Durante el primer semestre de 2019, una de las principales discusiones del país era la migración en Chile. Cómo regularla, cuáles eran los efectos políticos, económicos y sociales de un fenómeno que había crecido con una intensidad desconocida en los últimos años. La pandemia, el cierre generalizado de fronteras y las restricciones de viajes parecieron suspender la relevancia de la migración en el debate. Y, sin embargo, en las últimas semanas, este tema se ha reposicionado como uno de los más importantes. En efecto, se viene informando una y otra vez del ingreso clandestino de extranjeros en la frontera con Bolivia y de la situación de los migrantes en ciudades del norte. Los eventos de hace pocos días en Iquique dan cuenta que la migración es y seguirá siendo un tema central para nuestro país.

¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Estamos ante una nueva crisis migratoria? La respuesta, por supuesto, variará dependiendo de la perspectiva que se asuma. En tiempos electorales, esas perspectivas suelen estar mucho más polarizadas, y, como hemos visto en otros países, la migración corre el riesgo de ser utilizada para apelar respuestas extremas y estratégicos cálculos electorales.

Por supuesto, en materia migratoria no se puede desconocer el drama humano que significa el ingreso y la expulsión de personas que se encuentran en especial posición de vulnerabilidad. Por lo mismo, la nueva ley de migraciones (ley N°21.135), aprobada en abril de este año, incluyó un catálogo de principios y de derechos para quienes migran. Por ejemplo, en relación con el ingreso clandestino, este dejó de ser considerado como un delito, como se tipificaba en el decreto ley N°1.094 de 1975 (ley de extranjería), para constituirse en una infracción administrativa de naturaleza migratoria, sancionable con la expulsión del país. A su vez, se incluyeron nuevos procedimientos basados en el debido proceso, resolviendo con ello una de las deficiencias de la antigua regulación. Por lo mismo, se ha afirmado que la nueva ley, discutida durante largos años en el Congreso, cambió la mirada migratoria desde una centrada en la seguridad hacia una que avanza en hacerse cargo de las diferentes dimensiones que conlleva. Porque la migración va mucho más allá del otorgamiento de permisos, y sus efectos se dan también en la vida económica y social, tanto de quienes migran como de quienes viven en nuestro país.

Lo ocurrido en Iquique es particularmente grave porque, humanamente, desconoce la dignidad de la persona, más allá de su estatus migratorio. Jurídicamente es relevante porque ocurre en un momento en que existen dos legislaciones con enfoques muy distintos: la ley de extranjería y la nueva Ley N°21.135. ¿Cómo resolver dicha tensión? Si bien es cierto que la ley Nº 21.135 tiene una entrada en vigencia diferida, pendiente a la publicación de su reglamento, nos parece que los principios que en ella se instauran debieran también inspirar las actuales actuaciones. Es difícil olvidar que la nueva ley da cuenta de que tanto el ejecutivo, las dos cámaras del Congreso, y el Tribunal Constitucional, en los distintos momentos de su tramitación, manifestaron su conformidad con el texto aprobado. Ante este vacío, hoy son las Cortes las que han recogido algunos de sus principios, como la protección complementaria y la no criminalización de la migración (Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol 101-2021, Sentencia de 5 de mayo de 2021, rol 272-2021; Corte Suprema, rol 34.397-2021, Sentencia de 28 de mayo de 2021).

En materia migratoria, por tanto, estamos en un período de transición entre regulaciones. Ello conlleva exigencias institucionales —como el desarrollo del nuevo servicio creado— y otras regulatorias —con la dictación del reglamento—. Es un período que exige, por tanto, constante actualización en la materia. Pero también uno que nos vuelve a poner el foco sobre un fenómeno que, casi desapercibido por algún tiempo, sigue estando presente en nuestro país y en la región. El proceso de implementación de la nueva ley es uno que nos obliga a hacer realidad aquello que se buscó con el cambio legislativo. Y que nos invita a no olvidar el constante estudio sobre la migración en Chile. Con todas sus dimensiones, complejidades y, también, posibilidades.

Publicado en El Mercurio junto a Isabel Aninat, decana Facultad de Derecho UAI.

Mayra Feddersen