Pena de muerte, ¿es realmente una solución efectiva para disuadir el crimen o una salida fácil a un problema complejo? es la pregunta que se discutió en la primera charla del ciclo "Actualidad en Contexto" organizado por la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En la iniciativa el académico, Javier Wilenmann, profesor de la Facultad de Derecho, junto con los filósofos Miriam Jerade y Daniel Loewe, ambos de la Facultad de Artes Liberales, analizaron el controvertido tema moderados por Niels Rivas, decano de dicha facultad.

Desde una perspectiva jurídica, Wilenmann explicó que tradicionalmente se atribuyen dos funciones principales a la pena capital: la incapacitación de individuos peligrosos y la disuasión de futuros delitos. Sin embargo, advirtió que la evidencia empírica muestra que estos objetivos no se cumplen eficazmente en la práctica.

Un ejemplo claro es el de Estados Unidos, donde los procesos judiciales relacionados con la pena de muerte pueden prolongarse durante más de veinte años. Este fenómeno, según Wilenmann, genera un efecto burocrático y contraproducente, con elevados costes judiciales y sociales.

Por su parte, Miriam Jerade abordó el debate desde una óptica filosófica, calificando la pena de muerte como un acto violento y cruel. “Se trata de establecer una fecha y una hora para el fin de una vida”, afirmó, señalando además que la existencia de esta práctica en países democráticos no ha demostrado una reducción significativa de la criminalidad.

Daniel Loewe, en línea con el pensamiento del filósofo ilustrado Cesare Beccaria, sostuvo que la pena capital es ilegítima. Argumentó que, al ingresar en el contrato social, ninguna persona cede voluntariamente su derecho a la vida. Por tanto, si ese derecho no puede ser transferido, tampoco el Estado tendría legitimidad para disponer de él.

Este debate invitó a una reflexión profunda sobre la eficacia y la legitimidad moral de la pena de muerte en sociedades modernas que ha resurgido en la discusión pública como respuesta a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

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¿Pena de muerte en Chile?