La Ley Sobre Arbitraje Comercial Internacional (LACI) establece que el único recurso disponible contra un laudo arbitral pronunciado en un arbitraje calificado como comercial e internacional, al tenor de su artículo primero, es la nulidad por causales tasadas de su artículo 34. Quedan por tanto excluidos cualesquiera otros recursos, ordinarios o extraordinarios, incluyendo los de casación y el de queja. Por otra parte, su artículo quinto excluye en dichos arbitrajes la intervención de ningún tribunal, salvo en los casos en que la misma ley disponga. Resulta así claro que la exclusión debe entenderse en sentido amplio, de manera que alcanza al recurso de protección y a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Esta limitación ha sido impugnada por vía de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (rol 15.144 ) y a la fecha de esta columna, y desde el 3 de julio de 2024, la causa se encuentra en estado de acuerdo. 

El profesor Alejandro Romero ha expresado su expectativa de que el tribunal rechace el recurso. Ha destacado que la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) elaboró una Ley Modelo que tenía por objeto promover el arbitraje internacional mediante lo que se conoce como principio de mínima intervención, conforme al cual la intervención de tribunales estatales en el arbitraje comercial internacional debe reducirse al mínimo. Agrega que Chile recogió esta ley modelo en la LACI, con el manifiesto propósito de hacer del país una sede atractiva para el arbitraje comercial internacional, y advierte el riesgo de frustrar este propósito si se cuestiona el método de impugnación. Observa, por último, que la impugnación es una de tantas “tácticas de guerrilla” utilizadas en el arbitraje. En todo esto el profesor Romero tiene razón. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones, por importantes que sean, responden la pregunta constitucional: ¿es la exclusión de todo recurso contra un laudo comercial internacional contrario a la Constitución Política? Un indicio de que así pudiera estimarse se encuentra en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (rol 420) con ocasión del control forzoso preventivo ejercido sobre la LACI. Allí declaró constitucionales los citados artículos 5 y 34 que establecen la nulidad como único recurso contra los laudos, pero sujeto a reserva de que “dejan a salvo las atribuciones que la Constitución otorga a la Corte Suprema (.. .), así como también, las acciones jurisdiccionales que contempla la Carta Política a favor de quienes puedan verse afectados en sus derechos fundamentales por la aplicación de esta ley”. 

Esta reserva sugiere que por fuerza de la Constitución procederían el recurso de queja, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad y quizás incluso el recurso de protección. Esta sugerencia se funda en una incorrecta comprensión tanto de la LACI como de la Constitución Política. Es de esperar que el Tribunal Constitucional aproveche la oportunidad que tiene para establecer la doctrina correcta. La LACI no reconoce función alguna a la Corte Suprema en el arbitraje comercial internacional y, en consecuencia, prohíbe cualquier intervención suya. Esto en modo alguno compromete la superintendencia que ella tiene sobre “todos los tribunales de la nación” (Constitución, art. 82). La conclusión contraria descansa en dos supuestos, ambos erróneos. El primero, que los tribunales arbitrales que conocen de asuntos comerciales internacionales en Chile son tribunales de la nación. El segundo, que la superintendencia “directiva, correccional y económica” comprende, necesariamente, la competencia de la Corte Suprema para anular lo resuelto por los tribunales de la nación. Los tribunales arbitrales comerciales internacionales son tribunales privados que no pertenecen a nación alguna. Las partes, al someterse voluntariamente a dichos tribunales, son soberanos para elegir la sede del arbitraje. Así como pueden elegir arbitrar en Chile, pueden elegir hacerlo en cualquier otro país. Por eso, la afirmación de la superintendencia de la Corte Suprema sobre estos arbitrajes no solo estaría fundada en un error, sino que sería contraproducente: las partes, que eligen arbitrar en Chile precisamente porque la intervención de los tribunales está limitada a la nulidad por causales tasadas, preferirán otras sedes arbitrales. Como la Corte Suprema no tiene ninguna posibilidad de ejercer control alguno sobre los arbitrajes que tienen lugar en el extranjero, no se habrá conseguido ningún mayor control de dicha Corte sobre el arbitraje comercial internacional. 

En segundo lugar, la superintendencia que la Constitución atribuye a la Corte Suprema no conlleva la posibilidad de anular lo resuelto por los tribunales de la nación. Esta posibilidad está establecida en las leyes y, por amplia que hoy sea, no es ilimitada. La Constitución no impide la derogación ni la reducción de la procedencia del recurso de queja. Por el contrario, el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de preceptos legales está establecido por la propia Constitución, y no puede una ley excluir su procedencia. Caben, sin embargo, dos consideraciones. En primer lugar, en cuanto se funda precisamente en la errada tesis de que la Constitución exige la procedencia de determinados recursos procesales, el recurso debe ser desestimado. En segundo lugar, es cierto que no puede reconocerse al artículo quinto de la LACI el efecto de excluir la posibilidad de recurrir de inaplicabilidad, pero debe reconocerse que, precisamente porque el recurso tiene como condición la existencia de una gestión judicial pendiente que necesariamente se referirá a algún aspecto de un arbitraje comercial internacional, el recurso está en tensión con el principio de mínima intervención. La deferencia que el Tribunal Constitucional debe al legislador democrático que aprobó la LACI determina que, desechado el mérito de la impugnación, deberá declarar inadmisibles por ausencia de fundamentación razonable (Constitución, art. 93 inc. 11) los recursos de inaplicabilidad que se puedan deducir en el futuro. Por último, el hecho de que en su artículo 20 la Constitución establezca el recurso de protección no ha sido obstáculo para que las cortes de apelaciones y la Corte Suprema, salvo casos aislados, hayan establecido su improcedencia contra resoluciones judiciales, por encontrarse el asunto bajo el “imperio del derecho”. Esta razón se aplica a fortiori en el arbitraje comercial internacional: son las propias partes quienes se han sometido a dicho arbitraje. Eso no asegura que sean tratadas con justicia, pero ninguna institución humana puede asegurarlo. El recurso de nulidad de la LACI permite anular el laudo en aquellas situaciones en que hay una injusticia patente. En los demás casos, la LACI ha preferido confiar en el acuerdo de las partes y en el criterio del tribunal arbitral. El recurso en acuerdo ante el TC representa un riesgo importante, pero también ofrece al tribunal una oportunidad inigualable para enmendar los errores de la sentencia dictada en la causa 420 que, afortunadamente, eliminando con ello una amenaza que pende sobre el sistema de arbitraje comercial internacional.

Publicado en El Mercurio Legal