Veronika Wegner analiza contratos que pueden limitar la autonomía de personas mayores en residencias

¿Puede una persona mayor perder, en la práctica, la posibilidad de decidir sobre su propia vida al ingresar a una residencia, incluso cuando conserva plenamente su capacidad jurídica? Esta es una de las preguntas que aborda Veronika Wegner, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, en una investigación que examina cómo ciertas cláusulas de los contratos de ingreso a residencias para personas mayores pueden restringir su autonomía y afectar el ejercicio de sus derechos.

El artículo, titulado "¿Autonomía o paternalismo? Tensiones en la toma de decisiones sanitarias de adultos mayores en Chile", fue publicado en el primer volumen de Tarapacá Law Journal, revista académica de acceso abierto editada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá. El estudio se centra en las prácticas contractuales utilizadas en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), especialmente en la exigencia de incorporar a un tercero como "apoderado" y las facultades que se le otorgan sobre decisiones que afectan directamente la vida de los residentes.

Para desarrollar la investigación, Wegner analizó modelos de contratos de ingreso a estas residencias disponibles públicamente, junto con la legislación chilena, los tratados internacionales aplicables y la doctrina jurídica sobre capacidad, consentimiento informado y derechos de las personas mayores. Su análisis identifica cláusulas que exigen la intervención de un apoderado incluso cuando el residente puede expresar válidamente su voluntad, lo que plantea interrogantes sobre el respeto efectivo de su autonomía y la compatibilidad de estas prácticas con el ordenamiento jurídico.

El rol de los apoderados y los derechos de las personas mayores

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que la exigencia de un apoderado puede operar como una "curatela de hecho", al permitir que un tercero intervenga en decisiones personales del residente sin que exista necesariamente una justificación jurídica para desplazar su voluntad. Entre las estipulaciones examinadas se encuentran aquellas que impiden a la persona mayor firmar documentos con efectos jurídicos sin el consentimiento previo de su apoderado, así como disposiciones que permiten al establecimiento exigir su reemplazo o designar a otra persona en esa función.

Para Wegner, estas prácticas reflejan una tensión entre el reconocimiento formal de los derechos de las personas mayores y las condiciones en que efectivamente pueden ejercerlos. La investigación sostiene que presumir una menor capacidad de decisión por razones de edad, o sustituir la voluntad de una persona bajo una lógica de protección, puede constituir una forma de infantilización y despersonalización. Estas conductas pueden representar manifestaciones de violencia y discriminación que pasan inadvertidas precisamente porque se presentan como medidas destinadas a resguardar el bienestar de los residentes.

El artículo examina estas situaciones a la luz de las normas chilenas sobre capacidad jurídica y consentimiento informado, así como de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce su derecho a la autonomía, la independencia y la toma de decisiones. En este contexto, la autora plantea la necesidad de avanzar desde modelos paternalistas hacia mecanismos de apoyo que permitan a las personas mayores comprender, deliberar y expresar sus propias decisiones, sin sustituir injustificadamente su voluntad.

La investigación concluye que garantizar la autonomía de las personas mayores exige algo más que el reconocimiento de sus derechos en la legislación. También requiere revisar las prácticas institucionales y contractuales que pueden restringirlos y promover una cultura del cuidado que reconozca a cada persona como sujeto de derechos, con necesidades, preferencias y decisiones propias.