Señor Director: Los organismos regulatorios y persecutorios, el sistema de justicia y los abogados tienen acceso a información extremadamente sensible para los individuos y las organizaciones. La ley y la regulación ética asociada a la profesión legal ponen, por ello, exigencias especialmente intensas para su manejo. Estas exigencias no solo responden al injusto daño que el manejo descuidado de la información puede ocasionar a las personas. Ellas son también condición del buen funcionamiento del sistema judicial, que requiere contar con información suficiente para tomar decisiones justas en forma oportuna. Los poseedores de información sensible evitarán entregarla si perciben un riesgo significativo de filtración. Ello redundará en un deficiente funcionamiento de la administración de justicia. 

El manejo de la información en el caso Audio está generando un precedente extraordinariamente negativo. El Ministerio Público, responsable de custodiar la información privada de que dispone, no ha evitado filtraciones a la prensa que alimentan el evidente sensacionalismo que han mostrado buena parte de los medios de comunicación. La prensa publica casi diariamente información de interés anecdótico revestida de supuesto interés público, pero comprometedora para los involucrados. La defensa ha llevado esta práctica al paroxismo, poniendo plazo a todos quienes han tenido conversaciones con Luis Hermosilla para que lo revelen. El espectáculo se reproduce constantemente en la prensa. Un sistema de justicia que funcione con ese nivel de resguardo de la información es inviable. Incluso las agencias regulatorias tienen inhibiciones para colaborar con el Ministerio Público a causa de sus enormes deficiencias en el manejo de información sensible. El precedente resulta particularmente devastador para el Derecho Penal Económico. 

¿Quién compartirá información comercial sensible con el Ministerio Público ante semejante indiscreción?El comportamiento de los actores en cuestión transgrede constantemente sus obligaciones éticas e institucionales. La falta de reacción de la profesión legal ante esto es perturbadora.

Publicado el El Mercurio por Rodrigo Correa, Adrián Schopf, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann