Ley 21.838, de Transferencia Tecnológica y de Conocimiento: el futuro de su desarrollo reglamentario
El 17 de septiembre pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.838, que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento. Con su entrada en vigencia proyectada para el próximo 1 de marzo de 2027, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación enfrenta una tarea regulatoria de alcance considerable dictar una serie de reglamentos en el plazo de seis meses contados desde la entrada en vigencia de la ley, para operativizar e implementar parte importante de sus mandatos.
Los reglamentos son los instrumentos donde residirá la densidad normativa de una ley que, en su arquitectura misma, se presenta como un renovado marco habilitante para promover la transferencia de tecnología y conocimiento desde las instituciones de educación superior hacia la sociedad y hacia el mercado.
Se trata de cuatro remisiones a reglamentos que atienden a objetivos regulatorios diversos, los que conviene tener en cuenta, puesto que influyen en el comportamiento de actores públicos y privados.
En primer lugar, se encuentra el reglamento del licenciamiento socialmente responsable (artículo 5). La Ley N° 21.838 introduce una categoría jurídicamente novedosa en la legislación chilena el “licenciamiento socialmente responsable” de tecnologías desarrolladas con fondos públicos. La ley no otorga una definición cerrada de este mecanismo, pero precisa su núcleo aquel proceso mediante el cual “el uso, explotación o aplicación de los resultados, tecnologías, conocimientos o innovaciones provenientes de proyectos de investigación desarrollados con aportes de fondos públicos, son concedidos a terceros a través de contratos de licencia u otros instrumentos jurídicos equivalentes, bajo condiciones en las que prima el compromiso social, la equidad y la responsabilidad pública, favoreciendo el acceso equitativo y uso ético de dichas innovaciones”.
La definición abre un amplio abanico de preguntas que el reglamento deberá resolver. ¿Qué significa “acceso equitativo”? ¿Se refiere al precio de la licencia, al alcance geográfico de los territorios donde puede explotarse, a los tipos de beneficiarios admisibles o a una combinación multifactorial de estos elementos? ¿Cómo se operacionaliza el “compromiso social” en un instrumento contractual suscrito entre actores privados? ¿Existirán criterios diferenciadores según sectores (como el farmacéutico, el agrícola o el digital), o se aplicará un estándar uniforme o genérico?.
La remisión legislativa señala que el reglamento establecerá los mecanismos concretos para su promoción y aplicación, reglamento que deberá estar firmado por dos carteras ministeriales. Aquí emerge un primer desafío de coordinación el Ministerio de Ciencia y el de Economía tienen historiales diversos de integración normativa, y sus prioridades podrían entrar en tensión. El reglamento deberá articular tanto el fomento de políticas de acceso y maximización de valor público, sin desvirtuar la competitividad comercial y retornos económicos asociados a los contratos de licencia.
La experiencia comparada con marcos de “innovación responsable” muestra que la línea entre otorgar criterios orientadores de acceso social y controles administrativos paralizantes puede ser tenue y fácilmente cruzable.
En segundo lugar, se encuentra el reglamento del Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica (artículo 6). El Repositorio constituye la infraestructura pública que materializa el compromiso de ciencia abierta. Su arquitectura es ambiciosa deberá albergar información sobre proyectos financiados, publicaciones científicas, datos de investigación, registros de propiedad industrial y activos intangibles diversos en poder de ANID y de las instituciones de educación superior.
La ley anticipa una tensión fundamental ciencia abierta versus protección de propiedad intelectual. Los investigadores que participan en actividades financiadas con fondos públicos deberán depositar una copia de la versión final aceptada para publicación y los datos de investigación generados durante ella en el repositorio de su institución o en el Repositorio Nacional de ANID.
Se autorizan, con todo, los embargos temporales, que deberán fijarse con especial consideración de las diferencias disciplinares y la naturaleza básica o aplicada de la investigación, de la madurez tecnológica de los resultados y de la protección de derechos de propiedad intelectual o industrial asociados. Destaca la exigencia legal de interoperabilidad del Repositorio Nacional con los repositorios vigentes de instituciones de educación superior.
En tercer lugar, la ley mandata a un reglamento la regulación del régimen de transparencia en la participación de instituciones de educación superior en empresas de bases científica y tecnológica (atículo 9). Se trata de una obligación general, aplicable a resultados de investigación financiados con o sin financiamiento público. Se deberá publicar información sobre las empresas de base científico-tecnológica (EBCT) que han creado o en las que participan, con especificación de participación accionaria.
La ley menciona participación accionaria, pero ¿incluye también transferencias de propiedad intelectual, regalías o dividendos percibidos, composiciones de directorio? ¿Con qué frecuencia debe actualizarse (la ley dice “al menos una vez al semestre”)? Además, deberá informarse de funcionarios o académicos que mantengan participación directa o indirecta en estas empresas, siempre y cuando tal participación presente un “interés económico”, interés que la ley esboza y cuyo contenido deberá ser definido en el reglamento.
Finalmente, el artículo 12 crea un sistema de titularidad de derechos y obligaciones sobre resultados de investigación financiados con fondos públicos. Si una institución o investigador ha recibido fondos públicos y genera productos, procedimientos, diseños, innovaciones tecnológicas u otros resultados susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial y secreto comercial, la institución o investigador respectivo podrá solicitar su protección ante las autoridades competentes, debiendo informar de ello a ANID.
La ley no fija plazos ni procedimientos, simplemente ordena “Los procedimientos y plazos para esta formalización y resguardo estarán regulados en un reglamento que dictará al efecto el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”. Este aspecto es particularmente sensible, puesto que el mismo artículo 12 regula un caso particular si la persona o institución no adopta medidas para proteger sus derechos de propiedad industrial o no reporta su interés en ello, los derechos pasarán al dominio público (sin reserva de dominio o propiedad estatal).
Ahora bien, si el titular manifiesta su intención de formalización futura de tal protección ante ANID, la información depositada ante tal entidad deberá ser mantenida en reserva.
Este silencio procedimental es comercialmente crítico. ¿Cuánto tiempo desde la conclusión de la investigación se otorgará a los investigadores o instituciones para notificar a ANID? ¿Cuánto tiempo se debería mantener la información en reserva mientras se preparan solicitudes de patente? En sistemas comparados, como el propuesto por la Bayh-Dole Act en Estados Unidos, existen tres momentos críticos plazo de notificación de la invención ante la autoridad, plazo para manifestar una decisión de proteger la invención y plazo para solicitar de manera efectiva tal protección.
En Chile, tales plazos podrían ser determinados por la potestad reglamentaria. Así, la regulación futura deberá crear una ecuación compleja, que incluya, a lo menos el tiempo de los incumbentes, el potencial de comercialización de la propiedad industrial y el dominio público como situación por defecto.
En síntesis, los cuatro futuros reglamentos conforman un potencial de complejidad regulatoria considerable. Su contenido dependerá no solo de competencias técnicas disponibles, sino de voluntad política entre ministerios con agendas y mandatos diversos. Los espacios de coordinación regulatoria deben velar por crear una infraestructura normativa necesaria para que la transferencia de tecnología y de conocimiento en Chile se acelere y no se diluya, dejando a instituciones de educación superior e investigadores con directrices operacionales claras sobre esta ley.
Publicada en El Mercurio Legal.