No es una novedad —a estas alturas ya es casi una obviedad— que la regulación del empleo público necesita una modernización profunda. Por eso la conformación de una comisión asesora para reformar el estatuto administrativo es una muy buena noticia.

Hay diagnósticos compartidos sobre la excesiva rigidez y práctica inamovilidad que la regulación impone al personal de planta. Su contracara es la contrata: ingreso sin concurso, contrato que cesa cada 31 de diciembre, sin indemnización ni certeza. La norma la define como transitoria y su espíritu original era dar flexibilidad para funciones acotadas o proyectos específicos. Hoy es la regla, y opera en los hechos como válvula de escape frente a la rigidez de la planta, para labores que de transitorias tienen poco.

En el gobierno central, excluidos los servicios de salud y los servicios locales de educación, según datos de la Dipres a marzo, hay casi tres funcionarios a contrata por cada uno de planta. En los municipios, si bien la proporción es menor, apunta hacia el mismo problema de fondo: contrata corresponda a casi tres cuartos de la planta. Pero el agregado, como casi todo en el mundo municipal, esconde una enorme diversidad: en poco más de un quinto de las comunas la contrata iguala o supera a la planta.

Otro factor en que el que hay un diagnóstico compartido son las calificaciones. Más del 90% de los funcionarios de la administración central obtiene la nota máxima. Un instrumento que distingue a todos no distingue a nadie: impide tomar decisiones basadas en el desempeño, afectando a los incentivos de los mismos funcionarios.

La comisión tiene un desafío enorme, pero no construye en el vacío: hay diagnósticos comunes y varias propuestas sobre la mesa. La pregunta es cuál será, finalmente, su alcance. Es cierto que el gobierno central y los municipios se rigen por normativas distintas, pero muchos de los problemas que los aquejan en empleo público son los similares.

Y hay un antecedente que debiera incomodarnos: la ley de 2003 creó el Servicio Civil y la Alta Dirección Pública para el nivel central, y dejó al mundo municipal fuera. Veintitrés años después, esa brecha sigue abierta.

Los municipios son la cara más visible del Estado ante la ciudadanía y enfrentan demandas crecientes y cada vez más complejas, pero se les pide gestionar todo eso con un estatuto que no les entrega las herramientas adecuadas. Ya en su carta conjunta de agosto, los alcaldes Bellolio y Vodanovic pusieron la reforma al empleo público entre los puntos centrales, y otros alcaldes han insistido en la misma dirección. Sería una verdadera oportunidad perdida dejar a los municipios, nuevamente, fuera de una modernización.