Hace algunos días publiqué una minuta para abogados relatando la tramitación y conocimiento de las causas del Consorcio Belaz Movitec SpA. con Codelco, sobre la base de información pública disponible en el sitio de consulta de causas en línea del Poder Judicial. Las irregularidades cometidas en esas causas constituyen una de las imputaciones del cuaderno de remoción contra la ministra señora Vivanco, quien ha presentado sus descargos.
En ellos se alega que la imputación no señala cuáles serían las irregularidades en la tramitación de las causas, de manera que desconoce qué es en particular aquello de lo cual debe defenderse (p. 94). Esto es cierto. Esto obliga a preguntarse si, estudiada objetivamente, la tramitación de la causa presenta irregularidades que debieran resultar manifiestas para un ministro de la Corte. El objeto de esta segunda minuta es precisamente ese.
En primer lugar, aparece como irregular la circunstancia de que se haya dado cuenta de la apelación el 30 de junio de 2023, sin que el presidente de la Corte lo hubiera ordenado. Este solo había ordenado dar cuenta de la orden de no innovar, presentada por los abogados del Consorcio. Dicha resolución erróneamente hacía referencia a una inexistente resolución previa que habría ordenado dar cuenta de la apelación en la Tercera Sala («conjuntamente con lo ordenado precedentemente»). Es ciertamente posible que la relatora no hubiera advertido esta omisión y que, viendo la resolución que ordenaba dar cuenta de la orden de no innovar, asumiera que también se había ordenado dar cuenta del recurso de apelación.
Llama sin embargo la atención que la resolución del Presidente de la Corte que ordenó dar cuenta de la orden de no innovar se firmara recién a las 13:31 del mismo viernes 30 de junio. Normalmente las salas funcionan durante la mañana y hasta la hora de almuerzo. Si tal hubiera sido el caso, se habría dado cuenta del asunto antes de que el Presidente hubiera siquiera ordenado que se diera cuenta de la orden de no innovar. Difícilmente la relatora habría dejado de advertir esta circunstancia. Aquí podría haber una anomalía que requeriría explicación.
En segundo lugar, y con independencia de la irregularidad ya señalada, resulta anómala la premura con que el asunto fue conocido por la sala. El día 28 de junio de 2023 ingresaron a la Corte 212 recursos de protección. De estos, 163 corresponden a reclamos contra el Servicio Nacional de Migraciones por situaciones frecuentes que han sido estandarizadas por la Corte, permitiendo su tramitación en conjunto («tramitación masiva»). Los otros 49 recursos requieren una atención particularizada, tanto por el relator al estudiarlos como por la sala al conocer de ellos, deliberar, adoptar el acuerdo y sentencia. Catorce correspondían a apelaciones de inadmisibilidades, que son falladas con una simple confirmación o con una revocación formularia, firmada en sala el mismo día del acuerdo. De las restantes 35 causas, ocho son reservadas, de manera que no hay información alguna disponible públicamente.
La tramitación de la causa del Consorcio con Codelco puede entonces ser comparada con las 27 apelaciones de sentencias definitivas sujetas a tramitación individualizada y para las que sí se encuentra información disponible. Esa información arroja los siguientes resultados:
La causa Consorcio Belaz Movitec SpA. con Codelco fue la primera de la cual se dio cuenta en sala, el viernes 30 de junio de 2023.
Recién el 26 de julio de 2023 se dio cuenta y falló la segunda apelación de sentencia definitiva.
De las siguientes apelaciones se dio cuenta en distintas fechas, entre el 9 de agosto de 2023 y el 29 de enero de 2024.
El presidente de la Corte ordenó dar preferencia a la cuenta de la causa 141425-2023 el 14 de septiembre de 2023. Se dio cuenta de ella el 4 de octubre de ese año.
El tiempo promedio para dar cuenta en sala de estas apelaciones (excluida la del Consorcio), desde su ingreso a la Corte el 28 de junio, fue de 107 días.
La celeridad con que se dio cuenta de la causa del Consorcio (dos días desde su ingreso) aparece como absolutamente desalineada con el tiempo que se tomó para dar cuenta de las demás (107 días en promedio), y destaca tanto respecto de la causa que la siguió en celeridad (28 días), como de aquella en que el Presidente de la Corte ordenó formalmente un tratamiento preferente (98 días).
No hay resolución formal que determine la audiencia en que se debe dar cuenta en sala de un recurso de protección. A diferencia de lo que ocurre con las causas traídas en relación, que se conocen en el orden en que se incluyen en una tabla que prepara el presidente de la Corte, son los relatores quienes deciden las causas de las que darán cuenta en cada audiencia. El auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección no contiene reglas para el orden en que debe darse cuenta de las apelaciones. Los criterios que determinan tal orden son opacos para litigantes y observadores. Esto no significa que no existan o que sean inapropiados. El examen de la tramitación de los 212 recursos de protección ingresados el miércoles 28 de junio permite formular algunas hipótesis.
En primer lugar, parece que los relatores separan los casos susceptibles de tramitación masiva de aquellos que requieren atención particular. Los primeros exigen un trabajo de categorización: es necesario revisar cada recurso a fin de determinar a qué categoría pertenece. Así, se advierte que en los casos contra el Servicio Nacional de Migrantes hay al menos tres categorías: apelaciones de inadmisibilidad, apelaciones contra el rechazo del recurso por retardo en pronunciarse sobre la solicitud de residencia definitiva y apelaciones contra el rechazo del recurso por negativa a tramitar una solicitud de refugio. Una vez agrupados, se deben preparar las sentencias formularias que aplican la jurisprudencia de la Corte a cada caso. De los 163 recursos de protección sujetos a tramitación masiva se dio cuenta el mismo día 12 de julio y ese mismo día fueron fallados.
En segundo lugar, parece que respecto de las causas que requieren tramitación particularizada, los relatores separan las apelaciones de inadmisibilidad de las apelaciones de sentencia definitiva, dando prioridad a las primeras. De estas se dio cuenta, en promedio, en 17 días. De las apelaciones de sentencia definitiva, como se ha dicho, se dio cuenta, en promedio, a los 107 días de haber ingresado a la Corte.
Cabe preguntarse si la presentación de una orden de no innovar constituye un criterio para que la cuenta de la causa adquiera preferencia por sobre las demás.
A la luz de estas hipótesis, el hecho de que se diera cuenta de la causa del Consorcio a los dos días de haber ingresado a la Corte demanda una explicación. La circunstancia de que el recurso de protección esté por su naturaleza cautelar sujeto a una tramitación sumaria no ofrece tal explicación, pues lo anómalo no es que se haya dado cuenta de dicha causa con preferencia a causas de lato conocimiento. Lo irregular es la enorme preferencia que se le dio sobre los demás recursos de protección. Si la presentación de la orden de no innovar justifica tal preferencia, es algo que ciertamente la Corte sabrá reconocer.
Si la orden de no innovar no justifica tal preferencia, la irregularidad pudo pasar inadvertida para los ministros de la sala. Como se ha explicado, es el relator quien decide de qué apelaciones de protección dar cuenta. En esta decisión no intervienen los ministros a quienes se les da cuenta, quienes no tienen motivo alguno para reparar en la fecha en que la causa ingresó a la Corte. Ellos conocen el caso a través de la relación que se les haga, que naturalmente se referirá al contenido del recurso de protección y a lo resuelto en la sentencia impugnada. No se encuentran por tanto en posición adecuada para advertir que están conociendo de una causa que se saltó el orden de preferencia normal. Lo único que requiere explicación es la conducta de la relatora: ¿por qué dio cuenta de la causa a solo dos días de su ingreso a la Corte?
No resulta en cambio irregular que la Corte haya conocido y desestimado en brevísimo plazo el recurso de nulidad deducido por Codelco contra la cuenta y acuerdo del día 30 de junio de 2023. Dicho recurso fue promovido el día 4 de julio y fallado al día siguiente. Lo cierto, sin embargo, es que en la práctica de la Corte las solicitudes de nulidad de lo obrado, así como las reposiciones, son resueltas muy rápidamente y, en general, son desechadas. Es racional que así sea, pues no se justifica dedicar parte del escaso tiempo a asuntos que ya han sido conocidos y fallados por la Corte, retrasando otros que esperan resolución.
Lo tercero que resulta irregular en la tramitación se refiere al recurso de queja deducido por el Consorcio contra la Corte de Copiapó, por haber desestimado su solicitud de que en cumplimiento de la sentencia definitiva se ordenara a Codelco pagar dineros correspondientes a reajustes e impuesto al valor agregado. Dicho recurso fue declarado inadmisible. El Consorcio dedujo reposición contra esta decisión. La Corte acogió la reposición y declaró admisible la queja. Más tarde acogió el recurso y ordenó el pago de los dineros demandados.
Esta tramitación es doblemente anómala. En primer lugar, lo es que la Corte acoja un recurso de reposición. Como se ha dicho, estos son por regla general desestimados. Además de las razones de economía antes indicadas, al acoger una reposición la Corte favorece que los abogados intenten revertir fallos adversos apostando a una nueva integración de la sala. Estimula así una suerte de forum shopping que socava la autoridad de la Corte. En segundo lugar, podría tal vez estimarse justificado acoger un recurso de reposición cuando la Corte ha cometido un error de envergadura. En este caso, sin embargo, no había error alguno. El recurso de queja solo procede contra sentencias interlocutorias que ponen termino al juicio o hacen imposible su tramitación y contra definitivas. En este caso el juicio se encontraba concluido por sentencia firme. La resolución recurrida era un simple auto o decreto dictado en etapa de cumplimiento, de manera que el recurso de queja era inadmisible. Más tarde, al acoger dicho recurso, la Corte reconoció que con ello se apartaba de su propia jurisprudencia (sentencia de 14 de marzo de 2024, rol 1150-2024, considerando sexto).
A diferencia de la decisión de dar cuenta de la apelación de la sentencia definitiva de la Corte de Copiapó, en la que no participan los ministros, la decisión de acoger el recurso de reposición y de declarar admisible un recurso de queja contra una resolución que no podía impugnarse por esa vía, fue adoptada unánimemente por todos los integrantes de la sala. Y la posterior sentencia que acogió la queja, fue adoptada por mayoría de la sala. De la información públicamente disponible no resulta posible atribuir más responsabilidad en estas decisiones a uno o más de los ministros y abogados integrantes que intervinieron en ellas.
Publicado en El Mercurio Legal