La semana pasada el Banco Central del Paraguay inició la resolución de Ueno Bank, la entidad con más clientes de ese país. Según la Fiscalía, el banco prestó cerca de US$ 200 millones a empresas de su propio grupo, por sobre los límites legales y con garantías insuficientes.
Chile conoce esa historia. Tras la privatización de los setenta, los grupos usaron sus bancos como caja para comprar empresas: hacia 1982, el 21% de los préstamos de los cinco mayores bancos iba a relacionados, y la crisis terminó con la intervención estatal de buena parte del sistema. La lección quedó en la ley: desde 1986, un banco no puede prestar a personas vinculadas en condiciones más favorables que a terceros, y esos créditos tienen un límite estricto. En toda sociedad anónima, además, las operaciones con partes relacionadas deben hacerse en condiciones de mercado y aprobarse sin el voto de los involucrados.
Estas reglas nacieron para proteger a depositantes y minoritarios, pero también benefician la competencia. Sin crédito barato del banco del grupo, sus empresas compiten con el mismo costo de capital que sus rivales. Y si una filial no puede traspasar recursos a su matriz sin pasar por los minoritarios, se achica el “bolsillo profundo” para financiar guerras de precios.
Esto estuvo en el centro del expediente que Conadecus llevó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pidiéndole recomendar una ley inspirada en la israelí de 2013: limitar las pirámides empresariales a dos capas y separar los grupos financieros de los reales.
El error fue tomar como modelo a un país que iba décadas atrás. Israel discutía en 1995 prohibir que los bancos controlaran empresas no financieras; Chile lo prohíbe desde 1925. Israel limitó los préstamos a relacionados recién en 2012, con un tope del doble que el chileno. Fue la ausencia de reglas de conducta lo que lo llevó a un remedio estructural drástico.
En septiembre, el Tribunal rechazó ambas medidas. Concluyó que no hay antecedentes de que las pirámides generen riesgos para la competencia que las herramientas actuales no puedan abordar, destacó los resguardos regulatorios y de gobierno corporativo chilenos y recordó que unas 40 empresas dejaron la bolsa de Tel Aviv en 2014. Sí acogió mejorar el registro de beneficiarios finales, una medida de transparencia que facilita la fiscalización.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) propuso en 2023 una ley de conglomerados financieros, y el Tribunal se apoyó en ese trabajo. Ese es el camino: perfeccionar las reglas de conducta y la información, no desmantelar estructuras que funcionan.
El problema no es que un grupo tenga un banco y otras empresas, sino que use uno para favorecer a las otras, y eso Chile lo prohíbe hace cuatro décadas. Paraguay aprende hoy, a un costo altísimo, lo que nosotros aprendimos en 1983.
Publicado en Diario Financiero.