Profesor Ricardo Lillo integra comisión asesora para la reforma procesal civil

Derecho | Publicado el 13 de octubre de 2026

Profesor Ricardo Lillo integra comisión asesora para la reforma procesal civil

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ricardo Lillo, fue convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para integrar una comisión asesora que contribuirá al proceso de reforma del Código Procesal Civil, cuyo proyecto de ley se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

La convocatoria contempla dos instancias de trabajo. Por una parte, un comité consultivo integrado por cinco expertos, que tendrá como objetivo asesorar al Ministerio en la revisión integral y actualización del proyecto de ley, así como durante su tramitación legislativa. Por otra, una comisión asesora de diez académicos, encargada de revisar y elaborar propuestas sobre materias que quedaron pendientes durante el primer trámite constitucional.

Entre los temas que abordará esta última instancia se encuentran la regulación de un nuevo procedimiento ejecutivo, el recurso de casación, la mediación judicial, los procedimientos sumarios, la adecuación a la ley de tramitación electrónica y la incorporación de nuevas tecnologías al proceso civil.

La comisión asesora está integrada por Nicolás Frías (Pontificia Universidad Católica de Chile), Matías Insunza (Universidad de Chile), Orlando Poblete (Universidad de los Andes), Jaime Carrasco (Universidad del Desarrollo), Sophia Romero (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Andrés Bordalí (Universidad Austral de Chile), Ricardo Lillo (Universidad Adolfo Ibáñez), Pedro Rencoret (Pontificia Universidad Católica de Chile), María de los Ángeles González (Universidad de Chile) y Gonzalo Cortez (Universidad de Concepción).

Ricardo Lillo es doctor en Derecho y director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas UAI. Su trayectoria académica e investigativa se ha concentrado en el derecho procesal, las reformas judiciales, el acceso a la justicia civil y el impacto de las tecnologías en el funcionamiento del sistema de justicia.