El Tribunal Constitucional ha venido declarando inaplicable por inconstitucional la exigencia legal de “antecedentes de buena conducta” para obtener el título de abogado (Código Orgánico de Tribunales, art. 523 N° 4) desde mayo de 2023¹. En esta jurisprudencia es posible identificar dos fundamentos independientes: trato desigual y delegación en blanco.

El control de la ética profesional es tan deficitario que, de facto, los abogados no están sujetos a la necesidad de mantener buena conducta en su ejercicio profesional. El tribunal considera que ese déficit determina que resulte inconstitucional exigir antecedentes de buena conducta para obtener el título de abogado². Se equivoca.

Su argumento tiene la siguiente estructura: “El trato que se da a una primera categoría de personas (postulantes al título de abogado) está adecuadamente justificado en una finalidad legítima. Dicha finalidad exigiría determinadas restricciones a una segunda categoría de personas (abogados titulados). Este segundo grupo no está sujeto a tales restricciones. En consecuencia, el trato que se da al primer grupo es desproporcionado y, por tanto, inconstitucional”.

Tal exigencia de trato igualitario fue rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Para reducir las distracciones que afectaban al tráfico, la ciudad de Nueva York prohibió, con algunas excepciones, los vehículos con avisos comerciales. Luego de verificar que la finalidad de la ordenanza era legítima y que la prohibición resultaba idónea para promoverla, la corte constató que ella no acababa con todas las distracciones en el tráfico, como las de los letreros luminosos en Times Square y de vehículos exceptuados de la prohibición, pero advirtió que si esta circunstancia determinaba la inconstitucionalidad de la ordenanza, el Estado regulatorio quedaba sostenido sobre fundamentos muy precarios³.

La doctrina de igualdad desarrollada por nuestro Tribunal Constitucional en la jurisprudencia que se comenta tiene potencial para corroer toda regulación.

La garantía de comportamiento correcto de los abogados justifica exigir de los postulantes al título no haber tenido conductas que razonablemente manifiesten una inclinación a infringir la ética profesional. Esta exigencia no es sin embargo compatible con cualquier interpretación de “antecedentes de buena conducta”.

En uno de los casos conocidos por el tribunal, el postulante había sido condenado por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte⁴. El delito era del año 1992. El postulante obtuvo el grado de licenciado en ciencias jurídicas 25 años después del delito. La Corte Suprema le negó por última vez su solicitud de juramento en enero de 2022, casi 30 años después del delito. Resulta manifiestamente irracional colegir de un manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, ocurrido hace 30 años, una disposición de carácter contraria a la ética profesional, pero tal asociación no parece irracional en la mayoría de los otros casos, cuyos antecedentes incluían condenas por falsificación o uso malicioso de instrumento público, por presentación de testigo falso en juicio civil, por malversación de caudales públicos y por cohecho, así como adulteración de la concentración de notas presentada al expediente de titulación⁵.

En vez de analizar si la aplicación de la exigencia legal de antecedentes de buena conducta resultaba inconstitucional en concreto, atendidas las circunstancias de cada caso, el tribunal prefirió fundar la declaración de inaplicabilidad en que la exigencia legal de “antecedentes de buena conducta” constituía una delegación en blanco y, por tanto, inconstitucional⁶. Tuvo para ello presente la enorme discreción que la categoría “buena conducta” otorga a la Corte Suprema.

Esta argumentación es correcta⁷. Junto con garantizar la libertad de trabajo (Constitución, art. 19 N° 16), la Constitución autoriza al legislador tanto a “determinar las profesiones que requieren grado o título universitario”, como “las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas”. Estas pueden referirse tanto a la obtención del título profesional como al posterior ejercicio profesional, pero la Constitución exige que sea el propio legislador quien establezca estas condiciones. Y este no cumple con tal exigencia si establece una condición tan vaga que en los hechos delega a una autoridad administrativa (como lo es la corte al calificar los requisitos legales para obtener el título de abogado) la determinación de su contenido.

La desvinculación de las razones para declarar la inaplicabilidad de la regla de las circunstancias de casos específicos sugiere la posibilidad de que el tribunal declare la inconstitucionalidad del artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales (Constitución, art. 93 N° 7) con efectos generales⁸. Si ello ocurre, el legislador debiera evaluar introducir una regla que acote la exigencia de buena conducta a circunstancias que guarden relación con la exigencia de un desempeño profesional éticamente correcto.

Esto nos devuelve al punto de la discriminación arbitraria: se debe evitar una comprensión de la igualdad que impida al legislador introducir una regla semejante mientras no garantice la efectividad de la ética profesional en el ejercicio de la abogacía.

“Los males en un área pueden ser de distintas dimensiones y proporciones y requerir soluciones diversas. O así puede considerarlo el legislador (…). O la reforma puede hacerse paso a paso, partiendo por la parte que al legislador se le presenta como más urgente (…). El legislador puede elegir aplicar un remedio a una parte de un área, desatendiendo las otras partes (…)”.

El tribunal debe articular una doctrina de la igualdad que equilibre adecuadamente la proscripción de la arbitrariedad con deferencia al legislador para establecer prioridades. Así lo exige el principio democrático.

*Agradezco al ayudante de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Pedro Antonio Torres Aránguiz, quien contribuyó a la investigación para este comentario.

1. Estas sentencias generan una indudable tensión entre las competencias del Tribunal Constitucional y las de la Corte Suprema, pues es a esta última a la que corresponde calificar si se cumple la exigencia legal de buena conducta (Código Orgánico de Tribunales, art. 523 N° 4) y otorgar el título de abogado (Código Orgánico de Tribunales, art. 521). Aunque esa tensión no es el objeto del presente comentario, es interesante consignar los efectos que ellas han tenido.

La sentencia de inaplicabilidad de 11 de mayo de 2023 (rol 13.081-2022) no tuvo consecuencias directas en el recurso de protección que motivó la acción ante el Tribunal Constitucional, pues este fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago (sentencia de 18 de febrero de 2022, rol Protección-1121-2022), resolución luego confirmada por la Corte Suprema (sentencia de 7 de agosto de 2023, rol 7.286-2022). Sin embargo, examinado el portal de búsqueda de abogados del Poder Judicial, se constata que el actor fue investido con el título de abogado el 1 de septiembre de 2023, lo que sugiere que la declaración de inaplicabilidad tuvo un efecto reflejo en el procedimiento administrativo de juramento ante la Corte Suprema.

La sentencia de 16 de agosto de 2023 (rol 13.913-2022) declaró inaplicable el artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales en el procedimiento administrativo de titulación ante la Corte Suprema. A la fecha de redacción de este comentario no parece que el interesado haya sido investido con el título de abogado. No cabe, sin embargo, concluir de esta sola circunstancia que la Corte esté desconociendo el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional. La falta de titulación podría explicarse por otros reparos en el expediente de titulación. Cabe consignar que la sentencia del tribunal fue dividida y que una de las razones que la minoría (ministros Pozo, Letelier y García) tuvo para disentir es que la inaplicabilidad solicitada no resultaba determinante, pues la Corte también había considerado que el postulante no estaba en posesión del grado de licenciado en Derecho conforme a la ley.

Las sentencias de inaplicabilidad de 17 de abril de 2025 en las causas roles 15.610-24 INA y 15.638-24 INA no tuvieron consecuencias directas en los recursos de protección que motivaron las acciones ante el Tribunal Constitucional, pues ambos fueron declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Santiago (sentencias de 2 y 3 de julio de 2024, roles Protección-16.431-2024 y Protección-16.680-2024), resoluciones luego confirmadas por la Corte Suprema (sentencias de 12 de mayo de 2025, roles 26.782-2024 y 28.805-2024). A la fecha de redacción de este comentario, los actores no aparecen investidos del título de abogado. Considerando que las resoluciones que ordenaron cumplir la confirmación de la inadmisibilidad de los respectivos recursos de protección son de fecha 3 de junio de 2025, resulta prematuro concluir que la Corte no ha reconocido a la inaplicabilidad declarada un efecto reflejo en el procedimiento administrativo de titulación.

El recurso de protección rol Protección-16.394-2024 de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto del cual el Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad por sentencia de 17 de abril de 2025 (rol 15.609-24 INA), fue declarado admisible y se encuentra en actual tramitación ante dicha corte.

A la fecha de redacción de esta columna, se encuentran con decreto de autos en relación ante la Corte de Apelaciones de Santiago las acciones de protección (roles Protección-16.478-2024 y Protección-19.439-2024) que motivaron los recursos roles 15.611-24 INA y 15.836-24 INA ante el tribunal.

Por último, por encontrarse reservado el respectivo expediente electrónico, no ha sido posible examinar la acción de protección que dio lugar a la causa rol 15.632-24 INA. En todo caso, dicha acción aparece como “Fallada-Terminada”, pero el actor no aparece investido del título de abogado.

2. “En el caso de los abogados, la ‘buena conducta’ es solo un requisito de acceso, pero no de ejercicio, pues una vez otorgado el título, no se pierde el título por el hecho de tener ‘mala conducta’”. Sentencias de 16 de agosto de 2023 (rol 13.913-2022), considerando 39º; sentencias de 17 de abril de 2025 (roles 15.609-24 INA, 15.638-24 INA, 15.610-24 INA, 15.611-24 INA, 15.632-24 INA y 15.638-24 INA), considerando 23º; y de 19 de junio de 2025 (rol 15.836-24 INA), considerando 24º. Un argumento similar fue consignado en la prevención de las ministras Yáñez y Silva en la sentencia de 11 de mayo de 2023 (rol 13.081-2022), núms. 20 y 21.

3. Corte Suprema de Estados Unidos, Railway Express Agency v. New York, 336 U.S. 106 (1949).

4. Rol 13.081-2022. Este es el único de los casos comentados en que el actor parece haber sido investido del título de abogado. Vid. nota 2 supra.

5. Roles 13.913-2022, 15.609-24 INA, 15.611-24 INA, 15.632-24 INA, 15.638-24 INA y 15.836-24 INA. El postulante en el caso 15.610-24 INA fue sobreseído definitivamente en causa criminal seguida en su contra por ejercicio ilegal de la abogacía y falsificaciones documentales. El sobreseimiento se fundó en la prescripción de la acción penal.

6. Sentencia de 11 de mayo de 2023 (rol 13.081-2022), considerandos 11º y 12º; sentencia de 11 de agosto de 2023 (rol 13.913-2022), considerandos 44º a 47º; sentencias de 17 de abril de 2025 (roles 15.609-24 INA, 15.610-24 INA, 15.611-24 INA, 15.632-24 INA, 15.638-24 INA), considerandos 26º a 29º; y sentencia de 19 de junio de 2025 (rol 15.836-24 INA), considerandos 27º a 30º.

7. Reservo mi opinión sobre la estrategia de evitar un análisis de constitucionalidad en concreto.

8. Esta posibilidad también está sugerida por la alineación de los actuales miembros titulares del tribunal. Tal declaración requiere la concurrencia de ocho ministros. La presidenta Marzi y los ministros Yáñez, Silva, Fernández, Mera, Lagos y Peredo están comprometidos con la inconstitucionalidad de la regla. En las causas 13.913-2022, 15.610-24 INA, 15.632-24 INA y 15.638-24 INA, la ministra Silva ha disentido de la mayoría, pero por razones que no ponen en cuestión ese compromiso. Los ministros Mery y Gómez, por su parte, sí han disentido de la tesis de fondo de la mayoría. La ministra Precht no parece haber tenido ocasión de pronunciarse sobre el asunto. De su opinión estaría dependiendo la posibilidad de invalidación del artículo 523 N° 4 del Código Orgánico de Tribunales.

9. Corte Suprema de Estados Unidos, Williamson v. Lee Optical, 348 U.S. 483, 489 (1955), traducción del autor. El original dice: “*Evils in the same field may be of different dimensions and proportions, requiring different remedies. Or so the legislature may think. Tigner v. State of Texas, 310 U. S. 141. Or the reform may take one step at a time, addressing itself to the phase of the problem which seems most acute to the legislative mind. Semler v. Oregon State Board of Dental Examiners, 294 U. S. 608. The legislature may select one phase of one field and apply a remedy there, neglecting the others. A.F. of L. v. American Sash Co., 335 U. S. 538 (...)”.

 Publicado en El Mercurio Legal.