La modernización de la función fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos ha progresado significativamente en los últimos años. Sin embargo, persisten diversas trabas administrativas que dificultan a los contribuyentes realizar gestiones tan básicas como iniciar actividades o avisar la modificación de su situación tributaria. Estas dificultades no solo generan frustración, sino que podrían también constituir una vulneración a los derechos de los contribuyentes.
El principio de facilitación del cumplimiento tributario ha sido históricamente un pilar del Servicio de Impuestos Internos. De hecho, durante mucho tiempo, el propio eslogan institucional fue "Facilitando el Cumplimiento Tributario". Esta filosofía busca promover que los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones de forma sencilla, rápida y transparente. No obstante, la realidad actual evidencia que este principio aún enfrenta importantes desafíos.
Cabe agregar además que el propio artículo 8 bis del Código Tributario establece el derecho a los contribuyentes a “que se facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, garantía respecto de la cual el propio Director instruyó que “En cumplimiento de esta norma, el Servicio deberá, por sus canales de comunicación, promover e informar los derechos y obligaciones tributarias de los contribuyentes, y el uso de herramientas tecnológicas, aplicaciones y otros medios que permitan facilitar el cumplimiento tributario.”
Por ejemplo, para iniciar actividades, algunos contribuyentes se han visto obligados a presentar una seria no menor de antecedentes como contratos u órdenes de compra con proveedores y clientes, una descripción de su plan de negocio, e incluso contratos de trabajo, entre otros documentos que resultan innecesarios para acreditar el inicio de una actividad. Esto es especialmente injustificado, ya que no todo emprendimiento cuenta desde el inicio con contratos firmados, ingresos asegurados o personal contratado. Esta exigencia, lejos de facilitar el cumplimiento tributario, puede frenar directamente que los contribuyentes comiencen a facturar, vender sus productos o prestar sus servicios, dificultando así su capacidad para emprender y generar ingresos.
Estas barreras, además, pueden contribuir al crecimiento de la economía informal, al desincentivar la formalización de actividades económicas que comienzan de manera
incipiente. Exigir requisitos desproporcionados termina expulsando del sistema a quienes más apoyo necesitan para integrarse a él.
Se entiende que el SII deba poner acento en el control de la evasión y elusión, una tarea indispensable para garantizar la equidad del sistema tributario. Sin embargo, esta mirada necesaria debe ponderar que dicho control no termine restringiendo a los contribuyentes que sí cumplen y que desean emprender, conseguir negocios para subsistir y crecer.
Experiencias internacionales han demostrado que la simplificación de trámites y el uso de plataformas digitales intuitivas aumentan significativamente la formalización y el cumplimiento tributario, sin sacrificar control fiscal. Estas reformas se han basado en la confianza en el contribuyente y el uso de tecnologías avanzadas, permitiendo un Estado más eficiente y un ciudadano más empoderado.
Es fundamental que el SII retome con renovado énfasis su vocación de facilitar el cumplimiento tributario. Para ello, resulta indispensable simplificar los procedimientos, modernizar y mejorar sus sistemas tecnológicos de control, asumir una postura empática y que verdaderamente presuma la buena fe de los contribuyentes, optimizar la experiencia del usuario en sus plataformas digitales y garantizar que cualquier requerimiento adicional sea siempre razonable y debidamente justificado.
En este sentido, el uso de herramientas como la inteligencia artificial y el análisis predictivo puede permitir al SII identificar riesgos con mayor precisión, sin necesidad de imponer exigencias genéricas que afectan a todos por igual. Esto permitiría diferenciar con mayor justicia entre quienes cumplen y quienes no, sin sobrecargar a quienes actúan conforme a la ley.
Finalmente, no puede olvidarse que la moral tributaria —la disposición ética de los contribuyentes a cumplir sus deberes fiscales— y la sostenibilidad del sistema tributario dependen en buena medida de la reciprocidad que perciban por parte del Estado. Cuando las instituciones hacen más difícil el cumplimiento, se erosiona esa disposición a colaborar, debilitando el pacto fiscal. Facilitar el cumplimiento no solo es una obligación legal, sino también un imperativo para fortalecer la legitimidad del sistema y su proyección futura.
El SII tiene hoy la oportunidad —y el deber— de revisar críticamente sus procedimientos y reenfocar su rol, reafirmando con hechos su compromiso con los derechos de los contribuyentes y el desarrollo económico del país. Facilitar el cumplimiento tributario no es una concesión: es una política pública inteligente.
Publicado en El Mercurio Legal