Gobierno y expertos analizaron la reforma que modifica el sistema de nombramiento de jueces

Con la participación del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se realizó en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) el panel de conversación “Hacia un nuevo modelo de nombramiento en el Poder Judicial: desafíos y perspectivas”, organizado por el Diario Financiero y la UAI en conjunto con los estudios jurídicos Recabarren & Asociados y García Nadal. La actividad se realizó a pocos días de que el Gobierno ingresara a la Cámara de Diputados la reforma constitucional que modifica el sistema de nombramientos en el Poder Judicial, la cual contempla la creación del Consejo de Nombramientos de Jueces. En el encuentro, moderado por la subdirectora del Diario Financiero, Paula Vargas, se debatió junto a la decana de la Facultad de Derecho de la UAI, Isabel Aninat, y el exministro de Justicia, Hernán Larraín; quienes analizaron la iniciativa y las expectativas del avance del proyecto de ley en el Congreso. Al inicio de la conversación Jaime Gajardo sostuvo que el Gobierno está impulsando el proyecto y que hay una voluntad de modificar la Constitución. “Ojalá esta reforma constitucional se concrete y pueda empezar a funcionar un sistema de nombramientos diferente. Llevamos más de 30 años donde distintos gobiernos han presentado propuestas”.
La propuesta, según el titular de Justicia, tiene tres objetivos estratégicos: separar la función de jurisdicción de la administrativa y de la función de nombrar jueces; generar un sistema de nombramiento de los jueces que considere la concursabilidad y el mérito como elemento central; y reforzar todo lo que tiene que ver con la probidad y lo disciplinario de la función jurisdiccional. Para ello –puntualizó- “hay que crear un Consejo de Nombramiento integrado principalmente por miembros del poder judicial”. Este órgano incluiría un integrante de la Corte Suprema, uno de la Corte de Apelaciones, un juez, un representante del Consejo de Rectores y uno designado por el Presidente de la República. La autoridad reconoció que el Gobierno aspira a tener esta reforma constitucional durante esta administración.
Por su parte Isabel Aninat valoró que se haya presentado este proyecto y que se logre discutir. “Hasta que no llega la crisis no hay reformas extensivas. Esta oportunidad es un momento crucial para pensar sobre estos temas”, dijo. Destacó que el texto tenga objetivos claros y contemple una “economía institucional” al aprovechar estructuras que ya existen como, por ejemplo, el rol de las fiscalías judiciales. Planteó que, dado el rol que el proyecto busca darle a la Fiscalía Judicial, “reforzar su sistema de nombramiento y, sobre todo, su sistema de remoción debe ser un foco de atención”. 

Para Hernán Larraín si bien esta reforma permitirá avanzar, puntualizó que la mirada que ha puesto este proyecto se circunscribe a lo no jurisdiccional, por lo que instó a fortalecer lo jurisdiccional. Respecto a lo no jurisdiccional, describió que se plantean dos órganos -el de nombramientos y el de gestión y administración- y una función disciplinaria, lo que va en la dirección correcta. Pero en esta estructura -dijo- “echo de menos otro órgano, que es la Academia Judicial”.
Un punto clave es el sistema de nombramiento. Larraín respaldó que se privilegie la concursabilidad y el mérito, pero apuntó a la integración: “No queremos que los ministros de la Corte Suprema se dediquen a nombrar jueces, ni los de la Corte de Apelaciones”. Y alertó como un eje de cara al debate en el Congreso, la relevancia de que “esta comisión de nombramiento sea resolutiva en todo lo que dice relación a ministros de corte de apelaciones, jueces y el escalafón primario”.

Expectativas 

Durante la conversación el ministro Gajardo aseguró que hay bastante consenso de la necesidad de una reforma de este tipo. “Tengo plena confianza de que vamos a poder avanzar y podemos concretar eventualmente esta reforma”, dijo. Y aclaró: “Si estamos de acuerdo más menos en los objetivos generales, en aquellos aspectos que deben separarse; las funciones que se deben completar; todo el resto de la discusión lo podemos dejar perfectamente a la ley que lo regule”. En este contexto, la decana de Derecho UAI destacó el rol de la academia en esta discusión y su disposición a ser activos partícipes de ella, pero agregó que “el principal desafío es que el Congreso proceda a legislar”.