Es muy posible que la primera noticia educacional del año 2021 sea que la nueva Prueba de Transición no redujo las brechas por nivel socioeconómico en el acceso a la educación superior. No debería sorprendernos. Si bien las nuevas pruebas apuntan en la dirección correcta, en términos de reducir el peso del origen socioeconómico en los desempeños de los estudiantes, no pueden hacer milagros. Más todavía en un año donde seguramente la preparación estuvo positivamente correlacionada con el ingreso de los hogares de los postulantes. En todo caso, el esfuerzo que se pone en tratar de suprimir una prueba de estas características es un nuevo intento de tapar el sol con un dedo. Tenemos evidencia contundente de que las brechas por nivel socioeconómico aparecen tan temprano como a los cinco años sino antes. Evitarlas requiere de otras acciones. Por cierto, se pueden suprimir estas pruebas y elegir a los estudiantes aleatoriamente o solo en función de sus notas o rankings, pero ello solo retrasará la selección con grandes costos para las familias, el Estado y las instituciones de educación superior.

Después de años de reforma que no parecen haber producido impactos positivos en la educación chilena, sino más bien retrocesos como sugieren los resultados recientes del TIMSS (salvo en matemáticas de 8° básico, pero desde un nivel muy bajo) y antes de la prueba PISA, se requiere repensar las estrategias educacionales de los próximos años, en especial después de las devastadoras consecuencias de la crisis sanitaria. Seguramente, durante 2021 seguirá habiendo un tira y afloja en la vuelta a las clases escolares, sobre todo en el primer semestre. Es una lástima, porque después de las abrumadoras evidencias que apuntan al negativo impacto de los aprendizajes y lo poco que contagian y se contagian los escolares, sobre todos los menores de 13 años, podría haberse observado un mayor esfuerzo compartido para maximizar, tomando todos los resguardos necesarios, las oportunidades de aprendizaje. Por cierto, los riesgos no se eliminan del todo, pero de la experiencia de otras naciones queda claro que los beneficios superan largamente los costos. Entonces, un objetivo al que no se puede renunciar es alcanzar un compromiso para retomar clases presenciales, más todavía si el proceso de vacunación avanza a un buen ritmo.

En todo caso, la educación va a requerir de una estrategia de corto plazo y otra de largo. Respecto de la primera, es indispensable nivelar y corregir aquellas brechas de aprendizaje fundamentales. El currículo se adaptó para estos propósitos en un excelente trabajo conjunto del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Ahí está la base para una estrategia de reforzamiento y de nivelación. En cualquier caso, se requiere un seguimiento de estas cohortes de estudiantes. Experiencias históricas sugieren que períodos como este tienen también impactos negativos en el logro educativo promedio de la población pudiendo reducirse en el equivalente de hasta 1,5 años académicos. El impacto de esta posibilidad en el stock de capital humano y en la productividad puede ser relevante.

La estrategia de largo plazo requiere asegurar una experiencia educativa satisfactoria para los niños más pequeños. Es lamentable que no se haya avanzado en asegurar un financiamiento estable para la educación inicial y, además, las condiciones salariales y de formación inicial de las educadoras, para tener una alta calidad en este nivel. El déficit estimado de 22 por ciento en el número de educadoras augura pocas posibilidades de cerrar las brechas que se denuncian al final del proceso educativo una vez que no hay acciones remediales que ejecutar. Esta estrategia tiene que ir acompañada de un apoyo integral a los hogares más vulnerables. Muchos niños viven en sus hogares situaciones de estrés que afectan negativamente sus desarrollos cognitivos y socioemocionales. Esta realidad está a la base de las brechas por nivel socioeconómico que se notan a temprana edad.

Por cierto, el esfuerzo tiene que continuar en educación escolar en al menos tres frentes. La carrera docente tiene un costo estimado de 2 mil 700 millones de dólares y tiene que ser monitoreada cuidadosamente para asegurar que estos recursos rindan los frutos esperados. La poca vinculación entre los aumentos de los salarios a los que pueden acceder los docentes y los aprendizajes de los estudiantes es un factor de riesgo para los propósitos buscados y también para atraer personas con vocación docente que quieren poner el foco en esos aprendizajes. Un segundo frente tiene que ser la evaluación de los impactos de la reorganización de la educación estatal. La Ley que instaló la desmunicipalización estableció para 2021 una pausa en este proceso y su revisión. La reforma tiene innumerables complejidades burocráticas y privilegió una institucionalidad poco apropiada para asegurar la mejora continua. Las transformaciones que han ocurrido parecen estar lejos de generar una dinámica provechosa. El último aspecto dice relación con la necesidad de reconstruir un sistema educacional que equilibre adecuadamente autonomía y control. Aquí parece haber estado la clave de los avances que exhibió la educación chilena hasta aproximadamente 2012-3. Luego este enfoque se diluyó. Se instaló un sistema de monitoreo muy burocrático y con escasa autonomía y donde los indicadores de desempeño se han oscurecido impidiendo a las comunidades ejercer un control más directo. Un reflejo de ello es la pérdida de relevancia de los resultados del SIMCE.

En educación superior los desafíos son diversos. Desde luego, la nueva Ley de Educación Superior ha comenzado a dejarse sentir y la evaluación no es positiva. Hay que monitorear sus efectos y enmendar de ser necesario. Hay acuerdo, sin embargo, que no orienta mayormente al sistema de educación superior. Algunos piensan que la pandemia podría detener y revertir el proceso de globalización que hemos vivido, pero en educación superior probablemente lo reforzará. Las grandes universidades del mundo podrán ofrecer programas de educación ejecutiva a costos muy competitivos y con tecnologías de última generación que seguramente impactarán el mercado nacional. Enfrentar este desafío es una gran tarea para las instituciones de educación superior nacionales.

En educación de pregrado la obligación de entregar títulos profesionales protege a estas instituciones de la competencia global, pero ciertamente la formación muy especializada que las caracteriza no da cuenta de las habilidades que se requieren para enfrentar el mundo de cambios vertiginosos que estamos viviendo. En ese sentido es bueno recordar las palabras del conocido entomólogo E.O. Wilson que en su libro Consilience escribía “Estamos inundados de información, pero hambrientos de sabiduría. El mundo será, por tanto, liderado por sintetizadores, personas capaces de reunir la información correcta en el momento correcto, pensar críticamente sobre ella y tomar decisiones importantes sabiamente”. No es el camino, salvo excepciones, que están siguiendo las instituciones de educación superior en Chile. No es extraño, entonces, que en las pruebas de adultos que realiza la OECD, precisamente en habilidades de procesamiento de información, nuestros profesionales universitarios salgan tan mal parados, incluso por debajo de las que muestran quienes solo tienen educación secundaria en la gran mayoría de los países de esa organización. Así, la innovación productiva que se le pide al país es difícil de lograr.

Publicado en El Líbero.

Harald Beyer