Con la finalidad de convertir a Chile en una sede atractiva para el arbitraje comercial internacional, el país aprobó en 2004 la Ley 19.971 sobre arbitraje comercial internacional (LACI). La normativa no hace más que reproducir la respectiva ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Uno de los principios fundamentales de la ley modelo es limitar la intervención de tribunales en el arbitraje. Este principio está consagrado en su artículo quinto, que en términos amplios prohíbe la intervención de tribunales, “salvo en los casos en que esta ley así lo disponga”. El principio de limitada intervención se refleja en un cuidadoso diseño del mecanismo de control de los laudos arbitrales. La LACI establece un único y limitado recurso para impugnar dichos laudos: una petición de nulidad ante la respectiva corte de apelaciones, que debe fundarse en alguna de las causales tasadas que señala el artículo 34.2 (a). Y para excluir toda duda, el epígrafe de dicho artículo reza “la petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral”, y su párrafo primero expresamente dispone que “contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme a los numerales 2) y 3) de este artículo”. Estas reglas son categóricas y clarísimas.
No cabe ninguna duda de que ellas constituyen una regla especial que sustrae los laudos comerciales internacionales de los modos de impugnación de las sentencias arbitrales del artículo 239 del Código Orgánico de Tribunales. Desgraciadamente, al revisar preventivamente la constitucionalidad de la LACI, el Tribunal Constitucional erróneamente sugirió que la Constitución podría impedir reconocer a sus artículos quinto y 34.1 el efecto de excluir los recursos de protección y de queja1. Esta incertidumbre no ha sido dañina respecto del recurso de protección, que habiendo sido admitido en el arbitraje doméstico en contadísimos casos (y hasta donde he podido investigar, jamás para revisar la sentencia definitiva), no parece haber sido intentado en el arbitraje comercial internacional. No puede decirse lo mismo del recurso de queja. Se ha intentado impugnar laudos comerciales internacionales mediante este recurso tanto directa como indirectamente. Se lo intenta directamente cuando el recurso de queja se dirige contra el laudo.
La Corte de Apelaciones de Santiago, correctamente, declaró inadmisible esta vía por contravenir lo dispuesto en el artículo 34 de la LACI (Agricservices Chile Ltda. con Juez Árbitro Romero Seguel, sentencia de 23 de julio de 2010, rol Civil-2363-2010)2. El laudo arbitral ha sido indirectamente atacado mediante el recurso de queja cuando este se ha intentado ante la Corte Suprema contra la decisión de la corte de apelaciones que desestima el recurso de nulidad del laudo arbitral internacional. Originalmente la corte declaró inadmisibles estos recursos, lo que resultaba consistente con el artículo 34.1 de la LACI3. Adicionalmente, la resolución recurrida no es de aquellas susceptibles de impugnarse por el recurso de queja, razón por la cual también resulta inadmisible. En fallo reciente, la Corte Suprema, en sala integrada por los ministros Prado Puga, Silva Cancino, Melo Labra y Muñoz Pardo, y el abogado integrante Fuentes Mechasqui, volvió a desestimar esta vía indirecta de impugnación del laudo4. Esta vez, sin embargo, en lugar de declarar el recurso inadmisible, lo trajo en relación5. Esta decisión, en la medida en que supone aceptar que el recurso resulta idóneo para impugnar la resolución de la corte de apelaciones que se pronuncia sobre el recurso de nulidad del laudo comercial internacional, desconoce que dicha resolución carece de la naturaleza que el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales exige para que el recurso de queja sea procedente y genera un riesgo de infracción del artículo 34.1 de la LACI. La corte eludió este último riesgo.
Después de consignar que la resolución impugnada rechazó razonadamente la solicitud de nulidad del laudo, declaró que “el recurso de queja no ha sido instituido como una tercera instancia para revisar y corregir interpretaciones normativas que sustenten decisiones jurisdiccionales” (considerando octavo). Consecuente con esta declaración, omitió enjuiciar las razones ofrecidas en la resolución impugnada. Evitó así controlar tanto el mérito de la resolución impugnada como la corrección formal y material del laudo arbitral. Aunque la corte no precisa qué es lo que consideraría una falta o abuso graves que justificaran acoger el recurso, su deferencia hacia la corte de Apelaciones sugiere que solo faltas disciplinarias graves calificarían como tales. Así, la Corte Suprema tuvo el cuidado de evitar convertir el recurso de queja en una acción para la impugnación indirecta de los laudos comerciales internacionales, en infracción del artículo 34.1 de la LACI. Sin embargo, el riesgo de que ello ocurra no ha desaparecido. Recientemente se ha presentado ante el máximo tribunal otro recurso de queja contra una sentencia de corte de Apelaciones que rechazó anular un laudo comercial internacional6. El recurrente ha pedido que se anule no solo la resolución impugnada, sino también el laudo arbitral7. La corte, sin pronunciarse sobre la admisibilidad, ordenó a los jueces recurridos informar8. Esta tramitación dio al recurrente oportunidad para recurrir ante el Tribunal Constitucional de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 5 y 34.1 de la LACI, lo que difícilmente habría sido posible si la corte hubiera declarado inadmisible el recurso9. El Tribunal Constitucional, por una mayoría de siete votos y una disidencia, desestimó la inaplicabilidad solicitada. Sin embargo, la opinión de mayoría desaprovechó la oportunidad para desmentir categóricamente que la Constitución otorgue a la Corte Suprema competencias para la revisión, directa o indirecta, de un laudo comercial internacional. Solo la ministra Yáñez, en consideraciones adicionales expresadas en prevención, ofreció un argumento que asegura la exclusividad del recurso de nulidad del artículo 34.2 de la LACI no solo frente al recurso de queja, sino también ante las temidas facultades para actuar de oficio que la Corte suele reclamar10. Es el propio artículo 82 de la Constitución el que expresamente previene en su inciso segundo que “los tribunales superiores de justicia, en uso de sus facultades disciplinarias, solo podrán invalidar resoluciones jurisdiccionales en los casos y forma que establezca la ley orgánica constitucional respectiva”, de modo que la anulación de resoluciones en el ejercicio de las facultades correctivas, además de ser excepcional, no encuentra amparo en la Constitución, pues es una materia que queda encargada al legislador orgánico constitucional. Luego, solo a través de una Ley Orgánica se puede habilitar a la Corte Suprema a invalidar una resolución que resuelve un recurso de nulidad especial en contra del laudo derivado de un arbitraje comercial internacional11.
La disposición constitucional citada, introducida por reforma del año 1997, no puede ser más clara: la Constitución no otorga a la Corte Suprema facultades para invalidar resoluciones judiciales, ni a petición de parte ni de oficio. Tales facultades deben establecerse por ley orgánica constitucional, carácter que tienen tanto el Código Orgánico de Tribunales como los artículos 5 y 34 de la LACI12. El primero no considera la posibilidad de recurrir de queja contra un laudo respecto del cual se puede recurrir de nulidad, ni contra la sentencia de la corte de Apelaciones que desestima dicho recurso13. Vistas estas normas, el control por el máximo tribunal de los laudos arbitrales internacionales no es solo ilegal, sino derechamente inconstitucional. Resulta por ello preocupante que, luego de desestimado por el Tribunal Constitucional el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, la Corte Suprema, en vez de declarar inadmisible el recurso de queja, haya decidido traerlo en relación14, y, más preocupante aún, que terminada la vista de la causa la haya dejado en estudio por 30 días15. Esta decisión sugiere que al menos dos ministros tienen interés en estudiar el fondo del asunto, lo que no parece consistente con el alcance que la propia corte (ministros Prado Puga, Silva Cancino, Melo Labra y Muñoz Prado, y abogado integrante Fuentes Mechasqui) dio en octubre pasado a la categoría de “falta o abuso grave”16. Si la corte llegara a anular el laudo, introduciría una enorme incertidumbre sobre su fuerza, aunque resultaría imposible ejecutarlo en Chile, pues resulta inimaginable que los tribunales nacionales desconocieran la anulación por la corte, por efecto de la Convención de Nueva York 1958, podría intentarse su ejecución en cualquiera de los otros 171 Estados parte. El ejecutado ciertamente opondría que el laudo ha sido anulado, pero el ejecutante podría sostener, fundadamente, que dicha anulación no fue resuelta por la única autoridad judicial reconocida por el derecho de la sede arbitral (Chile) como competente para ello. Precisamente porque la Corte Suprema carece de potestad para anular el laudo, sería también dudoso el alcance de tal anulación ante una eventual excepción de cosa juzgada que se opusiera en un segundo juicio arbitral. Si la corte llega a anular el laudo, habrá destruido la reputación esforzadamente ganada por Chile como sede de arbitraje comercial internacional. 1 Tribunal Constitucional, Proyecto de ley sobre arbitraje comercial internacional, sentencia de 25 de agosto de 2004, rol 420.2 Más recientemente, Corte de Apelaciones de Santiago, Albermarle Ltda. con juez Árbitro Baraona González, sentencia de 7 de marzo de 2024, rol Civil-1474-2024. En rigor, la corte declaró inadmisible el recurso por considerar que el agraviado disponía del recurso de nulidad de la LACI, de manera que no se cumplía con el requisito de no ser la resolución “susceptible de recurso alguno, ordinario o extraordinario”, que exige el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales para que proceda la queja. La corte no señaló que el recurso también resultaba inadmisible por efecto del artículo 34.1 de la LACI. Conociendo de la queja deducida contra esta resolución, la Corte Suprema confirmó la improcedencia del recurso de queja contra laudos comerciales internacionales: “Desde una perspectiva formal, el recurso de queja resulta del todo inadmisible, al haberse establecido, por los ministros recurridos, que en el juicio arbitral regía la citada ley especial”, esto es, la LACI (considerando sexto). La Corte Suprema también reconoció la competencia del tribunal arbitral y de la corte de Apelaciones para calificar la naturaleza comercial internacional del arbitraje, que en el caso resultaba dudosa. Vid., Corte Suprema, Albermarle Ltda. con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 28 de mayo de 2024, rol 10854-2024.3 Río Bonito S.A. y otros con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 3 de diciembre de 2015, rol 30967-2015; Constructora Emex Ltda. con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 30 de abril de 2014, rol 8699-2014, y Río Bonito S.A. y otros con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 16 de diciembre de 2013, rol 7341-2013.4 Inversiones Cerro Concepción Ltda. y otros con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 14 de octubre de 2024, rol 4105-2024.5 Id., resolución de 15 de mayo de 2024.6 Corte Suprema, Fimer SpA con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 1888-2024.7 Id., numeral tres de la petición principal (“se dicte sentencia de reemplazo, acogiendo el recurso de nulidad interpuesto por FIMER SpA, en los términos solicitados en el recurso de nulidad, o bien, en aquellos que S.S. Excma. determine conforme a derecho y al mérito del proceso”). 8 Id., resolución de 29 de enero de 2024.9 Tribunal Constitucional, Fimer con Enel Green Power Chile S.A., rol 15144-24-INA. Me he referido a este caso, antes de que se fallara, en “La limitación de recursos en el arbitraje comercial internacional”, El Mercurio Legal, 6 de septiembre de 2024.10 No debiera sorprender que en primer otrosí del recurso de queja en Inversiones Cerro Concepción Ltda. y otros con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se pidiera subsidiariamente a la corte anular de oficio la resolución recurrida. Existen antecedentes de tales anulaciones de oficio. Vid. Corte Suprema, Sudamérica Spa y otro con ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 14 de septiembre de 2020, rol 19568-2020 (por estimar que la Corte de Apelaciones de Santiago había incurrido en error al desconocer efecto a la estipulación de las partes que permitía apelar el laudo comercial internacional, la Corte Suprema anuló de oficio su declaración de inadmisibilidad), y Eldu SpA con jueces árbitros Barros, Gómez y Lyon, sentencia de 30 de junio de 2023, rol 32356-2022 (anulación de oficio de un laudo doméstico). 11 Tribunal Constitucional, Fimer con Enel Green Power Chile S.A., prevención de la ministra Yáñez, punto 1, rol 15144-24-INA. 12 Vid. Tribunal Constitucional, Proyecto de ley sobre arbitraje comercial internacional, sentencia de 25 de agosto de 2004, considerando sexto, rol 420.13 Esto último también fue expresamente señalado por la ministra Yáñez en Tribunal Constitucional, Fimer con Enel Green Power Chile S.A., prevención de la ministra Yáñez, punto 2, rol 15144-24-INA. 14 Corte Suprema, Fimer SpA con Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, resolución de 4 de marzo de 2025, rol 1888-202415 Id., certificado y resolución de 31 de marzo de 2025.16 Vid. n. 4 supra.
Publicado en El Mercurio Legal