La construcción de instituciones nunca ha sido fácil. Su diseño, implementación y posteriores ajustes requieren acuerdos técnicos y políticos, además de una mirada que sobrepase los ciclos electorales. También exigen considerar los cambios sociales y demográficos, así como comprender los factores y reglas que tienen impacto y cómo interactúan. A su vez, ello demanda un manejo complejo de los tiempos: dar el espacio necesario para construir un sistema institucional duradero, pero manteniendo la urgencia que evite posponer acuerdos a costa de soluciones “parche”. El sistema de justicia chileno es un buen ejemplo de estas dificultades. Desde el regreso a la democracia se impulsaron reformas de gran envergadura, como la reforma procesal penal y la creación de tribunales especializados en familia, laboral, ambiental y tributario, entre otros. A fines de los 90 también se reformó el sistema de nombramientos de la Corte Suprema. Otros proyectos, como un nuevo Código Penal y una reforma a la justicia civil, no prosperaron.
Nada de ello es trivial. En los indicadores de gobernanza mundial (World Wide Governance Indicators), el indicador de Estado de Derecho para Chile descendió de 79,08 en 2004 a 68,86 en 2024, sobre un máximo de 100 puntos. En el estudio regional sobre congestión judicial presentado por CEJA (2025), Chile empeoró en su capacidad de resolución de causas, pasando de 1,37 en 2019 a 0,72 en 2024, quedando bajo el promedio regional (0,92). Al mismo tiempo, la congestión judicial —que ya estaba por sobre el promedio regional— aumentó de 2,05 en 2019 a 2,55 en 2024. CEJA proyecta hacia 2030 un escenario desafiante, con riesgos significativos para el Poder Judicial.
Los sistemas de justicia están siendo objeto de reformas en múltiples sentidos a nivel comparado. En algunos países, como Hungría y México, el ataque a la independencia judicial ha sido directo y abierto; en otros, la degradación ha sido más gradual. También existen ejemplos de reformas basadas en evidencia para fortalecer la independencia, como Irlanda, que creó hace un año la Comisión de Nombramientos Judiciales para evitar su excesiva politización y recientemente presentó una revisión general del funcionamiento de su sistema judicial, incluyendo indicadores sobre duración de juicios y recursos per cápita. En ese país, la confianza en el Poder Judicial alcanza el 70% (OCDE 2025), mientras que en Chile llega al 25%.
Después de los casos de corrupción y tráfico de influencias, es indispensable fortalecer al Poder Judicial y su independencia. También lo es enfrentar los desafíos para lograr un sistema eficiente, predecible y que genere confianza en la ciudadanía. Todo ello requiere acuerdos legislativos y el uso de evidencia disponible. En tiempos de alta volatilidad y fragmentación, parece difícil. Sin embargo, eludir el fortalecimiento institucional es el peor camino para un país cuya democracia, seguridad y economía se basan en el Estado de Derecho.
Publicada en La Tercera.