En estos días acabamos de conocer los detalles de la reforma al Crédito con Aval del Estado (CAE), el cual sería reemplazado por el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES). En el contexto político social, los actores políticos tienen los incentivos políticos de mediano plazo para solucionar la deuda y mejorar la formas de financiamiento. Sin embargo, el proyecto tiene varias falencias, y entre ellas, un punto poco discutido ha sido el de los incentivos académicos que esta propuesta de financiamiento supone. 

En particular, el proyecto entrega financiamiento del 100% del arancel regulado para el estudiante por los años formales de la carrera más uno, lo que parece razonable. No obstante, los problemas aparecen cuando un estudiante se demora en la carrera más de un año extra. Por el segundo año de atraso en el programa, el financiamiento del programa sería por el arancel regulado y deberá venir 50% del FES y 50% de la misma institución de educación superior. Por el tercer año de atraso, el financiamiento deberá venir  50% del estudiante y 50% por parte de la misma institución de educación superior. En otras palabras, las instituciones tendrán que becar por un 50% a los alumnos que se atrasen más de un año y menos de 3 años.

Para tener una base de comparación, la duración formal promedio de un programa profesional con licenciatura es de 10,2 semestres. La duración práctica de dichos programas es de 13 semestres. Esto significa que las universidades tendrían que entregar financiamiento por el 50% de 0.8 semestres. Una comparación similar para un programa técnico profesional sugiere que la institución tendría que generar becas por el 50% por 0.3 semestres. Evidentemente, esto implica un alza importante de los costos para las instituciones.

Sin embargo, lo más peligroso son los incentivos que ponen al funcionamiento académico de las instituciones. Evidentemente, al generar un costo de 50% del arancel por un atraso, las instituciones tenderán a simplemente aprobar estudiantes para evitar su costoso atraso. A modo de ejemplo, en una carrera con arancel de regulado de 4 millones, el costo marginal de reprobar al alumno en un ramo obligatorio semestral es de 1 millón de pesos (50% por un semestre).  De esta forma, se desincentiva fuertemente la misión de las instituciones de educación superior: formar estudiantes y garantizar su aprendizaje. En definitiva, el diseño no es solo un problema financiero, ¡también es un problema académico!

Este proyecto necesita ser modificado para mejorar y tomar en serio los incentivos. De lo contrario, no sólo tendremos un sistema de menor calidad por una reducción de la inversión, sino que también porque castigamos la rigurosidad en la formación académica.

Publicada en La Segunda.