En Chile, miles de niños, niñas y adolescentes crecen en entornos marcados por una violencia que no cede. Pese a los avances legislativos entorno a la protección de Derechos por las infancias, las cifras nos siguen mostrando una realidad  abrumadora. 

La 2ª Encuesta Nacional de Polivictimización (2023) es contundente: un 67% de niños, niñas y adolescentes fue víctima de algún tipo de violencia solo en el último año, y esto no se trata de casos aislados, sino de un patrón sostenido de vulneraciones. En el año 2024, 51 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados (DFN, 2025),  a esto se suman más de 2.000 víctimas de explotación sexual y cerca de 50.000 denuncias anuales por abuso sexual infantil. El 70% de las víctimas son menores de edad (Fiscalía Nacional, 2024), siendo el género femenino el más afectado por la victimización sexual: una de cada cuatro mujeres señala haber sufrido algún tipo de abuso físico, psicológico y/o sexual por parte de su pareja antes de cumplir los 19 años (ONU, 2024).

Estas cifras no son solo números, ni tampoco un fenómeno accidental, sino que son el reflejo de una infancia que, para demasiados niños y niñas, no es sinónimo de juego ni protección, sino de miedo, desamparo y sobrevivencia. Son el síntoma de un país que, en demasiadas ocasiones, llega tarde o no llega nunca, y por ende, es un problema que nos debiera interpelar a todos, desde el Estado hasta cada comunidad. 

Sin embargo, en nuestro país, el cuidado infantil sigue un modelo familiarista y sigue recayendo casi exclusivamente en las mujeres. En un  95,8% de los hogares, la madre es la principal cuidadora y aunque existan un segundo cuidador principal (corresponsabilidad), tres de cada cuatro personas declaran no contar con apoyo (ELPI, 2017). Se mantiene así una lógica de cuidado individual, feminizada e invisibilizada, que reproduce desigualdad y sobrecarga, donde paradojalmente se termina responsabilizando a quiénes cuidan con reacciones moralizantes o punitivas. 

Pero desde la psicología clínica-social, se entiende que el problema de la violencia no está solo en las conductas individuales, sino principalmente en la desprotección e inequidad estructural. La violencia contra la niñez no es inevitable, se puede prevenir. Pero solo si asumimos, como sociedad, que proteger a la infancia no es un gesto simbólico ni una tarea familiar sino es una responsabilidad ética que no puede seguir esperando. Requiere una inversión sostenida, con políticas con perspectiva de género e interseccionalidad, y una ética del cuidado que articule comunidad, territorio y Estado. 

No basta con contabilizar casos; necesitamos transformar condiciones. La infancia no necesita caridad, necesita justicia que pueda ser construida desde una responsabilidad colectiva del cuidado.