El Sernac cumple un rol central en la promoción de mercados competitivos, transparentes y justos para los consumidores, pero en el último tiempo ha recibido más atención por su gestión interna que por el ejercicio de sus potestades. La constante rotación de directivos, las objeciones de Contraloría —tanto a su gestión como a su coordinación con otras autoridades durante el apagón eléctrico de febrero—, y las críticas de su asociación de funcionarios reflejan un progresivo decaimiento institucional. Ello se evidencia también en su desempeño: sus cifras han caído sostenidamente, incluyendo los montos de compensaciones colectivas, que pasaron de $ 23 mil millones anuales a menos de la mitad, así como en el incumplimiento de varias recomendaciones formuladas por la Unctad en el año 2021.

En un contexto de modernización del Estado y reformas a otros supervisores, resulta oportuno preguntarse si el diseño institucional de nuestra autoridad de consumo sigue siendo el más adecuado. Desde 2016, la OCDE recomienda dotar a los organismos de supervisión económica de estructuras más responsables y autónomas, a fin de fortalecer la aplicación de la regulación y mejorar resultados.

En Chile, coexisten dos modelos: el de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), consejo autónomo, con consejeros designados por el Senado y mandatos desacoplados del ciclo político; y el del Sernac, autoridad unipersonal designada por Alta Dirección Pública y dependiente del Ejecutivo, similar a la FNE.

Este modelo unipersonal presenta riesgos. Una autoridad con escasa autonomía como vemos tiende a priorizar asuntos visibles para el Gobierno de turno como contingencias mediáticas, pero de escaso impacto estructural, y a desatender otras más relevantes al largo plazo.

La derogación de la Circular de Criterios de Priorización de Casos Colectivos dictada en 2021 que transparentaba la selección de casos según su masividad, detrimento y vulnerabilidad refleja un retroceso institucional, al reemplazar una política basada en evidencia por otra sujeta a decisiones discrecionales. Esto debilita la previsibilidad y el carácter técnico que debiera guiar la actuación del Servicio.

Además, la inestabilidad de directivos genera pérdida de conocimiento y costos de aprendizaje. Concentrar amplias potestades en una figura unipersonal reduce la predictibilidad institucional y afecta la reputación técnica del organismo.

La OCDE advierte que un buen diseño institucional debe mitigar estos riesgos. La experiencia internacional muestra que agencias colegiadas, con mandatos fijos y participación transversal del Estado en la designación, logran mayor equilibrio entre legitimidad democrática y estabilidad técnica.

La CMF, que fusionó las antiguas SBIF y SVS, es un ejemplo. El Sernac debiera avanzar en esa dirección, consolidando la protección al consumidor como una verdadera política de Estado. Incluso, podría evaluarse su integración con la FNE bajo un consejo autónomo, capaz de articular competencia y consumo desde una visión de largo plazo, integral y técnica del mercado, como ocurre en Reino Unido, Australia o Estados Unidos.

*Escrita junto a Andrés Pavón, Senior Counsel, Aninat Abogados.

Publicada en Diario Financiero.

Lucas Del Villar Montt