El largo preámbulo de la reforma tributaria ha estado marcado por un verdadero impuesto al debate. No solo porque esta semana recién sabremos si la oposición concede la mera idea de legislar. También porque, a estas alturas, se siguen confundiendo conceptos fundamentales detrás de la integración, corazón de la reforma, al tiempo que se caricaturizan sus efectos.

La oposición pregona que la integración básicamente beneficia a la gran empresa. El Frente Amplio llega a asegurar que sería un regalo a las “1000 empresas más grandes”. La confusión conceptual es manifiesta: la reintegración refiere a socios o accionistas y no al tamaño de la empresa. En similar línea –vaya curiosidad- la presidenta de la UDI se allana a excluir de la integración a las grandes empresas. Las Pymes sí, pero las grandes no, nos dicen a dúo. Curiosa postura según la cual integrar sería bienvenido si se es dueño de 50 Pymes, pero problemático si se lo es de una empresa grande, aunque reporten los mismos ingresos.

La distinción anterior es clave. Con integración el impuesto corporativo es un crédito contra el personal sencillamente porque lo que interesa es gravar las rentas individuales, independientemente de su fuente (salarios o utilidades). Por lo mismo, la integración es condición necesaria para la equidad horizontal según la cual dos personas que ganan lo mismo debieran pagar lo mismo en impuestos. El sistema semi integrado rompió con ese sano principio y empeoró la equidad horizontal, particularmente a nivel de empresarios de menores ingresos.

Se retruca que la equidad horizontal en el sistema integrado en base a retiros sería una quimera ya que el empresario que no retira utilidades puede terminar pagando menos que su gerente. Como expliqué en otra columna, esa inequidad es acotada y solo podría darse entre el 1,5% de contribuyentes de mayor ingreso. Para el 98,5% restante la equidad queda asegurada. ¿Será que la oposición viró su foco hacia las desigualdades entre 1,5% más rico?

La oposición ha puesto el acento en la equidad vertical o progresividad del sistema, tema ciertamente relevante. Pero el debate decae si la demanda se expresa a través de la caricatura y el eslogan. Por ejemplo, repitiendo que esta es “una reforma para los súper ricos”. Si de los US$ 833 millones anuales que cuesta reintegrar, US$ 229 millones atañen al grupo de mayor ingreso, se omite poner la cifra en real perspectiva: ella representa menos de 1,5% de los ingresos percibidos por el 1% de contribuyentes de mayor ingreso (SII) y es inferior a 0,5% de sus ingresos devengados según el Banco Mundial (2015). ¿De verdad mueve la aguja?

Y si de progresividad se trata, cuesta entender el exceso de celo de la oposición en un caso y la falta del mismo en otros. Por ejemplo, aprobando mayoritariamente (con la excepción del FA) el reintegro de US$340 millones de impuesto al diésel a los camioneros por los próximos 4 años. Una medida contraria a la reclamada progresividad. ¿Por qué no ser genuinamente propositivos en medidas progresivas en lugar de torpedear la idea de legislar? Alternativas hay. La eliminación de la anacrónica renta presunta (US$ 300 millones anuales) es una de ellas. Disminuir ciertas exenciones al IVA, otra. Y hay más. Pero claro, bajo el impuesto al debate esas no pasan de ser exquisitas disquisiciones.

Publicada en La Tercera.

Ignacio Briones