UAI reúne a expertos para abordar el uso de datos en el combate al crimen organizado

La necesidad de superar la fragmentación de la información entre las instituciones públicas y avanzar hacia una mayor coordinación para enfrentar el crimen organizado fue uno de los principales temas del seminario “El Estado Ciego 2026: Datos, Crimen Organizado y Confianza Pública”, organizado por la Escuela de Gobierno de la UAI  y ALTO Chile.

El encuentro reunió a autoridades de Gobierno, representantes del sector privado y especialistas para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el Estado en el uso de datos para la prevención y persecución de delitos, en un contexto marcado por la creciente sofisticación tecnológica de las economías ilícitas.

Durante la jornada se abordó la importancia de contar con sistemas que permitan compartir, cruzar y analizar información de manera oportuna y segura, con reglas claras de acceso, trazabilidad y protección de los derechos de las personas.

La decana de la Escuela de Gobierno UAI, María José Naudon, destacó que uno de los principales desafíos de las instituciones públicas es avanzar hacia una gestión más integrada de la información, fortaleciendo al mismo tiempo la colaboración con el sector privado.

“Desde una Escuela de Gobierno, nuestra tarea es contribuir a un Estado más integrado y a una mejor colaboración entre lo público y lo privado. Hoy los grandes desafíos, seguridad, salud, educación, protección social o desarrollo productivo, exigen que la información pueda circular de manera segura, con reglas claras y responsabilidades definidas”, señaló.

Asimismo, enfatizó que el desarrollo de mejores capacidades institucionales debe compatibilizar el uso de la información con la protección de los derechos fundamentales.

“La ley debe proteger los datos y los derechos, pero no puede paralizar la colaboración ni la capacidad de actuar. Incidir es ayudar a construir ese equilibrio: trabajar para una mayor integración y reconstruir confianza a partir de esto”, agregó.

Coordinación institucional y nuevas regulaciones

La jornada contó con la participación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien advirtió que la falta de coordinación entre las instituciones públicas genera espacios que pueden ser aprovechados por las organizaciones criminales.

“Cuando no hay coordinación entre las distintas instituciones que manejan la información estamos dejando un importante espacio para que el crimen organizado abuse de esa posición”, afirmó.

El secretario de Estado sostuvo que el principal problema no radica necesariamente en la falta de información, sino en su dispersión entre organismos que operan con distintos estándares y sistemas tecnológicos.

En este contexto, se refirió a los avances regulatorios relacionados con la protección de datos personales, la ciberseguridad y la modernización del sistema notarial, iniciativas que, según explicó, contribuirán a mejorar la coordinación y el intercambio de información entre las instituciones del Estado.

También abordó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), particularmente la propuesta de crear una Agencia de Decomiso que permita mejorar la administración y posterior enajenación de bienes incautados a organizaciones criminales, destinando los recursos obtenidos al fortalecimiento de las policías y a la reparación de las víctimas.

Por su parte, la country manager de ALTO Chile, María de los Ángeles Kassis, destacó la importancia de incorporar la experiencia del sector privado en el diseño de soluciones para mejorar la persecución penal.

“El Estado deja de ser ciego cuando mira con los ojos del mundo privado y del público. En ALTO hemos visto el éxito de casos penales donde conseguimos condenas ejemplificadoras y también las dificultades y la pérdida de tiempo en los procesos investigativos, cuando las instituciones no están interconectadas”, sostuvo.

La ejecutiva enfatizó que una colaboración más estrecha entre empresas, policías y organismos públicos puede contribuir a mejorar la efectividad de las investigaciones y optimizar el uso de los recursos disponibles.

El desafío de integrar información para combatir las economías ilícitas

El primer panel de conversación reunió al alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; la subdirectora jurídica del Servicio de Impuestos Internos, Bárbara Olivares, y la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Cecilia Valdés.

Durante la conversación se analizaron las dificultades que enfrentan las instituciones para acceder a información oportuna y coordinar acciones frente al comercio ilícito y otras actividades delictuales.

El alcalde Bellolio compartió la experiencia de Providencia en la incorporación de tecnologías de vigilancia y destacó que estas herramientas requieren una estrategia de coordinación institucional para ser efectivas.

“No basta con tener cámaras o conectar infraestructura a internet; necesitamos responder al delito del siglo XXI con un ecosistema y tecnología del siglo XXI”, señaló.

Asimismo, destacó la importancia de unificar criterios y fortalecer la colaboración entre los distintos organismos del Estado para enfrentar las nuevas modalidades delictivas.

Desde el Servicio de Impuestos Internos, Bárbara Olivares explicó que uno de los desafíos de la fiscalización es la disponibilidad de información en tiempo oportuno, debido a que determinados antecedentes tributarios se reciben con desfase. En ese sentido, destacó los avances que ha permitido la facturación electrónica para identificar operaciones y mejorar las capacidades de fiscalización.

En tanto, Cecilia Valdés planteó que el problema no es únicamente la disponibilidad de datos, sino la capacidad de gestionarlos y transformarlos en acciones coordinadas.

“Se necesita mucha gestión, mucha inteligencia de parte del Estado, mucha coordinación, y a veces estamos llegando tarde”, afirmó.

Colaboración público-privada y protección de datos

El seminario continuó con un segundo panel dedicado a los desafíos de la prevención del delito, el uso de información, la seguridad privada y las nuevas regulaciones.

La conversación contó con la participación de Juan Ignacio Piña, exministro y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, y Romina Garrido, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

En su intervención, Piña destacó la evolución hacia modelos de colaboración público-privada y la necesidad de aprovechar la experiencia de distintos actores para fortalecer las capacidades institucionales.

“Podemos ver en Chile el proceso de pasar de la fiscalización y el control a la colaboración público-privada, y, en este momento, las necesidades de integración de custodia de la información y de esa colaboración público-privada, es precisamente la que nos está abriendo puertas que antes eran impensadas”, sostuvo.

A través de este encuentro, la Escuela de Gobierno UAI promovió un espacio de diálogo entre autoridades, especialistas y representantes del sector privado sobre uno de los desafíos centrales de la modernización del Estado: desarrollar mejores capacidades para utilizar la información disponible, fortalecer la coordinación institucional y contribuir a la seguridad pública, resguardando los derechos de las personas.