En un comentario general al Código de Ética aprobado por el Consejo General del Colegio de Abogados en 2011, Enrique Barros afirma: “el espíritu [de este Código] responde mejor a la idea de un código de buenas prácticas que a la semánticamente más pretenciosa de un código de ética. Por su naturaleza, la ética supone un hábito en el ejercicio de la virtud. Por eso, escapa a cualquier regulación”. 

Hay aquí dos conceptos de ética profesional. El primero entiende la ética como un sistema regulatorio especializado. El segundo se refiere a la ética como aquellos estándares morales de rectitud a los que se accede por medio del ejercicio de la razón práctica.

Por cierto, los estándares morales pueden encontrarse reflejados en normas de comportamiento de ‘códigos de ética’, pero eso es contingente. Por otro lado, una pregunta ulterior es si la ética ‘propiamente tal’ puede especificarse cuando un agente ejerce un rol social o institucional. Si ese fuera el caso, al abogado le sería exigible el cultivo de ciertas virtudes profesionales (Barros menciona la sabiduría, la fortaleza, la prudencia, y el sentido de la justicia), y le serían oponibles algunas obligaciones morales propias de su profesión. 

En la discusión pública, cuando se expresa angustia por la falta de sentido ético de abogados, parece claro que se está usando ‘ética’ en el segundo sentido. Pero si Barros tiene razón, entonces ‘esa’ ética supone un hábito y no puede ser motivada por medio de regulación. En este punto sin embargo Barros es algo equívoco. Si bien afirma en un punto que un código de ética no puede tener como horizonte un modelo de ‘abogado virtuoso’, poco después agrega que “en el trasfondo de las reglas del [código de ética] subyace un ethos profesional […] que es típico de una actividad que no sólo cumple una función privada, sino también pública”. 

El ethos profesional es típico de la profesión porque no es hipotético, sino verificable en el comportamiento, creencias y disposiciones de un grupo o agente. En la interpretación de la frase que el suscrito favorecería, la conexión entre las reglas del código de ética y el ethos profesional es tal que la internalización de las primeras favorece el fortalecimiento del segundo, en la dirección que apunta, correctamente, Barros. Esto es, la internalización de las reglas del código de ética por abogados favorece el cultivo de un ethos profesional en el que el abogado se entiende a sí mismo como ejerciendo una función pública.

Esta es la conexión que parece favorecer el Consejo General del Colegio de Abogados, que ha reaccionado a un escándalo público reciente que involucra a un abogado declarando que “los abogados y abogadas [son] servidores de la justicia y [cumplen] un rol público fundamental en el resguardo del Estado de Derecho”, concluyendo que para contribuir a ese resguardo es imperativo “fortalecer el control ético”, lo que básicamente implica universalizarlo. 

El argumento está abierto a la objeción de que peca de wishful thinking. En una cultura jurídica marcadamente positivista, en la que el abogado es entrenado en la facultad de derecho para separar la legalidad de la moralidad, es difícil que la internalización de normas refuerce la dimensión pública de la profesión. Y eso justifica en parte la ansiedad de la opinión pública, que se indigna ante el hecho de que el abogado parece entender que la moralidad de su función se agota en la legalidad. En otras palabras, que para el abogado toda obligación moral es supererogatoria: merece elogio si se observa, pero no merece reproche si es que no. 

En cualquier caso, lo que está en juego en el escándalo que motivó la declaración del Consejo General es la (falta de) fidelidad del abogado involucrado al derecho penal, y no solo su integridad ética. En este sentido es al menos curiosa la invocación que hace el Consejo del deber del abogado de ‘resguardar el Estado de Derecho’, porque si ese deber parte por reconocerse destinatario de normas penales, la vara está vergonzosamente baja. 

Para reivindicar las observaciones de Barros y la declaración del Consejo es necesario invertir el orden de los factores. El abogado ocupa una posición privilegiada en el desempeño del sistema jurídico. La forma del derecho depende tanto de su función como de la función judicial y administrativa. La representación de clientes es una manera en que el abogado cumple su función pública, de dar forma al derecho de una comunidad política. Por ello hay que empezar a tematizar la corrupción de los abogados como una forma de corrupción pública. 

No sabemos qué contribución podrá hacer el control ético en motivar tal cambio de paradigma, si es que alguna. Quizás es demasiado pretencioso insistir en dicha conexión. Eso solo mostraría que el problema que tienen los abogados no es todavía ético, sino político (i.e. institucional).