El gobierno puso discusión inmediata al proyecto de eutanasia debiendo ser votado en seis días. Se ha criticado que, ad portas de una elección y en las postrimerías del período, sería aprovechamiento político y se impediría una discusión exhaustiva.
Sobre lo segundo valga mencionar que el proyecto lleva años en discusión y se han escuchado y recogido muchas opiniones (de expertos, asociaciones, personas, etc.). En comparación internacional es un proyecto restrictivo en cuanto a las condiciones consideradas habilitantes para poder acceder a la muerte asistida y a los procedimientos estipulados. Se trata de enfermedades terminales y de condiciones de sufrimiento insoportable no curables refrendadas por especialistas.
Sobre lo primero hay que preguntarse si la ocasión política transforma el legislar sobre algún tema en algo espurio, contaminado de contingencia y oportunismo. Pero en un país en que los proyectos de ley suelen tener nombres propios, la idea intempestivamente enarbolada por algunos parlamentarios de que la legislación debe desligarse de la oportunidad política, brilla como una contradicción performativa.
Es lícito preguntarse si sus alegaciones son algo más que el simple oportunismo que acusan en la contraparte para frenar un proyecto que rechazan.
En realidad, la oportunidad y el sentido de oportunidad son parte de cualquier proceso político y legislativo. No olvide que Portuno era, y supongo ha de seguir siéndolo, el dios de los puertos: cuando las condiciones de la marea y los vientos en conjunción con la construcción del bajel eran apropiadas, los marineros obtenían la oportunidad de zarpar o recalar. O si lo desestima y prefiere recurrir a Maquiavelo, recuerde que al político efectivo lo distingue la virtud para hacer suya la fortuna.
La pregunta importante es si se trata de mero oportunismo que es, según la RAE, un aprovechamiento de las circunstancias con el fin de obtener el mayor beneficio posible sin tener en cuenta principio y convicciones. Y la respuesta es prístina: a diferencia de muchos otros casos (como el vergonzoso espectáculo de algunos parlamentarios socialistas que al son de las encuestas se transformaron en nacionalistas cuasi xenófobos), aquí hay fundamentos normativos claros que han sido reiteradamente discutidos.
Y estos principios y convicciones (sería innecesario insistir en ello si no fuera porque muchos políticos que se oponen al proyecto dan por supuesto que no sería así) son transversales en términos de izquierda y derecha. No se trata de agendas identitarias o woke.
Exceptuando los sectores más conservadores, la idea de que en condiciones acotadas que implican gran sufrimiento la autonomía debiese permitir a las personas decidir sobre el fin de sus vidas, encuentra amplia aceptación. Sobre el 70 por ciento de la población comparte esta visión. Es de esperar que, finalmente, el proyecto se transforme en ley.
Publicada en La Segunda.