En los últimos días se ha instalado la idea -recogida en una columna publicada en El País- de que la industria de la gestión patrimonial no solo contribuye a la desigualdad, sino que directamente debilita la democracia. La tesis es seductora: presentar a abogados y asesores como arquitectos de castillos fiscales donde se esconde la riqueza, mientras el resto de la sociedad financia la educación y la salud. Pero el relato, así de redondo, tiene un problema: simplifica y estigmatiza.

No se trata de negar los excesos. Existen casos escandalosos, tanto en Chile como en el extranjero, donde estructuras sofisticadas han servido para evadir o eludir impuestos de manera abusiva. Allí corresponde fiscalizar, sancionar y corregir. Lo que no corresponde es transformar esos ejemplos en dogma y asumir que todo asesor patrimonial es un villano de cómic. Planificar un patrimonio -incluso más allá de la propia vida- no es un delito, sino una libertad básica.

El artículo sugiere que perpetuar la riqueza intergeneracional es sospechoso. Pero ¿desde cuándo querer dejar a los hijos lo que se construyó con esfuerzo propio erosiona la democracia? El problema no está en la herencia, sino en el uso indebido de ciertas figuras jurídicas. Criminalizar el acto de organizar el patrimonio es confundir la excepción con la regla.

Tampoco podemos olvidar un matiz incómodo para el discurso simplista: la falta de recursos del Estado no se explica solo por la evasión y la elusión. Antes, y más grave, está el mal uso de esos mismos recursos. La seguidilla de escándalos por corrupción, traspasos a fundaciones y proyectos de dudosa ejecución demuestra que el agujero fiscal no siempre está en el contribuyente, sino también en el gasto público. Reclamar más ingresos sin hablar de eficiencia en el uso de esos fondos es como llenar un balde con agua sabiendo que tiene un hoyo en el fondo.

Más interesante es la crítica a la falta de transparencia: los asesores participan en foros técnicos y muchas veces no son comprendidos por la opinión pública. Esa observación es válida y debería animarnos a abrir el debate, no a expulsar a los especialistas de la conversación. La solución no es el silencio, sino la luz.

La verdadera discusión que deberíamos tener no es si la planificación patrimonial debilita o no la democracia, sino cómo se puede regular y transparentar para evitar abusos, al mismo tiempo que se fortalece la responsabilidad del Estado en el uso de los recursos. No se trata de demonizar profesiones ni de justificar prácticas indebidas, sino de construir reglas más claras, instituciones más fuertes y un gasto público más eficiente.

Porque al final, la democracia no se resiente porque las personas organicen su patrimonio conforme a la ley, sino cuando la política y las instituciones dejan de estar a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en ellas.

Publicada en Diario Financiero.

Eduardo Irribarra Sobarzo