El caso audio ha develado diversas debilidades de nuestras instituciones y prácticas públicas. El modo en que se lo maneje ofrece una oportunidad de fortalecimiento institucional, pero también conlleva el riesgo de agravar dichas debilidades. Es tentador pensar que lo determinante para evitar lo primero y lograr lo segundo es establecer todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Eso, sin embargo, es un error. Tan importante como el establecimiento de las responsabilidades, es el modo de hacerlo. El caso audio pasará, pero los precedentes que imponga nos acompañarán por mucho tiempo. Como se diría en otras latitudes, se debe evitar arrojar la guagua junto con el agua sucia de la bañera. 

Central para el estado de derecho es la independencia de los jueces. Siempre que un juez ve cuestionada su conducta al dictar una resolución, la independencia tambalea. No es esta una razón para eximir a los jueces de toda responsabilidad al dictar sentencia, pero sí la es para delimitar muy bien dicha responsabilidad y sus consecuencias. Un juez incurre en responsabilidad penal como prevaricador cuando falla a sabiendas contra ley expresa y vigente (Código Penal, art. 223 N° 1). Esta disposición debe aplicarse con la mayor prudencia posible. Aun cuando pueda ser un hecho pacífico que una determinada ley se encuentre vigente, es de la esencia de nuestra disciplina que su sentido pueda ser controvertido. Esta controversia puede referirse tanto a las condiciones de aplicación de la ley, usualmente denominadas “supuesto de hecho”, como a las consecuencias que la ley imputa cuando se configura su supuesto de hecho.

 A esto se suma que nuestra cultura jurídica ha abrazado la aplicación directa de la Constitución a toda suerte de controversias, lo que ha redundado en una cierta relativización de la fuerza de la ley. Quizás ha habido exceso de entusiasmo en este proceso de constitucionalización. Si así ha sido, la jurisprudencia que la promueve debe ser objeto de crítica ácida, pero acusar de prevaricación a jueces que justifican una determinada interpretación de la ley o una modificación constitucional de su ámbito de aplicación o efectos, por controversial que ello sea, constituiría un grave atropello a la independencia judicial. También incurre en prevaricación el juez que pronuncia “sentencia manifiestamente injusta” en causa penal (Código Penal, art. 224 N° 1) o civil (Código Penal, art. 225 N° 1). Aquí vale la misma precaución, redoblada. No es solo que las personas tengamos distintas opiniones sobre lo que es justo en un caso particular, ocurre además que los jueces están sometidos a diversas reglas que constriñen su actuar y que podría obligarlos a dictar una sentencia que ellos mismos consideren injusta. Por señalar solo un ejemplo, esa es una de las consecuencias de la regla que prohíbe a los jueces extender su decisión a puntos que no le han sido sometidos por las partes (Código de Procedimiento Civil, art. 768, cuarta causal). Si una sentencia resulta injusta porque el abogado de una de las partes no dedujo una determinada acción o defensa, la responsabilidad no es del juez. 

Todo juez que se precie de su oficio ha tenido la experiencia de tener que dictar una sentencia distinta de la que hubiera querido dictar. Una anécdota de Estados Unidos lo ilustra con particular gracia: al despedirse del famoso ministro de la Corte Suprema de ese país, Holmes, el también famoso juez Learned Hand le dijo: “Hasta luego, señor. ¡Haga justicia! ”, a lo que Holmes respondió: “Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es jugar el juego de acuerdo con las reglas”1. Todo esto resulta importante para evaluar el papel de la Corte Suprema en un resultado que a muchos de nosotros puede parecer injusto. 

Entre los cargos que formula el cuaderno de remoción abierto por la Corte Suprema contra una de sus ministros se encuentran las “Irregularidades cometidas en la tramitación de las causas (.. .) 17.536 -2019 (.. .)”. Un conocido columnista ha hecho público que no se trata de cualquier caso, sino de aquel que rebajó de 1.700.000 a 75.000 unidades de fomento (UF) la multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros al señor Julio Ponce por el así llamado caso Cascadas. Tiene razón. Donde no tiene razón, sin embargo, es al sembrar la duda de que las ministras Vivanco y Sandoval, y el abogado integrante Munita, habrían incurrido en responsabilidad al sancionar dicha rebaja. En rigor, la superintendencia perdió el caso cuando el Tribunal Constitucional, en fallo dividido (ministros Aróstica, Peña, Romero, Brahm, Letelier y Vásquez), declaró inaplicable por inconstitucional el inciso primero del artículo 29 del decreto ley 3.538, que había servido de fundamento para la imposición de la multa impugnada (rol 3236-2016). Este fallo es criticable, como lo confirma el voto disidente de los ministros Carmona, García Pino, Hernández y Pozo (para una crítica a una anterior sentencia del mismo tribunal en idéntico sentido, véase la columna del profesor Raúl Letelier). Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó unánimemente que “de conformidad al artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República” ella se encontraba compelida “a resolver teniendo en consideración, la sentencia que el Tribunal Constitución dictó con fecha 24 de mayo de 2018” (considerando 13º del voto de mayoría, del ministro Crisosto y abogado integrante Decap, adoptado también por la ministra Jessica González mediante referencia que hace en el numeral noveno de su prevención). La mayoría de la Corte Suprema estuvo de acuerdo con la Corte de Apelaciones. El ministro Muñoz y el abogado integrante Pierry disintieron, pero su voto no resulta en absoluto persuasivo, pues condiciona el cumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional a un requisito que ni aparece en la Constitución Política ni es reconocido por la doctrina y práctica constitucionales. Al rechazar los recursos contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, la mayoría de la Tercera Sala del máximo tribunal jugó el juego conforme a las reglas (véase la columna del profesor Osvaldo Lagos). Así parece haberlo entendido la Corte Suprema y por eso el cargo en el cuaderno de remoción no es por el contenido de la sentencia, sino por irregularidades cometidas en su tramitación. Esto no puede perderse de vista sin poner en riesgo la independencia judicial. 

1. La anécdota es parte de la cultura jurídica estadounidense. Vid. Michael Herz, “Do Justice! : Variations of a Thrice-Told Tale”, en Virginia Law Review, vol. 82,1996, p. 111.

Publicado en El Mercurio Legal