Bellolio y Correa analizan la tensión entre seguridad y libertad en Actualidad en Contexto

El proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo para fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción estuvo en el centro de una nueva edición de Actualidad en Contexto. En el encuentro, organizado por la Escuela de Gobierno y la Facultad de Artes Liberales UAI, los académicos Cristóbal Bellolio (Gobierno) y Rodrigo Correa (Derecho), analizaron las implicancias políticas y jurídicas de la iniciativa en una conversación moderada por Nicole Gardella, Directora de Incidencia Pública y Cátedras de la Escuela de Gobierno, desarrollada el viernes 28 de agosto en la sede Vitacura de la UAI.

Ingresada al Senado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, la reforma propone, entre otras medidas, consagrar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, crear un nuevo estado de excepción constitucional y establecer reglas especiales para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y el terrorismo. A partir de estas disposiciones, los panelistas abordaron la necesidad de contar con un diagnóstico que permita justificar cambios constitucionales, los límites que la Constitución impone al poder y a las decisiones de las mayorías, la extensión de los estados de excepción y los posibles efectos de restringir derechos sociales.

Gardella abrió la conversación preguntando qué atribuciones necesita el Estado para proteger a la ciudadanía y cuáles deberían quedar consagradas en la Constitución. Correa sostuvo que primero se debe identificar con claridad el problema de seguridad, los déficits existentes y las razones por las cuales estos requerirían modificar la Carta Fundamental. “Mi impresión es que ese diagnóstico no está”, afirmó. Bellolio explicó que, desde la tradición liberal, la Constitución cumple precisamente la función de limitar el ejercicio del poder, incluso cuando este surge de la voluntad popular: “El liberalismo sería un marco de limitaciones [...] que encarnan valores que van más allá de la votación de una mayoría circunstancial”.

Gardella planteó luego cómo se justifican los estados de excepción cuando fenómenos como el crimen organizado han dejado de ser excepcionales. Correa advirtió que una medida concebida como transitoria pierde esa condición si puede renovarse sucesivamente y cuestionó que las disposiciones propuestas respondan al problema que buscan enfrentar: “Soy escéptico: muéstrenme la evidencia y conversemos”. Bellolio, en tanto, sostuvo que el Gobierno llegó al poder con la promesa de combatir con firmeza la delincuencia, pero cuestionó que contara con un plan suficientemente riguroso para abordar un problema que parece haberse vuelto endémico.

Finalmente, ante la interrogante de cuándo una medida puede definirse como iliberal y qué fundamento constitucional podría tener la restricción de derechos sociales a una persona que ya cumplió su pena, Correa explicó que la disposición propuesta no entregaría fundamento a una futura ley, sino que buscaría protegerla anticipadamente frente a una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional. Bellolio señaló que una reforma específica puede tener un carácter iliberal sin que ello permita definir de la misma manera al conjunto de un gobierno, aunque advirtió: “Veo una incomodidad sistemática de este Ejecutivo por los pesos y contrapesos que constriñen su actuar”.