La portabilidad financiera implementada en 2020 es una política pública que busca modificar el comportamiento de los consumidores (personas naturales y micro pequeñas empresas). Y apunta, como nos sugiere la teoría económica, a que mientras más elástica sea la demanda los consumidores obtendrán mejores condiciones.
Si analizamos las estadísticas publicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), podemos ver que, desde diciembre de 2021 a junio de 2024, tres mil clientes aproximadamente han solicitado portabilidad financiera, lo que equivale a 0,05% del público objetivo. Sin duda, una política pública que ha sido escasamente empleada por los clientes. Si estudiamos los resultados de las solicitudes – ya que un cliente puede portarse con más de un producto, por lo cual hay más solicitudes en el proceso- un 2,0% del stock promedio mensual de éstas son aprobadas, más de 6% desistidas, más de un 30% son rechazadas y 50% está pendiente de respuesta. Cifras que no dejan de sorprender.
¿Qué podría explicar esta baja tasa de uso? Desde el punto de vista de la demanda, la teoría microeconómica -que se ha dedicado a estudiar los sesgos y fallas de mercados en el sector financiero- evidencia que la baja elasticidad se explica por distintos motivos, muchos de los cuales tienen en común la falta de información por parte de los consumidores que se explican por creencias sesgadas sobre las condiciones de mercado, desconocimiento de los mecanismos para portarse, altos costos de búsqueda y costos de cambio.
Ahora bien, no basta con que los consumidores intenten portarse para que esto ocurra. Desde el punto de vista de la oferta es relevante analizar cómo la regulación reduce fricciones para facilitar la portabilidad entre competidores y cómo están puestos los incentivos. En este caso en particular, el Sernac denuncia a las instituciones financieras que no entregan los certificados de sus clientes a sus competidores en un plazo de 3 a 5 días, para que se les aplique una multa. El problema es que los tiempos de respuesta del proceso posterior, no están normados ni tampoco la forma en que se recibe la información adicional requerida por las instituciones para evaluar a los consumidores.
Estas cifras evidencian que aún hay desafíos para el Estado en la aplicación de esta política pública, tanto en el deber de informar y visibilizar las potenciales ganancias hacia los consumidores, como desde el punto de vista de la oferta referidos a los plazos de respuesta y a la búsqueda de formas expeditas que permitan la evaluación de los consumidores.
La buena noticia es que no todas son malas noticias. El Estado, tanto a través del sistema de finanzas abiertas como de la Ley de Deuda Consolidada, pueden contribuir sustancialmente a que este tipo de políticas sean más efectivas: facilitando la entrega de información con consentimiento de los clientes que permitan ser evaluados con mayor rapidez y también en el potencial de modelos de negocios de asesorías de finanzas personales o empresariales que les pueden brindar información a los consumidores sobre sus potenciales ganancias en el mercado. Aunque de igual forma, hay que analizar qué cambios se deben realizar para que esta Ley realmente sea de utilidad para los consumidores.
Publicada en el Diario Financiero.