Permanentemente estamos confrontados a la coacción, que es una amenaza realista de consecuencias graves para que hagamos o no algo contra nuestra voluntad. Cuando el asaltante le dice “la bolsa o la vida”, lo coacciona. También cuando el Estado le exige el pago de impuestos. Pero, y como sostienen algunos libertarios, ¿son lo mismo la acción del asaltante y la del Estado?

En última instancia la coacción descasa en la violencia física. Aunque no parezca evidente en los impuestos, son pocas las leyes que escapan a esta lógica. Si usted no los paga se le multará. Pero si ya no cumplió la exigencia de pagarlos ¿Por qué pagar la multa? Claro, si no lo hace, será detenido. Pero si ya no cumplió con las exigencias anteriores ¿por qué no resistirse a esta? Al final de la cadena (casi) siempre estará la fuerza física, que es violencia sin escapatoria.

Pero no son lo mismo: a diferencia del asaltante, la coacción estatal pretende ser legítima. Por ello las definiciones clásicas del Estado lo caracterizan por su monopolio de la violencia legítima. Independientemente de si alguna de las muchas estrategias para fundar esta legitimidad es satisfactoria, en ellas, o al menos en las modernas, la coacción se expresa institucionalmente en normas generales. Y esto es muy diferente al asaltante que solo puede referir a su voluntad arbitraria.

El derecho internacional, sin embargo, es diferente. No hay monopolio del uso de la fuerza y sus miembros no se someten a esta violencia. Los países son soberanos. Empero, cuenta con mecanismos muy restrictivos para justificar el uso de la fuerza y así civilizar la situación de guerra de todos contra todos (que, con Hobbes, es la posibilidad permanente de que surja). No sin razón su materialidad se remonta al fin de la segunda guerra mundial.

Por supuesto muchos Estados han actuado al margen o contraviniendo este derecho. Pero en general han apelado a él, con todas las hipocresías que conocemos, para legitimar su actuar. En ese sentido la acción de EE.UU. en Venezuela (siguiendo la invasión de Rusia a Ucrania) marca un hito.

Dejando a un lado la hipocresía civilizatoria, no apela a los DD.HH. brutalmente pisoteados por la dictadura de Maduro o a amenazas creíbles a la paz sino abiertamente al control de recursos naturales (sugiriendo algo muy parecido a un protectorado). Así, no se diferencia del asaltante que solo puede apelar a su voluntad arbitraria al exigirle su billetera.

Hay motivos de sobra para alegrarse del fin de Maduro (que hasta ahora no es el de la dictadura). Pero hay buenas razones para mirar con recelo el mundo que así se inaugura. Porque cuando las normas ya ni siquiera animan la hipocresía, lo único que queda es la pesadilla del poder descarnado.

Quizás esto le parece lejano y ajeno. Pero no es así: cuando domina la arbitrariedad de los tiburones, pierden los peces chicos. Y Chile es un pez muy pequeño.

Publicada en La Segunda.