La lucha contra la evasión y la elusión fiscal ha sido una prioridad para los gobiernos en su búsqueda de justicia tributaria y de asegurar el financiamiento del gasto público. Estas prácticas, sin duda, deben ser combatidas con energía, pues erosionan la base tributaria, generan inequidad y afectan la confianza en el sistema. No obstante, cabe reflexionar sobre el creciente protagonismo de la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos como herramienta principal para alcanzar las metas de recaudación fiscal, en desmedro del new deal reflejado en un espíritu facilitador laboriosamente construido y promovido en años recientes. Esta tendencia se acentúa en un contexto marcado por la imposibilidad de avanzar en una reforma tributaria que permita aumentar los impuestos.

Este cambio de enfoque no es menor. Mientras la legislación tributaria busca equilibrar derechos y deberes, una fiscalización intensiva con un marcado sesgo recaudatorio y basada en la desconfianza hacia posibles conductas elusivas o evasivas puede romper ese equilibrio. Este enfoque relativiza la presunción de buena fe y distorsiona el espíritu facilitador que debería orientar a la Administración Tributaria. La “dependencia fiscalizadora” como política de Estado, en la práctica, genera un aumento de las exigencias regulatorias y operativas para empresas y contribuyentes, obligándolos a destinar mayores recursos al cumplimiento tributario.

El riesgo radica en que, al tratar la fiscalización como una especie de sustituto de una reforma estructural, se subestima el impacto de estas medidas en la seguridad jurídica. Los contribuyentes pueden enfrentar incertidumbre respecto de cómo interpretar normas tributarias complejas, más aún frente al riesgo de una mayor discrecionalidad por parte de la autoridad fiscal. Además, el temor a sanciones severas o a trabas en el ciclo de vida puede inhibir la actividad económica, especialmente para pequeñas y medianas empresas que tienen menos capacidad para manejar riesgos fiscales. Recordemos que la recién publicada Ley de Cumplimiento Tributario aumentó fuertemente las herramientas de fiscalización y control al SII. Sin embargo, este avance no vino acompañado de medidas proporcionales para reforzar las garantías y resguardos en favor de los contribuyentes o para facilitar el cumplimiento de todas sus obligaciones, lo que genera un desbalance en la protección de sus derechos frente al Estado.

La fiscalización es vital para el buen funcionamiento del sistema tributario, pero es imperativo que el diseño de políticas públicas considere los efectos colaterales de una fiscalización desproporcionada y que no encarne el principio de buena fe. Más que nunca, se requiere un diálogo entre las autoridades fiscales, el sector privado y la sociedad civil para equilibrar los objetivos recaudatorios con la protección de los derechos de los contribuyentes. Combatir la evasión y la elusión fiscal es una tarea noble y necesaria, pero debe realizarse dentro de un marco que priorice la justicia, la colaboración, transparencia y la sostenibilidad del sistema tributario.

Publicado en el Diario Financiero

Eduardo Irribarra Sobarzo