Observatorio UAI presentó estudio sobre gobernanza regional

La elección directa de los gobernadores regionales transformó el mapa político del país, pero dejó abierta una pregunta que la legislación aún no ha respondido con claridad: cuando dos autoridades comparten el mismo territorio con orígenes y mandatos distintos, ¿quién toma las decisiones que afectan a la ciudadanía? Esa interrogante recorre el estudio “Gobernar entre dos: propuestas para superar las tensiones del poder regional en contexto de cohabitación”, el primer informe del Observatorio Regional UAI.

El documento fue elaborado por Guillermo Jiménez, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Fernanda Carmona, egresada de la misma carrera. Ambos examinan los efectos de la reforma de 2018-2021, que separó las funciones que históricamente concentraba el Intendente y dio origen a un esquema de doble mando en cada región, con el Gobernador Regional electo por la ciudadanía y el Delegado Presidencial Regional designado por el Ejecutivo. Esa “bicefalia”, como la denomina el estudio, genera fricciones permanentes en áreas como la gestión de emergencias y la coordinación de los servicios públicos, donde los servicios desconcentrados administran entre el 80% y el 90% del presupuesto público efectivo.

Un segundo eje aborda la provisionalidad de las competencias transferidas a los Gobiernos Regionales. De las 19 atribuciones traspasadas desde 2018, ninguna tiene carácter permanente y solo tres fueron acompañadas de recursos o personal adicional. Si los decretos no se renuevan en los plazos correspondientes, las funciones retornan automáticamente al nivel central, escenario sobre el cual Guillermo Jiménez advirtió que “si no hay acción pronta, al nivel de decretos de transferencia o de proyectos de ley, una recentralización es inevitable, y ese retroceso sería un golpe a un proceso que aún no se consolida".

La situación regional ocupa un lugar particular dentro del análisis. El académico describe a Valparaíso como “una de las regiones más robustas institucionalmente del país”, que además “ha participado de todos los procesos de transferencia de competencias”, por lo que no continuar con ese proceso significaría un retroceso. A esto se suma un escenario de cohabitación política, dado que la orientación del Gobernador es de oposición al gobierno central, lo que augura mayor fricción con el Delegado Presidencial en materias como seguridad pública y respuesta frente a emergencias.

Frente a ese diagnóstico, el Observatorio Regional UAI propone tres líneas de acción que evitan tanto la eliminación del Delegado como la federalización del Estado. La primera consiste en la institucionalización formal de los Foros para la Descentralización, que hoy operan de manera frágil e informal. La segunda retoma el proyecto de Rentas Regionales para dotar a los Gobiernos Regionales de una arquitectura fiscal más sólida, con auditorías externas anuales y un rol fiscalizador reforzado del Consejo Regional. La tercera apunta a establecer un marco legal permanente para las transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro.

El énfasis en la coordinación, más que en una reforma estructural, responde a una lectura realista del proceso. Jiménez sostiene que la experiencia comparada en países como España y Francia “demuestra que los procesos exitosos de descentralización son paulatinos” y que, sin coordinación ni diálogo, cualquier avance en esa dirección queda en riesgo de fracasar.

Para revisar el estudio completo ingresar aquí.