Romo. La recurrente denunció que Codelco terminó anticipada y unilateralmente un contrato celebrado entre las partes, adjudicado luego de una licitación pública. El contrato encargaba a Consorcio el movimiento de tierras masivo para preproducción así como la construcción de caminos. Consorcio alegó que, después de poner término al contrato, Codelco había retenido maquinarias suyas con valor comercial superior a los cuarenta millones de dólares estadounidenses. La recurrente pidió que se ordenara a Codelco «la entrega y restitución inmediata de los equipos, vehículos, perforadoras, maquinaria pesada, bienes y otras materias primas» de su propiedad. Junto con ello, pidió una orden de no innovar para que Codelco se abstuviera de usar, mover o utilizar dichos bienes.
El 11 de abril de 2023 la Corte tuvo por interpuesto el recurso de protección, concedió la orden de no innovar solicitada y ordenó a Codelco informar.
En su informe, Codelco negó la retención de los bienes objeto del recurso. Agregó que había instado Consorcio a retirarlas, pues su presencia dificultaba la operación en la faena. Acompañó antecedentes que sugerirían que Consorcio no habría retirado sus bienes porque no tenía recursos para ello.
En paralelo, el 18 de abril de 2023 Consorcio presentó un segundo recurso de protección en contra de Codelco, referido al mismo contrato (Corte de Copiapó, rol 321-2023). Consorcio alegaba que Codelco había retenido un estado de pago por $12.112.648.738; que también había retenido fondos asociados a unas notas de cambio por $8.023.209.097, y que había desplegado actos de presión indebida para obtener la suscripción de una serie de mandatos. Pidió a la Corte condenar a Codelco al pago de $20.135.857.835. Pidió asimismo una orden de no innovar para la entrega provisoria de dichos dineros.
El 19 de abril de 2023, la Corte tuvo por interpuesto este segundo recurso de protección, desestimó la orden de no innovar y ordenó a Codelco informar. La principal defensa esgrimida por Codelco fue que Consorcio carecía de un derecho indubitado susceptible de ser tutelado vía recurso de protección. Ni el estado de pago ni las notas de cambio que se cobraban estarían aprobados: Consorcio sólo invocaba que el primero había sido aprobado verbalmente en reunión presencial entre las partes y que las notas de cambio habían sido conversadas en una reunión. Codelco también alegó que el conflicto entre las partes estaba sujeto a arbitraje y que el árbitro ya se encontraba designado.
La Corte de Copiapó acumuló ambos recursos, zanjándolos por sentencia de 13 de junio de 2023, que los desestimó unánimemente, debido a la designación de un juez árbitro de conformidad con la respectiva cláusula arbitral del contrato que originó el conflicto.
Consorcio apeló. Los autos ingresaron a la Corte Suprema el miércoles 28 de junio (rol 141.421-2023). Ese mismo día, Consorcio pidió otra orden de no innovar, sustancialmente idéntica a aquellas presentadas ante la Corte de Copiapó.
El viernes 30 de junio de 2023, dos días después de ingresados el recurso y la solicitud de orden de no innovar, el Presidente de la Corte Suprema ordenó dar cuenta de dicha orden de no innovar «conjuntamente con lo ordenado precedentemente». Esta resolución es defectuosa, pues nada se había ordenado precedentemente. La resolución aparece firmada electrónicamente a las 13:32 horas.
Ese mismo viernes, se dio cuenta en la Tercera Sala del recurso y de la orden de no innovar, sin que existiera una resolución formal que ordenara dar cuenta de aquel. Resulta inusual que se dé cuenta de una causa solo dos días después de ingresada a la causa, especialmente si se considera que el tiempo promedio de para dar cuenta de las apelaciones de protección (excluidas aquellas sujetas a tramitación masiva) ingresadas el 28 de junio fue de 107 días. Y es irregular que se dé cuenta de ella sin que haya sido ordenado por el Presidente de la Corte.
En los antecedentes públicamente disponibles no hay indicios que permitan determinar quién ordenó a la relatora dar cuenta de estos antecedentes. Tampoco consta el momento en que ello habría ocurrido. La causa quedó en acuerdo. Junto con ello, se concedió una orden de no innovar que ordenó a Codelco abstenerse de usar o mover los bienes de Consorcio. Se designó redactora del fallo a la ministra Gajardo. La resolución aparece firmada electrónicamente a las 17:29. La relatora señora Fernández dejó constancia de haber quedado la causa en acuerdo, en sala integrada por la ministra señora Vivanco, el ministro señor Carroza, la ministra señora María Cristina Gajardo y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.
El martes 4 de julio de 2023, el Presidente de la Corte dictó una resolución rectificatoria de la que había dictado el 30 de junio, agregando la oración «Dése cuenta del Recurso en la Tercera Sala de esta Corte». Dictó la resolución «sin perjuicio del estado» de la causa que, como se ha explicado, era «en acuerdo». Esta resolución aparece firmada electrónicamente a las 8:07.
Ese mismo martes, Codelco promovió un incidente de nulidad del acuerdo, fundado en que había sido adoptado sin que se hubiera ordenado dar cuenta del recurso de apelación. El incidente fue desestimado al día siguiente, en sala integrada por el ministro señor Muñoz, las ministras Vivanco y Ravanales, el abogado integrante señor Águila y la abogada integrante señora Benavides.
El mismo día en que se planteó este incidente de nulidad, martes 4 de julio, se dictó sentencia definitiva que revocó lo resuelto por la Corte de Copiapó. Así, la Corte Suprema ordenó a Codelco la restitución inmediata de los bienes de la actora y poner fin a la retención de los fondos correspondientes al estado de pago ($12.112.648.738). La principal justificación para esta última medida fue que el contrato entre las partes otorgaba un plazo para que Codelco aprobara, rechazara u objetara, con fundamento, los estados de pago, y que explícitamente no autorizaba a las partes a suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones de existir una disputa o controversia. La sentencia tuvo voto en contra de la ministra Gajardo, por razones análogas a las que había tenido la Corte de Copiapó para rechazar el recurso.
El 24 de julio de 2023, Codelco dio cuenta a la Corte de Copiapó de haber pagado $11.734.559.342 en cumplimiento de lo resuelto. Este pago solo deducía del estado de pago $375.789.549, correspondientes a una suma embargada en la causa C-3178-2023 del 22º Juzgado Civil de Santiago.
El 21 de septiembre de 2023, Consorcio pidió a la Corte Suprema la aclaración, rectificación o enmienda de su sentencia de 4 de julio, para que Codelco además soportara el costo de devolución de los bienes, por $4.415.816.192, y que complementara el fallo en relación con las notas de cambio, ordenando a Codelco pagar $8.023.209.097. El 28 de septiembre de 2023, en sala integrada por la ministra Vivanco, los ministros Carroza y Simpértigue, el abogado integrante Alcalde y la abogada integrante Benavides, la Corte acogió el recurso solo en cuanto aclaró que los costos asociados a la restitución de los bienes eran de cargo de Codelco, sin precisar su monto.
El 4 de octubre de 2023, Codelco dedujo reposición contra esta sentencia. Alegó que ella se extendía a puntos que no habían sido objeto del recurso, pues en el recurso de protección Consorcio no había pedido que se condenara a Codelco al pago de estos costos. O sea, Codelco alegó una suerte de ultrapetita en el contexto de un recurso de aclaración, rectificación o enmienda de la sentencia definitiva, arguyendo que esta última era clara en cuanto a que la obligación de Codelco se materializaba en proporcionar acceso y condiciones para que Consorcio retirara sus equipos y que debía abstenerse de requerir la suscripción o entrega de documento alguno. Por último, Codelco agregó que la imposición de estos costos era contraria a lo estipulado en el contrato suscrito entre las partes.
El 11 de octubre del mismo año, la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de reposición, con acuerdo de las ministras Ravanales y Letelier y abogado integrante señor Munita. La ministra Vivanco y la abogada integrante señora Benavides votaron en contra, estimando que debía resolverse de plano el incidente de nulidad planteado, pero sin expresar si consideraban que debía acogerse o rechazarse.
El 23 de noviembre de 2023, después de haber ordenado el cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema, la Corte de Copiapó apercibió a Codelco para el pago de $4.415.816.192, por concepto de costos de restitución de los bienes del Consorcio. Con fecha 11 de diciembre de 2023, Codelco dio cuenta de haber cumplido con esta orden.
El 15 de diciembre de 2023, Consorcio pidió a la Corte de Copiapó que ordenara a Codelco pagar $157.644.638 adicionales por concepto de reajuste del costo de restitución de los bienes, más $868.957.558 por concepto de impuesto al valor agregado sobre el mismo monto. La Corte de Copiapó, con fecha 27 de diciembre, «no habiéndose contemplado el pago de dichos rubros en el fallo dictado por la Excma. Core Suprema», desestimó esta solicitud. Contra esta resolución, Consorcio dedujo recurso de reposición y, en subsidio, apeló. El 4 de enero de 2024, la Corte de Copiapó rechazó la reposición y declaró improcedente la apelación.
El 10 de enero de 2024, Consorcio dedujo ante la Corte Suprema recurso de queja en contra de esta última resolución (roles 1150 y 1152-2024, acumulados entre sí). El recurso fue declarado inadmisible el día 24 de enero, en sala presidida por la ministra Ravanales e integrada por la ministra suplente Gutiérrez, el ministro suplente Crisosto, el abogado integrante Munita y la abogada integrante Coppo.
Consorcio dedujo reposición en contra de esta resolución el 26 de enero. Por resolución de 8 de febrero, la Corte unánimemente acogió la reposición y tuvo por interpuesto el recurso de queja. Esta decisión es anómala. Es inusual que la Corte acoja un recurso de queja. Para que ello ocurra, el recurso debe aportar antecedentes permitentes que no se tuvieron a la vista al momento de resolver, o la sala debe tener la convicción de haber incurrido en un error. Es todavía más inusual que la Corte acoja tal recurso cuando la resolución impugnada es la que tuvo por inadmisible un recurso de queja. La resolución es además anómala porque el recurso de queja resultaba improcedente contra una resolución que ni ponía término al juicio o hacía imposible su tramitación ni era una sentencia definitiva. La sala de la Corte Suprema estuvo presidida por la ministra Vivanco e integrada por el ministro Carroza, la ministra Letelier, la abogada integrante Coppo y el abogado integrante Águila.
El recurso de queja se vio el 7 de marzo y la causa quedó en acuerdo, en sala integrada por las ministras Vivanco y Ravanales, los ministros Carroza y Simpértigue y la abogada integrante Ruiz. El 14 de marzo se dictó sentencia que, acogiendo el recurso de queja, ordenó a la Corte de Copiapó resolver la petición relativa a reajustes e impuestos previa tramitación de «los incidentes que en derecho correspondan y que permitan tener por cumplida dicha orden judicial, en especial las liquidaciones pertinentes, incluyendo el examen de facturas, boletas y documentos fundantes de dichos costos». La sentencia justificó acoger el recurso de queja, a pesar de que la resolución impugnada no era de aquellas que habilitan a su interposición, «porque la decisión de los jueces recurridos se justificó en la sentencia definitiva y la aclaración de la misma que dictó esta Corte Suprema en su oportunidad, aludiendo a una interpretación sobre aquellas que no se ajusta a derecho, al sentido natural y obvio de las palabras y, en definitiva, a los razonamientos que este Tribunal Superior esgrimió». Esta sentencia fue acordada con prevención del ministro Carroza y voto en contra de la ministra Ravanales, quien fue de opinión de declarar inadmisible el recurso, porque la resolución impugnada no era de aquellas que lo hacen procedente.
En cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema, el 16 de mayo de 2024 la Corte de Copiapó estableció que Codelco debía pagar a Consorcio $157.644.438 por concepto de reajustes y $868.957.558 por concepto de impuesto al valor agregado. El viernes 14 de junio del mismo año, Codelco acompañó comprobantes de haber pagado estos dineros mediante transferencia al abogado Carlos Lagos Herrera, apoderado de Consorcio para recibir el pago.
En suma, en virtud de estas acciones legales, Codelco habría pagado a Consorcio la suma de $17.176.997.530. El Ministerio Público imputa ahora a la señora Vivanco haber aceptado pagos a cambio de intervenir en favor de Consorcio en la tramitación y resolución de estas causas. Como se trata de actuaciones en su calidad de ministra de la Corte Suprema, rige lo dispuesto en los artículos 328 del Código Orgánico de Tribunales y 425 del Código Procesal Penal: previo a la solicitud de prisión preventiva u otras medidas cautelares, así como de la formulación de acusación, la Corte de Apelaciones de Santiago debe declarar admisibles los capítulos de acusación. Si la Corte así lo hace, quedará abierto el camino para la solicitud de tales medidas cautelares, formulación de acusación y juicio penal en contra de la querellada.
Publicada en El Mercurio Legal.
*Esta columna reproduce y pone al día dos columnas publicadas en El Mercurio Legal el 13 de septiembre y 11 de octubre de 2024.