El desarrollo económico y social de nuestro país está ad-portas de experimentar algunos cambios institucionales de relevancia en materia de regulación de mercados y, más ampliamente, de regulación de la vida económica y social en sus más variadas expresiones. Por estos días, ha concluido en el Congreso Nacional la tramitación del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS). Se trata de una importante iniciativa legislativa que responde, bajo un enfoque sistémico, a las necesidades asociadas a la agilización de tramitación de autorizaciones sectoriales que respaldan el desarrollo conforme a derecho de un sinnúmero de actividades y proyectos. Así, el proyecto de ley representa una ventana de oportunidades para la modernización de las agencias administrativas que tienen a su cargo el manejo de permisos, documentación y otros trámites que respaldan a cada iniciativa de inversión, crecimiento y desarrollo en nuestro país.

Una administración pública moderna, con alta capacidad de aprendizaje y coordinación, se erige como una necesidad de primer orden para empujar el crecimiento económico de Chile. En tal contexto, la iniciativa legislativa sobre permisos sectoriales viene más bien a recalibrar el conjunto de bienes, personal y otros recursos públicos disponibles para redireccionar las capacidades institucionales de la administración pública como entorno habilitante para el desarrollo económico y social de nuestro país.

Sin perjuicio de las variadas transformaciones que postula la iniciativa, hay tres macro-innovaciones que, desde el estudio del derecho administrativo, corresponde destacar e iluminar en este análisis: primero, se crea un sistema institucional para la regulación y evaluación sectorial; segundo, se diseña un camino progresivo hacia técnicas habilitantes alternativas a la autorización para ciertas actividades y proyectos, reconfigurando algunas relaciones entre el Estado y los administrados, y; tercero, se configura un mecanismo integral de mejora continua de la regulación.

En primer lugar, se contempla la creación de un “Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial”, el que está integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a velar por la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales y técnicas habilitantes alternativas (la declaración jurada y el aviso, para estos efectos) aplicables a proyectos o actividades para mejorar de manera continua la calidad de la regulación sectorial. Lo anterior se acomete bajo una perspectiva integral, que propicia el desarrollo productivo sostenible, la promoción de la inversión y el resguardo de los objetos de protección de cada normativa sectorial. Así, desde un enfoque integrador, se dispone de un mecanismo que tutela y ayuda a la ingente pero necesaria tarea de estandarizar y modernizar los mecanismos para obtener autorizaciones sectoriales, sin desatender las especificaciones propias de cada sector de regulación.

Estandarizar y evaluar la regulación es una tarea compleja, pero que otros países han acometido con compromiso público y visión de Estado. En este sentido, el proyecto de ley dispone de instituciones que estarán cargo de comandar tal proceso, así como de principios que inspiren dicha tarea. A este respecto, cabe señalar los principios de estandarización, facilitación, previsibilidad, proporcionalidad, simplificación administrativa y costo-efectividad. Desde luego, la referencia a tales principios no es antojadiza. Ellos se corresponden con referencias previas existentes en el derecho comparado (por ejemplo, en Australia, Reino Unido, México, entre otros), así como con estándares sobre buena gobernanza y política regulatoria de la OCDE. Estos principios – de última generación en materia de administración del Estado – deberán ser aplicados de manera coherente con los ya existentes en los cuerpos legales que sostienen la actividad de la administración, en particular los contemplados en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo.

En segundo lugar, la iniciativa legislativa dispone un tránsito progresivo hacia el crecimiento en número de técnicas habilitantes alternativas a la autorización, para el caso de ciertas actividades productivas y proyectos. Esto puede entenderse como uno de los ejes centrales del proyecto de ley. En general, la técnica de la autorización – propia de las administraciones con amplios poderes de vigilancia, control e intervención en el desarrollo económico y social – cede paso a técnicas de intervención administrativas más ágiles y modernas, que descansan en la proactividad y responsabilidad de los titulares de los actividades o proyectos a iniciar. Estas técnicas se basan en la comprobación completa de cierta información habilitante, la cual es aportada de manera proactiva por los titulares de las actividades o proyectos frente a la administración.

En este contexto, no es que la actividad o proyecto se entienda autorizada por el hecho de existir un interés en realizarla, sino que ese interés debe ser lo suficientemente fuerte como para solicitar una técnica habilitante alternativa donde se aporte toda la información pertinente y veraz – determinada por la normativa aplicable a cada caso – para que la actividad o proyecto pueda realizarse. Bajo este modelo, los incentivos a aportar información veraz sobre una actividad productiva o proyecto en tiempo oportuno están puestos en el titular interesado en sacar adelante su proyecto. Además, permite que los órganos administrativos focalicen sus esfuerzos en la comprobación, verificación y fiscalización, tanto en el inicio como en el desarrollo de la actividad o proyecto en cuestión.

Así, dicho modelo no implica – al menos no necesariamente – reducir estándares de protección de los objetos cautelados por la normativa sectorial. De hecho, en contextos donde la regulación sectorial se ha tecnificado y sobre-especializado, y donde en todo momento los administrados tienen que cumplir con las normas que son aplicables al desarrollo de las actividades o proyectos que promueven (porque ello ya es un mandato constitucional en virtud del artículo 19 No. 21), el giro hacia mecanismos como la declaración jurada o el aviso previo muy probablemente redunde en positivos cambios relacionales entre las agencias administrativas y los sujetos regulados, optimizando los recursos disponibles de uno y de otro lado. Evidentemente, esto será un cambio progresivo y gradual, pero deseable para un Estado presionado por demandas públicas siempre crecientes y variadas.

En tercer lugar, la iniciativa contempla un novedoso mecanismo de modernización continua de las autorizaciones sectoriales y la aplicación de técnicas habilitantes alternativas. Se propone un mecanismo basado en un flujo de trabajo que comprende, primero, un “diagnóstico” para la modernización continua de las autorizaciones sectoriales y la aplicación de técnicas habilitantes alternativas. Tales diagnósticos serán levantados por los órganos sectoriales, en estrecha colaboración con la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión.

Luego, le sigue la elaboración de un “reporte” para la modernización de autorizaciones sectoriales, elaborado por dicha Oficina, y que servirá de instancia para proponer medidas o acciones de modernización que incluyan, por ejemplo, modificaciones normativas o medidas de mejora en la gestión institucional asociadas al cumplimiento de los objetos de protección cautelados por la normativa sectorial. El reporte de la Oficina servirá de base para la “Estrategia para la Modernización de Autorizaciones Sectoriales”, que representa el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo destinadas a mejorar la regulación sectorial. Como puede observarse, se trata de un flujo de información altamente concatenado, donde los diagnósticos dan lugar a un reporte, y el reporte sirve de base para la Estrategia. Así, Chile contará por primera vez con un mecanismo integrado de mejora regulatoria que, aunque acotado al ámbito de la productividad, ha sumado experiencias previas para potenciar la calidad de nuestra regulación sectorial y orientarla hacia objetivos públicos compartidos.

De esta manera, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales no sólo se hace cargo de responder a la presión acumulada contra la “permisología”, sino que comienza a abrir el camino – con visión integrada y sistémica – hacia cambios institucionales y culturales que muy probablemente serán parte de la tan anhelada modernización del Estado.

Publicada en El Mercurio Legal.

Brigitte Leal