Pablo Saavedra: una trayectoria entre la justicia, la escucha y la formación de abogados

Cuando Pablo Saavedra salió de Chile, en abril de 1995, el plan era cursar una maestría de un año en la Universidad de Notre Dame y regresar. Sin embargo, esos estudios le abrieron la posibilidad de realizar una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, entre cuyas funciones está recibir y examinar denuncias por violaciones a los derechos humanos. Después volvió a Notre Dame para iniciar un proyecto doctoral sobre cómo repensar el sistema interamericano de DD.HH., pero la Comisión lo convocó como consultor y luego le ofreció un puesto permanente para trabajar en casos contenciosos, el seguimiento de países y asuntos vinculados con libertad de expresión y migración. Ante esa oportunidad, consultó a su profesor guía. Recuerda su consejo: "Lo que piensas hacer en el doctorado trata de llevarlo a la práctica desde adentro de la institución del sistema interamericano".

Trabajó en la Comisión entre 1997 y 2001, cuando fue invitado a incorporarse como secretario adjunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica. Este tribunal es el órgano judicial del sistema y resuelve los casos que, entre otros actores habilitados, puede presentar la Comisión para determinar la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos. En 2004 asumió como secretario de la Corte, cargo que ejerció hasta marzo de 2026. En esta nueva etapa, dedica media jornada a la UAI y media jornada al estudio Schenke Brancoli Abogados, al que se incorporó para litigar con estándares internacionales en distintas causas.

Al elegir una universidad a la cual incorporarse, pesó especialmente el modelo educativo de la Universidad, único en Chile, "la educación integral que entregan a los estudiantes a través del programa de Artes Liberales, junto con la flexibilidad de la UAI para emprender proyectos". También hay una motivación personal: recuerda que sus profesores en la Universidad de Notre Dame cambiaron su perspectiva de la enseñanza. Hoy espera hacer algo semejante con las nuevas generaciones, acercándolas al derecho internacional de los derechos humanos y a su presencia en ámbitos tan distintos como la salud, el trabajo, la propiedad o la libertad de expresión.

Repensar el sistema desde dentro

Al frente de la Secretaría durante 22 años, fue responsable del funcionamiento jurídico y administrativo del tribunal, además de las relaciones institucionales y la búsqueda de financiamiento mediante cooperación internacional. El balance de su paso por la Corte da cuenta de la dimensión de esa trayectoria: estuvo presente en el 86% de todas las sentencias emitidas por el tribunal, el 98% de sus resoluciones de supervisión y más del 50% de sus opiniones consultivas. Su labor incluía diseñar la estrategia de crecimiento de la institución y resolver las necesidades cotidianas que permitían sostenerla, "desde la sentencia hasta cómo pagar los salarios", cuenta.

Una Corte de toga y mochila

Al preparar su salida de la Corte, Saavedra volvió a encontrar su tesis doctoral y una pregunta que había acompañado toda su gestión: cómo acercar la justicia interamericana a la gente. Una de las iniciativas que impulsó fue llevar al tribunal fuera de su sede. En 2005 sesionó por primera vez fuera de San José, en Paraguay, y desde entonces, según recuerda, se han realizado más de 40 períodos de sesiones en otros países. A ello se sumó el fortalecimiento de la supervisión del cumplimiento de las sentencias, con audiencias y visitas a comunidades indígenas, localidades rurales, hospitales, entre otros, para conocer en terreno cómo se estaban implementando las medidas ordenadas. Es lo que resume en la imagen de "una corte de toga y mochila": la solemnidad del tribunal junto con la disposición a conocer directamente las realidades sobre las que debe pronunciarse.

"Por eso me fui a la Corte, para cambiar el concepto de acceso a la justicia, teníamos que ser cercanos. También es una corte que escucha. Prácticamente todos los casos tienen audiencia y se escuchan a las víctimas", afirma. Para Saavedra, ese encuentro permite comprender tanto el dolor humano como la capacidad de las personas para sostener su búsqueda de justicia. Recuerda a quienes llegan con toda la solemnidad de comparecer ante un tribunal y dicen: "Han pasado 30 años y nunca me ha escuchado un juez". Que finalmente puedan relatar lo vivido ante quienes deben resolver su caso es, a su juicio, una parte fundamental del trabajo de la Corte.

Entre las experiencias que más lo marcaron están los casos de personas desaparecidas, cuyas familias siguen preguntándose dónde están sus seres queridos y viven lo que describe como "un duelo permanente". También recuerda las visitas a comunidades indígenas de la Amazonía profunda y a comunidades mayas, donde pudo conocer sus condiciones de vida y sus problemáticas. "Cada caso es muestra de la resiliencia humana", señala, al evocar a militares, guerrilleros, jueces, políticos y empresarios que han llegado al tribunal cuando sus Estados no han sido capaces de resolver sus demandas. Saavedra calcula haber escuchado el 90% de todas las declaraciones rendidas en la historia de la Corte, una experiencia que considera un privilegio. "He estado ahí y es un poco la reconstrucción de la historia de América", dice.

Los derechos humanos como la casa de todos

Esa diversidad de experiencias está detrás de una de las ideas que quiere transmitir en las aulas. A su juicio, en Chile y otros países de la región los derechos humanos siguen estigmatizados: se los asocia con ciertas posiciones políticas y casi exclusivamente con las graves violaciones cometidas durante las dictaduras. "Los derechos humanos no tienen una casa, son la casa de todos, derechas, izquierdas, centro y permean todas las áreas del derecho", sostiene. Lo ha visto en asuntos relacionados con pensiones, propiedad, salud, medio ambiente, violencia contra las mujeres y libertad de expresión, y también en las críticas que el tribunal recibe desde distintos sectores del espectro político.

Los casos chilenos que han llegado a esa instancia permiten dimensionar ese alcance. Saavedra recuerda el de "La última tentación de Cristo" (2001), en el que la Corte determinó que la prohibición de exhibir la película de Martin Scorsese vulneraba la libertad de pensamiento y de expresión. El fallo llevó a Chile a reformar su Constitución para eliminar la censura previa cinematográfica. En Claude Reyes y otros vs Chile (2006), la negativa estatal a entregar información sobre un polémico proyecto forestal dio lugar a una sentencia que reconoció el acceso a la información pública como un derecho protegido por la Convención Americana. Fue un antecedente relevante en el desarrollo de la Ley y el Consejo para la Transparencia en el país.

También menciona Atala Riffo y niñas vs Chile (2012), que declaró la responsabilidad del Estado por la discriminación sufrida por la jueza Karen Atala en el proceso judicial que le quitó la custodia de sus hijas de manera arbitraria debido a su orientación sexual. La sentencia estableció que esta no podía justificar un trato discriminatorio y reforzó la protección de la vida privada y familiar. Otro caso que destaca es Maldonado Vargas y otros vs Chile (2015), referido a militares de la Fuerza Aérea que fueron torturados y condenados por consejos de guerra durante la dictadura, y que posteriormente no pudieron obtener la revisión de sus condenas. El fallo abrió paso a su revisión y anulación por parte de la Corte Suprema.

A esos ámbitos se suman desarrollos como las opiniones consultivas de 2025 sobre el derecho al cuidado y la emergencia climática. Al hablar del cuidado, destaca la necesidad de reconocer una labor que sostiene a la sociedad y que históricamente ha recaído en las mujeres: "Es un trabajo no remunerado y es un rol esencial para la sociedad. Y eso hay que reconocerlo". Para Saavedra, esta discusión amplía la manera de entender la responsabilidad del Estado frente a las necesidades de las personas durante su vida, desde la infancia hasta la enfermedad y la vejez.

Reparar y hacer cumplir las sentencias

El caso Poblete Vilches y otros (2018), que también menciona, muestra la relación entre la protección de derechos y la atención de salud. La Corte declaró la responsabilidad de Chile por no brindar atención adecuada y oportuna a una persona mayor, vulnerando sus derechos a la salud, la vida y la integridad personal. Para Saavedra, la respuesta a estas vulneraciones debe considerar las distintas consecuencias que tienen en la vida de las personas: "El gran concepto que hemos creado es el de reparación integral", señala. Explica que las medidas pueden incluir, además de indemnizaciones, iniciativas de memoria, prestaciones de salud y becas de estudio, entre otras, atendiendo a las necesidades de las víctimas y sus familias.

Esa concepción enfrenta una dificultad que reconoce abiertamente: conseguir que lo resuelto se cumpla. Aunque los Estados están obligados a acatar las sentencias, advierte que su ejecución depende en gran medida de la buena fe y de las condiciones políticas de cada país. "Esa es la debilidad de todo el sistema internacional", dice. De ahí la importancia que atribuye al seguimiento de los fallos y al contacto directo con quienes esperan sus efectos. Incluso cuando una sentencia resulta incómoda para un gobierno, sostiene que su sentido debe entenderse desde el aporte que puede hacer a sus instituciones: "Yo veo que cada condena lo que hace en el fondo es fortalecer el estado de derecho en los países".

Esa experiencia es la que ahora quiere compartir desde la UAI. La docencia ha acompañado su trayectoria internacional: desde 2012 está vinculado a American University y ha impartido cursos en México, España y Colombia. El regreso a Chile, sin embargo, le da un sentido particular a esta etapa, en la que espera contribuir a la formación de los futuros abogados UAI con la perspectiva que le dejaron décadas de trabajo en el sistema interamericano. "Esta es la primera vez que asumo el compromiso de volver a mi país y formar las generaciones futuras", afirma.