Autoridades llaman a fortalecer colaboración público-privada ante crisis de seguridad

Analizar las causas de la crisis de seguridad que enfrenta el país y las estrategias para reducir la creciente percepción de inseguridad fue el eje central del seminario “La Brecha del Miedo”, realizado por ALTO Chile y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), con el apoyo de Sensormatic.

El encuentro se inició con la intervención del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien abordó las raíces de la brecha entre la evidencia y la percepción de la delincuencia, atribuyéndola a una “crisis de confianza y comunicación”.

“El origen de la brecha no está solo en la cantidad de delitos que se cometen, sino en cómo esos delitos son percibidos, relatados y amplificados. La brecha entre percepción y evidencia no se debe únicamente a un problema comunicacional, sino también a una crisis de confianza”, afirmó.

Valencia agregó que “cuando las personas dejan de confiar en que las instituciones pueden protegerlas, buscan respuestas en la desinformación y en soluciones simplistas”, por lo que reducir la brecha del miedo —dijo— “no es solo un desafío comunicacional, sino también institucional, ético y político”.

Por su parte, la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración público-privada para abordar de manera más efectiva los desafíos de seguridad.

“La cooperación entre el Estado y el sector privado no es una opción, sino una necesidad estratégica. Los complejos desafíos de seguridad de hoy son imposibles de abordar desde un único sector”, sostuvo.

Leitao explicó además que la Ley de Seguridad Privada, que comenzará a regir el próximo 28 de noviembre, busca establecer un nuevo marco regulatorio que eleve los estándares del sector y potencie su rol como complemento profesional y regulado al trabajo del Estado. También relevó los datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad (ENUSC) 2024, que reveló que la percepción de inseguridad a nivel nacional alcanzó un 87,7%, subrayando la urgencia de recuperar la confianza ciudadana.

Tras las exposiciones de ambas autoridades, un panel de expertos integrado por el abogado Francisco Cox (BCP Abogados), el sociólogo Aldo Mascareño (Centro de Estudios Públicos) y el periodista Ascanio Cavallo, analizó las causas de la percepción de inseguridad y coincidió en la necesidad de fortalecer la información y la investigación.

Cavallo planteó que el desafío es “lograr que la ciudadanía reduzca su percepción del miedo a través de una mejor calidad de información”. Cox, en tanto, advirtió sobre “la burocratización de la investigación” y llamó a promover una acción “más proactiva”. Mascareño, por su parte, señaló que “es un error subestimar la percepción de inseguridad como si no fuera real; no se resuelve solo con comunicación, sino con estrategias concretas de acción”.

En un segundo panel de conversación, moderado por el fundador y CEO de ALTO Chile, Jorge Nazer, participaron el ex senador Felipe Harboe, la gerenta legal y de seguridad corporativa de Walmart Chile, Ximena Santibáñez, y la jefa de la División de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Natalia Silva. Los panelistas coincidieron en que el uso y análisis de datos es un componente esencial para diseñar políticas efectivas en materia de seguridad.

Harboe sostuvo que “sin data no hay resultados objetivos ni evaluación, que es el principal déficit que tenemos hoy”. En tanto, Nazer destacó la experiencia de ALTO en el uso de tecnología para anticiparse, perseguir y disuadir el delito.

“Llevamos 20 años utilizando herramientas de análisis de datos para detectar patrones de conducta delictiva y fortalecer la cooperación con el Ministerio Público y las policías. El desafío ahora es consolidar este modelo de colaboración público-privada como política de Estado”, subrayó.

Finalmente, Ximena Santibáñez relató las medidas implementadas por Walmart Chile para reforzar su seguridad desde el estallido social, incluyendo una inversión de US$43 millones durante 2024.

“Cada mes perdemos cerca de $540 millones solo en robo de carros de supermercado, por tanto, la seguridad se ha convertido en una variable que condiciona las decisiones de inversión”, recalcó.