La Corte Suprema recientemente declaró ilegal la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de someter las llamadas de cobranza extrajudicial telefónica efectuadas por la industrial del retail financiero al empleo del bloque de numeración 600. La sentencia fue dictada en recurso de amparo económico presentado por la Asociación Gremial de la Industria del Retail Financiero A. G. A juicio de la entidad, el Oficio N° 11.269/2025 de la Subtel que aclaró el sentido y alcance de su Resolución Exenta N° 286/2025 de la Subtel (RE 286) en cuanto a que las llamadas telefónicas de cobranza extrajudicial debían emplear un bloque de numeración específico 600 atentaba contra su derecho a la libertad económica protegido por el artículo 19 N° 21 de la Constitución.

La sentencia plantea diversos temas de interés para el derecho administrativo. En lo que sigue solo me referiré a la pregunta sobre el ámbito legítimo de control jurisdiccional del ejercicio de la potestad normativa administrativa, y en particular, a la deferencia debida a las decisiones del órgano regulador.

A mi juicio, en el presente caso la Corte debió satisfacer un estándar de argumentación mayor para desechar una interpretación administrativa de la ley efectuada por la Subtel.

El contexto regulativo de la impugnación fue el siguiente La Resolución Exenta N° 1319/2004 de la Subtel clasifica y define los servicios complementarios al servicio público telefónico en diversas categorías tales como servicios complementarios de información y entretención, de cobro revertido automático, de mensajerías de voz y de acceso conmutado a internet y les asigna un bloque de numeración. La RE 286 –impugnada indirectamente por los requirentes– incorporó dos nuevos servicios complementarios a dicha lista, a saber, de comunicaciones masivas no solicitadas, y de comunicaciones masivas solicitadas.

El Oficio N° 11.269/2025, a su vez, es una comunicación del Subsecretario de Telecomunicaciones en respuesta a una consulta del Retail Financiero respecto de la aplicabilidad de la RE 286 a su actividad económica.

En respuesta a dicha consulta, el Subsecretario expresó que “comunicaciones originadas de forma automatizada y/o masiva, con el fin de requerir pagos pendientes u ofrecer alternativas de regularización de deudas constituyen un servicio de información al suscriptor o usuario del suministro telefónico”.

La Subtel, por tanto, consideró las llamadas de cobranza extrajudicial como comunicaciones masivas solicitadas que debían emplear el bloque de numeración 600.

No fue objeto de controversia en el litigio la competencia de la Subtel para regular las concesiones de servicio público de telecomunicaciones y las prestaciones complementarias a dicho servicio público, sea por concesionarios o por terceros. No podría ser de otro modo, pues el ámbito de las potestades regulatorias de la Subtel reconocidas por el marco legal aplicable es sumamenteamplio
(Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones y Decreto Ley N° 1.762, de 1977, del Ministerio de Transportes, que crea la Subsecretaría de Telecomunicaciones).

De hecho, la Corte reconoce la competencia de la Subtel para imponer el deber a quienes prestan servicios complementarios de utilizar una numeración especial en ejercicio de su potestad regulatoria (SCS 41.033-2025, c. 5 ).

No obstante dicho reconocimiento, la Corte concluyó que la Subtel carecía de potestades para someter las llamadas de cobranza extrajudicial efectuadas por el Retail Financiero al bloque de numeración 600. La razón fue que a juicio de la Corte dichas llamadas no constituyen servicios complementarios del servicio público de telecomunicaciones (cc. 8 y 10). Para estos efectos, tuvo presente la definición de servicios complementarios contenida en el artículo 8 de la Ley N° 18.168.

La Corte afirma que las llamadas de cobranza extrajudicial no son “una prestación comercializada u ofrecida a los usuarios de telecomunicaciones para su contratación o suscripción, sino que (…) una comunicación efectuada por el acreedor a un deudor determinado, a través del medio telefónico.” Luego la Corte agrega que la cobranza extrajudicial telefónica no puede ser subsumida ni guarda relación con ninguna de las categorías de servicios complementarios que actualmente son clasificados por la Resolución Exenta N° 1319 de 2004 de la Subtel.

Los argumentos de la Corte son discutibles y no tan persuasivos. Partiendo por el segundo argumento, no parece adecuado que la Subtel esté constreñida con mayor o menor intensidad por las categorías de servicios complementarios reconocidos por su propia regulación.

Si aceptáramos una limitación de esa naturaleza, la administración no podría modificar la regulación dictada en respuesta a nuevos desarrollos tecnológicos o problemas sociales que afecten el bienestar de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

La RE 286, de hecho, tuvo por objeto ampliar la categoría de los servicios complementarios para incluir un fenómeno que responde a esas características, esto es, las llamadas masivas solicitadas o no solicitadas.

En lo que respecta al primer argumento de la Corte, este consiste en una interpretación restrictiva de los términos empleados por el legislador en el artículo 8° de la Ley N° 18.168. Dicha disposición define en su inciso 6° los servicios complementarios como “servicios adicionales que se proporcionan mediante la conexión de equipos a dichas redes”. En la misma línea el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 18/2014 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones) define en su artículo 2° a los servicios complementarios como “servicios adicionales suministrados por concesionarios de servicios de telecomunicaciones o terceros, mediante la conexión de equipos a las redes públicas.” Las amplias definiciones legales y reglamentarias sugieren que considerar a las llamadas de cobranza extrajudicial efectuadas por el Retail Financiero como un tipo de servicio complementario es compatible con el sentido literal posible de las disposiciones citadas.

Ahora bien, el punto crucial de esta columna no es criticar la interpretación de la Corte respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, sino que la ausencia en su sentencia de toda reflexión respecto del deber de deferencia técnica e institucional a la interpretación de la Subtel sobre el concepto de “servicios complementarios”. A mi juicio, existen razones para reconocer un lugar privilegiado a dicha interpretación administrativa que imponen un deber de motivación superior para desechar la interpretación administrativa de la ley en el presente caso.

Primero, el legislador le ha conferido a la Subtel el rol de órgano regulador del mercado de las telecomunicaciones, y por tanto sus decisiones están dotadas de una especial legitimidad institucional producto de una delegación democrática. Segundo, la Subtel está dotada de capacidades especiales en razón de su conocimiento experto de la materia regulada, que confiere a sus interpretaciones administrativas del marco regulatorio de las telecomunicaciones de legitimidad técnica.

Finalmente, pero no por ello menos importante, la ley, de forma clara e inequívoca, erige la interpretación de conceptos técnicos efectuados por la Subtel –y el concepto de servicios complementarios es uno de ellos– en un tipo de interpretación privilegiada en el sistema jurídico chileno.

En efecto, el artículo 6° inciso 2° de la Ley N° 18.168 establece que “le competerá además, exclusivamente [al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones] la interpretación técnica de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las telecomunicaciones.” Ello significa que la Corte le debía deferencia a la interpretación administrativa de la Subtel por mandato legal.

Que exista un deber de deferencia no significa que todos los operadores del sistema, incluyendo los tribunales ordinarios de justicia, deban aceptar de manera pura y simple cualquier interpretación administrativa de la ley. Entendida correctamente, la deferencia impone un deber de respetar la legítima esfera de decisión que el derecho público chileno ha reconocido a la administración. Por tanto, no parece razonable comprender el rol de control de la Corte como una potestad para desechar cualquier interpretación administrativa de la ley compatible con el sentido literal de la disposición.

Una práctica jurisprudencial que respeta el deber de deferencia opera con un principio de fundamentación más exigente, que demuestra de un modo claro la arbitrariedad de la interpretación administrativa de la ley.

Máxime si la propia ley privilegia la interpretación administrativa en un ámbito regulado, como ocurre en el presente caso.

En conclusión, la Corte empleó el recurso de amparo económico como un contencioso administrativo para corregir una interpretación administrativa de la ley en materia de telecomunicaciones. La sentencia se limita a defender una interpretación restrictiva de la definición legal de servicios complementarios al servicio público de telecomunicaciones, sin ofrecer argumentos suficientemente persuasivos que demuestren la falta de razonabilidad de la interpretación de la Subtel.

Desarrollar los criterios que habilitan a los tribunales ordinarios para rechazar una interpretación administrativa de la ley en el marco de un contencioso administrativo es una tarea pendiente del derecho público chileno.

Publicada en El Mercurio Legal.