En Chile el 46% de los partos de la red pública se realizan mediante cesárea. Una cifra preocupante que revela hasta qué punto hemos normalizado la intervención quirúrgica en la atención obstétrica. Reducir esta tasa ha sido un objetivo explícito del Ministerio de Salud durante los últimos años, y también parte del trabajo que desarrollamos desde OVO Chile. Pero hay una dimensión del problema que suele quedar relegada y que debiera preocuparnos tanto como las consecuencias clínicas.
Una cesárea puede salvar vidas y constituye un avance indiscutible de la medicina. Sin embargo, cuando no existe indicación clínica evidente, expone a mujeres y recién nacidos a riesgos graves y evitables. Para la mujer supone una cirugía mayor, con posibles complicaciones y una recuperación más prolongada. También puede afectar el inicio de la lactancia, el contacto temprano y la experiencia emocional del nacimiento. Para los recién nacidos, se ha asociado con el doble de riesgo de mortalidad neonatal y otras complicaciones médicas como asma o diabetes.
Como advertía, el problema no termina ahí. Un estudio de Clapes UC estima que una reducción significativa de las cesáreas (hasta el 15% como recomienda la OMS), permitiría liberar cerca de 80 camas hospitalarias diarias y generar ahorros de aproximadamente 20 millones de dólares anuales. Según sus estimaciones, esos recursos equivaldrían a construir tres Cesfam, contratar 250 médicos especialistas o realizar diez mil cirugías adicionales al año. Son alternativas concretas en un sistema que enfrenta listas de espera y múltiples necesidades insatisfechas.
Esta comparación revela una contradicción casi imposible de entender, porque mientras miles de personas esperan intervenciones médicamente necesarias, incluso urgentes, seguimos destinando recursos a otras que podrían evitarse. Las cesáreas innecesarias implican gastos considerables, comprometen capacidad hospitalaria, personal clínico y recursos que podrían atender otras necesidades médicas. La discusión, entonces, deja de ser exclusivamente obstétrica. Se convierte en una pregunta sobre las prioridades de nuestra política pública.
Por eso importa que la reducción de cesáreas continúe siendo un compromiso explícito del Ministerio de Salud. Los Compromisos de Gestión (Comges) incorporaron este objetivo para orientar y evaluar el desempeño de los Servicios de Salud. Mientras se prepara su reformulación para 2027, es fundamental que esta prioridad se mantenga, porque establecer una meta fuerza a los servicios a revisar prácticas que, de otro modo, pueden continuar por inercia institucional. No se trata de imponer cuotas que desconozcan las necesidades clínicas ni de vulnerar la autonomía de las mujeres, sino de obligar a revisar meticulosamente cada decisión y de orientar los incentivos para reducir intervenciones evitables.
Una política pública debe evaluarse también por aquello que deja de hacer posible. En salud pública, financiar lo innecesario no es inocuo. Detrás de cada intervención evitable hay un costo que no figura en ninguna cuenta hospitalaria, y es el nombre de alguien que sigue esperando.
Publicada en La Tercera.