Más allá de su dimensión política, la acusación contra el exministro de Energía puede constituir un peligroso precedente para los delicados equilibrios entre política y administración en el funcionamiento del Estado constitucional. Si los senadores acogen la acusación enviarán la señal de que los ministros sectoriales deben ejercer un escrutinio político más invasivo de las decisiones técnicas adoptadas por los organismos reguladores bajo su supervigilancia. Los ministerios, en tanto organismos de dirección política, están particularmente mal diseñados para hacer esta revisión. 

Históricamente, el Derecho Administrativo ha buscado armonizar la dirección política de la autoridad democráticamente electa con la protección de la expertise del regulador sectorial. En efecto, los precedentes administrativos corroboran esta distinción de funciones. La fijación de tarifas de servicios públicos es un área especialmente sensible, pues está expuesta a constantes presiones populares a la baja con el peligro de poner en riesgo las necesarias inversiones que estas actividades requieren para su sostenibilidad. 

En tiempos de amenaza populista contra las instituciones es relevante que el Senado sea consciente de los riesgos sistémicos de las decisiones que debe adoptar.

*Escrita junto a William García. Publicada en El Mercurio.