Derecho UAI coorganizó III Encuentro de Litigio Estratégico en Movilidad Humana
Derecho | Publicado el 23 de octubre de 2026

La Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez participó en la organización del III Encuentro de Litigio Estratégico en Movilidad Humana, realizado el miércoles 21 de octubre en la Universidad Diego Portales (UDP). La actividad reunió a más de 50 abogadas y abogados de clínicas jurídicas universitarias, Corporaciones de Asistencia Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y estudios jurídicos, con el propósito de intercambiar experiencias y analizar los desafíos del acceso a la justicia de personas migrantes y refugiadas en Chile. En la jornada también participó Alejandra Abufhele, académica de la Escuela de Gobierno UAI e investigadora principal del Núcleo Milenio MIGRA.
El encuentro fue organizado por las facultades de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado, junto al Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), en el marco del Boletín de Jurisprudencia de Derecho Migratorio, iniciativa conjunta que promueve el intercambio de jurisprudencia, estrategias de litigación y buenas prácticas en la defensa de derechos fundamentales. La jornada contó también con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Criminalización de la migración y control fronterizo
Una de las exposiciones principales estuvo a cargo de Mayra Feddersen, directora de Docencia de la Facultad de Derecho UAI e investigadora del Núcleo Milenio MIGRA, quien presentó "¿Criminalización de la migración en el control de frontera? Discrecionalidad policial y el futuro de la no criminalización en Chile". A partir de una investigación desarrollada junto a Carla Sepúlveda y Felipe Águila, que contempló 50 entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y trabajo de campo en el Aeropuerto de Santiago y el paso fronterizo de Colchane, Feddersen examinó cómo se aplica en la práctica el principio de no criminalización de la migración establecido en la Ley 21.325.
La académica identificó tres formas de discrecionalidad en el control fronterizo: el "burocratismo descriminalizador", el "paternalismo benevolente" y el "escepticismo sesgado". Los hallazgos muestran que, pese a la existencia de un marco legal que reconoce la no criminalización, las decisiones cotidianas pueden generar diferencias de trato asociadas a la nacionalidad de las personas. "La criminalización no desaparece: se desplaza hacia prácticas discrecionales acotadas, organizadas en torno a estereotipos nacionales", planteó Feddersen en su presentación. Entre las implicancias para el litigio estratégico, destacó la importancia de exigir registros y fundamentos de las decisiones adoptadas en frontera, así como de identificar patrones de trato diferenciado que puedan afectar el ejercicio de derechos.
Experiencias de litigación y acceso a la justicia
La jornada también contó con la exposición de Pablo Ceriani, especialista en derechos humanos y migración y exintegrante del Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios, quien abordó las directrices de Naciones Unidas para erradicar la xenofobia y las oportunidades que ofrecen para el litigio estratégico. Asimismo, se desarrollaron mesas de trabajo dedicadas al análisis de casos y experiencias de litigación en materias como la protección de niños, niñas y adolescentes, regularización migratoria, refugio, crimigración, expulsiones con perspectiva de género y actuaciones arbitrarias en frontera. Estas instancias permitieron compartir argumentos jurídicos, revisar criterios jurisprudenciales y discutir estrategias para enfrentar las dificultades que encuentran las personas migrantes y refugiadas al intentar ejercer sus derechos.
En su tercera versión, el encuentro dio continuidad al trabajo colaborativo impulsado a través del Boletín de Jurisprudencia de Derecho Migratorio, fortaleciendo el intercambio entre universidades, instituciones públicas y organizaciones que trabajan en esta materia. La iniciativa busca contribuir a una mejor comprensión y aplicación del derecho migratorio, promoviendo el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales, así como la construcción de una comunidad de litigantes que pueda compartir experiencias, sentencias y estrategias para abordar los desafíos jurídicos asociados a la movilidad humana.