Una rápida revisión de Twitter, Instagram y Facebook nos advertirían que no. Y es que las dinámicas generadas en las redes sociales nos lleva a pensar que estas plataformas están lejos de generar las condiciones para que se produzca un debate profundo, serio y respetuoso. Sin embargo, ante la fuerte crisis de legitimidad de los Congresos, estas plataformas capturan la atención de los ciudadanos. Lo anterior en un contexto en que, previo a la crisis provocada por el COVID-19, los parlamentos de todo el mundo confiaban casi exclusivamente en las interacciones tradicionales, cara a cara, para la deliberación de leyes. Mientras un debate paralelo transcurría en dichas redes comerciales.

En una investigación reciente, publicada por la revista científica Politics, examinamos el potencial democrático de Senador Virtual, una plataforma que por más de 16 años estuvo alojada dentro del sitio web oficial del Senado Chileno y que hoy continúa funcionando bajo el nombre de Congreso Virtual. En este sitio, las personas pueden votar y hacer comentarios sobre proyectos de ley disponibles y que se están debatiendo en diferentes trámites en el Parlamento.

Con entusiasmo descubrimos que la plataforma Senador Virtual daba lugar a cinco posibilidades democráticas (democratic affordances), que no siempre se aprovechan por completo debido a la existencia de restricciones organizacionales o la falta de competencias humanas para sistematizar las contribuciones de la ciudadanía.

Entre estas potencialidades, ya se habían discutido tres en lo que respecta a la literatura del concepto crowdlaw (es decir de creación de ley por la ciudadanía) y participación ciudadana: 1) capturar una variedad de puntos de vista, 2) generar conocimientos que iluminan el proceso de elaboración de leyes, y 3) servir como un dispositivo de comunicación entre ciudadanos y senadores. No obstante, los resultados también arrojaron otras dos potencialidades adicionales que normalmente no se atribuían a estas iniciativas: 4) crear un foro público civilizado, y 5) fomentar el civismo entre los usuarios que se relacionan con él.

Lo que los hallazgos de esta investigación destacan, es que es posible que las personas -mediante la tecnología- puedan participar en cualquiera de las fases del proceso legislativo, siempre y cuando dicha participación se aloje en alguna institución de Gobierno o parlamento. Pero para que estas tecnologías efectivamente alcancen su potencial democratizador, es necesario que se haga un diseño que sea complementario a los mecanismos tradicionales de elaboración de leyes, lo que significa institucionalizar la participación en la plataforma, incorporándola a los diferentes trámites constitucionales de las leyes e incluyendo una metodología de procesamiento de la información que sea confiable. Lográndose ambas condiciones, este facilitador tecnológico producirá resultados realmente democráticos y fomentará debates públicos saludables para contrarrestar las tendencias que las redes comerciales están produciendo en la actualidad.

* Publicada junto a Luis Enrique Santana, profesor de la Escuela de Periodismo y Comunicación, en El Dínamo

Mayra Feddersen