Desde la crónica política, el gobierno de Kast no está en un mal lugar: retiene un 40% de apoyo pese a magras cifras económicas, ya aprobó su “mega” reforma tributaria contra casi toda la oposición, y en la reforma de seguridad que viene jugará de local ante un país sediento de mano dura. Pero una cosa es la posición del gobierno y otra la del proyecto político de la derecha, y poco se ha dicho de cómo estos triunfos arriesgan erosionar principios fundamentales del propio sector.
El caso más notorio ocurrió con la exención de las contribuciones de los mayores de 65 años. Mirado superficialmente, parece política de manual: era una medida popular, concentrada en los habitantes mayores del barrio alto de Santiago, que son el votante más fiel de los partidos de derecha. Pero mirado con detención, las cosas no son tan simples.
Si bien se supone que ningún municipio va a perder un peso, sus condiciones políticas ya no serán las mismas, porque lo que antes era dinero propio ahora lo entrega el gobierno central contra cumplimiento de metas de gestión, y lo que era plata cierta pasó a ser una partida visible, recalculada cada año, que cualquier mayoría futura puede redirigir a otras comunas por medio de una ley simple.
Y esa es la vulnerabilidad más grande del nuevo arreglo: no lo sustenta ninguna intuición moral. El habitante de Lo Espejo podía entender que Las Condes tuviera un gran presupuesto porque lo financiaban las contribuciones de sus propios vecinos. El sistema era desigual pero moralmente inteligible.
Pero al cortar el cordón umbilical entre la recaudación local y el gasto local, no queda manera de explicarle a ese mismo habitante por qué su IVA financia ahora a Las Condes. Cualquier gobierno que quiera cambiarlo va a tener el argumento hecho.
En 1936, el sociólogo Robert Merton advirtió que la “inmediatez imperiosa del interés” termina generando consecuencias contrarias a las buscadas. Acá, una derecha históricamente defensora de la descentralización terminó golpeando la autonomía de los cuerpos intermedios, y dejando a sus propias comunas a merced del próximo que quiera redistribuir.
La reforma constitucional de seguridad que estalló esta semana repite el error, con un estado de excepción que el Presidente podría decretar por sí solo, sin autorización judicial previa, y con cláusulas escritas para dejarlas fuera del alcance de los tribunales.
La derecha construyó su identidad sobre la idea de que al poder hay que atarlo, y fue su argumento contra la Unidad Popular, contra la Convención, contra cada intento de saltarse un contrapeso. Llegó al gobierno desconfiando del poder central, pero en cinco meses ya le entregó la autonomía de los municipios y ahora va por las facultades de los jueces. Ninguna derrota le saldría tan cara.
Publicada en La Segunda.