El escándalo por el intento de compra de la casa de Salvador Allende no se limita a un simple error o falta de profesionalismo; más bien, pone de manifiesto una peligrosa cultura de la desprolijidad y la chapucería. Detrás de todo esto suele haber un voluntarismo ciego. Es inverosímil que en la enorme cadena de control de la compra en cuestión, la norma constitucional haya sido obviada una y otra vez. En lugar de tratarse de un error o una estrategia, como se intentado instalar, más parece un caso donde el afán de resaltar la figura de Allende, cuya admiración ha sido expresada abiertamente por el presidente Boric, prevaleció sobre las consecuencias de un proceso mal ejecutado.

Casos como estos hemos visto varios. En diciembre de 2022, trece personas condenadas por delitos relacionados con el estallido social fueron indultadas. La medida estuvo acompañada de graves errores administrativos, como la inclusión de nombres que no cumplían con los requisitos legales para ser indultados. La falta de un proceso claro y transparente terminó por erosionar, aún más, la legitimidad de la medida. 

En agosto de este año, Isabel Amor, tras ganar un concurso público para dirigir el Sernagem de Los Ríos, fue destituida a las 48 horas por pérdida de confianza, luego de que se difundiera un borrador de entrevista en el que se refería a su padre, un médico condenado por su rol durante la dictadura. Este hecho desató un escándalo y levantó cuestionamientos sobre la validez de las razones argumentadas para su remoción. Un despido arbitrario justificado por razones políticas, no legales. 

Finalmente, en septiembre y en el marco del caso Monsalve, la comedia de errores se volvió a repetir. La respuesta impulsiva del presidente, quien, en lugar de gestionar la crisis, reaccionó de manera precipitada, ilustró, otra vez, cómo priorizar los objetivos sin reflexionar sobre la estrategia puede generar más daño que beneficio.

El patrón en estos casos es claro: un voluntarismo que prioriza la intención política sobre el cuidado y la calidad en la toma de decisiones. La incapacidad de controlar procesos, junto con una gestión errática y apresurada, subraya una peligrosa tendencia a anteponer los fines a los medios. Lo que podría haberse manejado adecuadamente se convierte en un terreno fértil para errores administrativos y crisis políticas. Esta dinámica no solo refleja una ineficiencia alarmante, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones. La gravedad de que se instale la cultura de la chapucería radica en que, cuando lo improvisado y mal hecho se convierten en una norma, se comprometen los cimientos del orden institucional y, con ello, se amenaza el futuro de cualquier sociedad que aspire a prosperar. 

Publicada en La Segunda.