El 9 de octubre, un ataque armado detuvo la presentación de la orquesta Agua Marina en Lima. Un día después, tras semanas de protestas que unieron a transportistas y ciudadanos contra el crimen organizado, el Congreso destituyó a Dina Boluarte con 118 votos. Sexta presidenta en nueve años, Boluarte sobrevivió casi tres años con una aprobación menor al 3% y múltiples investigaciones por corrupción.
Su sucesor, José Jerí, llegó al Congreso con solo 11 mil votos como accesitario de Martín Vizcarra en 2021, y ahora es el séptimo presidente por sucesión constitucional. Este recambio constante refleja caos institucional, pero oculta la continuidad de las estructuras de poder que operan desde antes del gobierno de Castillo.
El ataque a Agua Marina no fue aislado. En marzo, Paul Flores, cantante de Armonía 10, fue asesinado tras un concierto en Lima. Desde enero de 2025 se han registrado9 paros de transportistas y más de 180 asesinatos por extorsiones del crimen organizado, que exige pagos de protección.
Las protestas derivaron en una demanda de reformas estructurales con amplio respaldo ciudadano. Pero el Congreso aprobó leyes que debilitan la persecución del crimen organizado: limitan a colaboradores, dificultan la tipificación de organizaciones criminales y reducen plazos de prescripción.
Estas medidas benefician a políticos cuyas bancadas han sido acusadas de operar como mafias, convirtiendo la legislación en un instrumento de autoprotección. Un cambio real requiere derogar esas leyes y reformar las instituciones de seguridad.
El perfil de Jerí es ilustrativo. Como congresista, archivó la denuncia contra Boluarte por las más de 60 muertes durante las protestas de 2022-2023, votó a favor de las leyes que restringen al Ministerio Público y rechazó mociones previas de vacancia.
Enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y un caso de violación sexual, que derivó en una orden de tratamiento psicológico que se negó a cumplir.Hoy, tras cuatro días sin gabinete, juramentó ministros con perfiles similares a los de Boluarte (exfuncionarios que enfrentan acusaciones de corrupción y otras).
Siete presidentes en nueve años prueban que las instituciones ya no sirven a los ciudadanos, sino a quienes las controlan. La movilización social expresó la frustración ante la impunidad del crimen organizado, pero el sistema respondió con un cambio somero que separó al Congreso de Boluarte sin alterar las bases del poder.
Si esta rotación de figuras calma la presión social, el Congreso seguirá empleando esta estrategia para absorber las crisis, sacrificando rostros impopulares y preservando los intereses de siempre. Así, la desconexión entre ciudadanía e instituciones se agrava y abre espacio a opciones más radicales que pueden destruir el sistema completo.
Publicada en La Segunda.