Señor Director:

Esta semana, la prensa se llenó de titulares indicando que más de 1,4 billones de pesos transferidos desde el Estado a fundaciones en el período 2022-2026 no cuentan con rendiciones acreditadas a la fecha. Una cifra preocupante, sin duda, pero cuando miramos con un poco más de detalle, en la presentación del Comité de Inspección Total, es imprecisa.

Una rendición que no ha sido aprobada por su entidad supervisora aparece como no acreditada, aunque la fundación haya prestado los servicios, presentado la rendición y esta esté atrapada en los pendientes de algún funcionario público, especialmente tras el alza de estándares de revisión de 2023. Una explicación plausible para los $918 mil millones no acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, pero que no podemos determinar a partir de la información disponible.

Cuando estamos hablando de organizaciones que ejecutan servicios directos a la población, que complementan las subvenciones con recursos propios o que obtienen mediante donaciones, el daño a la confianza pública que inducen generalizaciones con información parcial pone en riesgo la continuidad de servicio y la capacidad y disposición de las fundaciones y sus equipos a seguir enfrentando un escrutinio y desconfianza desproporcionados.

Urge modernizar y fortalecer la capacidad de supervisión y transparencia del Estado, como permitirían las leyes y medidas que emergieron del caso Convenios, cuya tramitación se encuentra detenida. Por mientras, cuidemos las atribuciones y juicios prematuros para que, cuando terminen las investigaciones internas y tramitaciones legislativas, todavía queden ONGs dispuestas a colaborar con el Estado.

María Jaraquemada, Emilia González, Arturo Celedón, Malena Simonetty, Red Colunga Fellows.

Publicada en El Mercurio.