Hace dos años el país rechazó una propuesta constitucional nefasta para el futuro de Chile, marcando el final de un año en el que, al igual que en el título cinematográfico, 'vivimos en peligro'. 

La participación en este proceso fue histórica, con un 85,82% del padrón electoral acudiendo a las urnas. El rechazo se impuso en 340 comunas (de un total de 345) abarcando diversas las clases sociales y rangos etáreos. El triunfo fue elocuente y no puede ser considerado, como algunos han sugerido, como una conquista exclusiva de las élites. Fue una manifestación transversal de descontento.

¿Qué se rechazó en ese momento? Un texto y un proceso. Dicho de otra manera, un diagnóstico erróneo y una gestión deficiente, que convirtió a muchos convencionales en acreedores furiosos. Se rechazaron con fuerza los extremos, la soberbia y como dijo el mismo presidente en esos días; el maximalismo, la violencia y la intolerancia. Incluso fue rechazada una cierta estética que representó una apropiación de la ciudad y un ultraje de los símbolos patrios.

En cuanto a las demandas la gran pregunta es si siguen vigentes. Todo indica que sí. Hoy el Estado, en la percepción de sus ciudadanos, falla en varias de las condiciones para las que fue consevido. Ante la espectativa de ser un país desarrollado, eliminar la pobreza, reducir la desigualdad de los ingresos, resolver el problema de la calidad de la educación, mejorar las pensiones, el acceso a la salud y detener el daño al medio ambiente; todas las cifras de las encuestas son bajas. Cuando salimos del ámbito del Estado y entramos en el plano de los individuos los resultados transmiten desesperanza. Solo un 19% cree que un pobre puede salir de la pobreza  y  solo un 13% que, cualquier trabajador,  puede comprar su propia vivienda.

En la base de todo esto opera una peligrosa des institucionalización que va normalizando retrocesos de libertades, frustraciones, conflictividad, temores, violencia y que  amenaza el orden institucional.

¿Estamos mejor o peor? La realidad sugiere que la situación está más deteriorada. En los niveles de fondo, se observa un aumento de la corrupción, una mayor desvalorización de las instituciones y más problemas de seguridad.

Además, la falta de claridad interpretativa sobre el significado del estallido, junto con la ausencia de un proyecto político sólido en todos los sectores  (o quizá esta sea la causa), impide la construcción de una visión de futuro que proporcione esperanza, dirección y propósito.

Sin un esfuerzo concertado, en el que los extremos no sean protagonistas, corremos el peligro de caer en una espiral que ponga en riesgo nuestro futuro democrático.

 Publicada en La Segunda.