En momentos en que la economía se contrae y las proyecciones de crecimiento se reducen, los proyectos que buscan potenciarlo cobran especial relevancia. Uno de los motores del crecimiento es la inversión y, por eso, buena parte de la discusión y de las propuestas, incluidas medidas contempladas en la ley de Reconstrucción, apuntan a promoverla y facilitarla.

En esa discusión hay un actor fundamental que no siempre se considera con la relevancia que tiene: el municipio. Y no solo por su papel en permisos y patentes, que lo tiene. El municipio cumple distintos roles dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por una parte, es un órgano del Estado con competencias ambientales, que debe pronunciarse sobre la compatibilidad territorial; por otra, debe representar los intereses de sus residentes y facilitar la participación ciudadana. Pero el municipio también ha asumido a veces otro rol dentro del SEIA: el de impugnar proyectos.

El estudio de Paloma Infante y Ana María Montoya encuentra que, de todos los proyectos ingresados al SEIA entre 2016 y 2025, el porcentaje impugnado por los municipios es bajo: solo un 1%. Pero está concentrado en proyectos de gran envergadura económica. Cuando el municipio interviene, su incidencia es alta: un tercio de los proyectos impugnados ingresados al SEIA no llegó a concretarse.

Las impugnaciones, además, no se distribuyen de manera homogénea entre sectores: la infraestructura portuaria y de transporte presenta una tasa de impugnación relativamente mayor, mientras que la minería, una menor.

Detrás de muchos de estos casos hay un mismo desafío de fondo: son proyectos cuyos costos se concentran en un territorio, mientras sus beneficios se distribuyen en todo el país. En minería se han generado mecanismos de compensación y, como discute el estudio, quizás no sea del todo casual que se trate también de uno de los sectores con menor tasa de impugnación. Parece importante abrir esa conversación a otros sectores.

En ella debe considerarse la gran diversidad territorial e institucional de los municipios. Y es que no solo el diseño es relevante, sino también la implementación: con capacidades técnicas tan heterogéneas, resulta fundamental generar herramientas que ayuden a fortalecerlas y, quizás, abrir la posibilidad de apoyos puntuales.

Además, es clave incorporar el aprendizaje de la experiencia en el sector minero. Pero no por su complejidad debemos evadir esta discusión: es importante que las localidades afectadas negativamente por los proyectos también perciban sus beneficios. Alinear los incentivos permitiría desarrollar proyectos de manera más equitativa y con mayor aceptación local, fomentando de esa manera la inversión.

Publicada en La Segunda.