“... Mediante la precisión efectuada se gana en claridad y certeza respecto de las reglas que rigen las declaraciones y garantías en nuestro derecho, cuestión que resulta de especial importancia si se considera que las declaraciones y garantías son frecuentemente fuente de importantes conflictos contractuales en los contratos de compraventa y toma de control de empresas, los que son generalmente resueltos por la justicia arbitral, según puede constatarse en nuestra práctica legal reciente…”. Las declaraciones y garantías son un instrumento contractual de origen anglosajón (representations and warranties) ampliamente expandido en el derecho chileno, en cuya virtud una parte efectúa una declaración respecto de la otra, en que asegura o garantiza la verdad de ciertos hechos o estado de cosas, pasando esa declaración a formar parte del contenido sustantivo de la relación contractual bajo la forma de una promesa de verdad. 

En los distintos modelos contractuales de adquisición y toma de control de empresas, incluido especialmente la compraventa de acciones (share parchase agreement), las declaraciones y garantías son en la práctica contractual chilena verdaderas cláusulas de estilo, en cuya virtud el vendedor asegura al comprador cuál es la real situación económica, financiera y legal de la empresa vendida, incluyendo aseveraciones sobre los estados financieros, la ausencia de contingencias tributarias, cumplimiento de regulaciones sectoriales o ambientales, situación de los activos y una serie de otros aspectos relativamente estandarizados que inciden en el valor de la compañía y la proyección de sus flujos futuros. Se trata, por lo mismo, de aseveraciones determinantes en la cuantificación del precio del contrato. 

La función de las declaraciones y garantías consiste básicamente en asegurar la efectividad de ciertas cualidades de la cosa vendida, i.e. la empresa, permitiendo al comprador descansar en las declaraciones practicadas, liberándose de la necesidad de verificar su corrección. De esta manera, se compensan asimetrías de información entre los contratantes que, de lo contrario, no pueden ser razonablemente remontadas, ni aún mediante un proceso de due diligence. 

Por lo mismo, en la práctica nacional y comparada existe acuerdo en que a las declaraciones y garantías subyace una atribución objetiva de los riesgos por defectos de información referidas a las cualidades de la cosa vendida.

Por lo mismo, en la práctica nacional y comparada existe acuerdo en que a las declaraciones y garantías subyace una atribución objetiva de los riesgos por defectos de información referidas a las cualidades de la cosa vendida. De esa función de las declaraciones y garantías se sigue que su infracción queda configurada por la sola falsedad o inexactitud de las aseveraciones efectuadas, siendo ese solo hecho objetivo suficiente para configurar la correspondiente responsabilidad contractual del vendedor, con prescindencia de cualquier otra consideración. 

En la doctrina jurídica chilena se ha ido consolidando la idea de que las declaraciones y garantías son fuentes de genuinas obligaciones contractuales; sin embargo, no ha existido una mayor reflexión acerca de la naturaleza jurídica de esas obligaciones. 

La idea de que las declaraciones de garantía son fuente de genuinas obligaciones resulta problemática, pues, a diferencia de la generalidad de las obligaciones personales, las declaraciones y garantías no le imponen ninguna conducta propiamente prestacional (dar, hacer o no hacer) a quien las formula. En su lugar, en las declaraciones y garantía el deudor asume solamente un riesgo, el que está configurado por la falsedad o inexactitud de las declaraciones efectuadas. 

Como en todo riesgo, el asumido por quien efectúa la declaración y garantía contractual es puramente contingente, lo que significa que dentro del horizonte de posibilidades está tanto que el riesgo se materialice como que ello no sea el caso. 

En la primera hipótesis se configura la responsabilidad en un sentido amplio del vendedor, mientras que, en la segunda, la formulación de la declaración y garantía no constituye en principio carga o gravamen alguno para quien la realiza. 

Bien mirada, esta estructura de la obligación emanada de la declaración y garantía contractual se corresponde con precisión con una antigua categoría que forma parte de nuestro derecho privado: las denominada obligaciones de garantía provenientes del derecho romano que, tradicionalmente, se relacionan con las obligaciones de saneamiento de la evicción y por vicios redhibitorios.

Las obligaciones de garantía son una clase de obligación en que el deudor asegura un determinado hecho al acreedor, comprometiéndose a responder frente al mismo en todos los casos en que ese hecho se verifica, con completa independencia de la causa u origen de esa verificación.

El objeto de toda obligación de garantía no es una conducta, sino que un riesgo, el que resulta puramente contingente (sufrir evicción, la existencia de vicios ocultos), generándose la responsabilidad del deudor por su sola verificación objetiva.

Si bien las obligaciones de garantía han sido tradicionalmente asociadas a las señaladas obligaciones de saneamiento en la compraventa, se trata de una categoría general, existiendo distintas hipótesis en que la ley o la convención son fuente de obligaciones de garantía. Dentro de estas últimas se encuentran, precisamente, las declaraciones y garantías contractuales. 

La principal virtud de las obligaciones de garantía como categoría es que muestran que el objeto de la obligación no tiene que consistir necesariamente en una conducta prestacional consistente en dar, hacer o no hacer, sino que puede consistir también en la sola asunción de un riesgo por el deudor, como lo es, entre otros, la falsedad o inexactitud de una declaración cuya verdad ha sido garantizada por el deudor al acreedor. 

La definición de que las declaraciones y garantías son efectivamente fuente de obligaciones contractuales y que esas obligaciones adoptan la forma de obligaciones de garantía tiene la ventaja de que permite determinar con precisión el régimen jurídico por el que se rigen. Ese no es otro que el régimen general de la obligación contractual. 

Esto significa que las declaraciones y garantías, entre otras cuestiones, pueden ser caucionadas por toda garantía que requiere de una obligación principal a la que acceder (hipoteca, finanza, cláusula penal); que las declaraciones y garantías pueden sujetarse a todas clase de modalidades, incluido un plazo extintivo que determina su período de vigencia, y que frente a la infracción de las declaraciones de garantías por el deudor se gatilla todo el sistema de remedios contractuales por incumplimiento, incluido no solo la indemnización de perjuicios, sino que también la rebaja de precio y la resolución contractual, en este último caso, siempre que la infracción sea determinante, grave o esencial.

De este modo, mediante la precisión efectuada se gana en claridad y certeza respecto de las reglas que rigen las declaraciones y garantías en nuestro derecho, cuestión que resulta de especial importancia si se considera que las declaraciones y garantías son frecuentemente fuente de importantes conflictos contractuales en los contratos de compraventa y toma de control de empresas, los que son generalmente resueltos por la justicia arbitral, según puede constatarse en nuestra práctica legal reciente. 

Publicada en El Mercurio Legal.