Hace un par de semanas se dieron a conocer los resultados de la cuarta ronda de la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (ELPI), un esfuerzo estadístico único en Chile liderado por el Ministerio de Desarrollo Social.La ELPI ha seguido a los mismos niños y niñas desde 2010, cuando tenían entre 0 y 4 años, hasta hoy, en su adolescencia.
Se trata de un insumo invaluable para las políticas públicas: pocas veces contamos con datos capaces de mostrar cómo evolucionan las trayectorias de desarrollo desde la infancia hasta la adolescencia.
Esta versión 2024 trae señales de alerta que deberían prender todas las alarmas. Hoy en Chile, tres de cada cuatro jóvenes presentan algún síntoma de ansiedad o depresión, y un 26,5% de estos exhibe síntomas moderados o severos. En mujeres, la proporción de síntomas severos se duplica respecto de los hombres, profundizando una brecha de género que la evidencia viene mostrando de manera persistente.
En paralelo, el mundo digital ocupa un protagonismo creciente. El 54% de los adolescentes usa redes sociales tres horas o más al día, y casi la mitad de las mujeres reconoce quedarse despierta todas las noches mirando el celular después de acostarse. Estos hábitos conviven con mayor ansiedad, problemas de sueño y una exposición más alta al cyberbullying, donde nuevamente las adolescentes aparecen como las más afectadas.
Aunque la relación entre pantallas y salud mental es compleja —y no necesariamente causal—los datos muestran un patrón claro: la intensidad del uso aumenta con la edad y se vuelve un componente estructural de la vida diaria. El problema no es la tecnología en sí, sino su rol como acompañante emocional, regulador del ánimo y espacio permanente de comparación e interacción social.
En un entorno así, la adolescencia —que ya es un periodo frágil— se vuelve aún más vulnerable.
La reciente aprobación en el Senado de un proyecto que regula el uso de dispositivos digitales en los establecimientos educacionales es un paso en la dirección correcta. Pero no basta. Chile necesita una política integral que aborde la salud física y emocional de los jóvenes, que involucre a la escuela y otros espacios educativos, y que fortalezca el rol de las familias mediante más información y herramientas pueda orientar el uso de la tecnología en la dirección correcta.
Lo que está en juego no es solo el bienestar presente de nuestros jóvenes, sino las condiciones de desarrollo de toda una generación.
Publicada en La Segunda.