La indicación del Ejecutivo al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa incorpora a la Ley 21.325 un artículo (104 bis) que obliga a todo órgano del Estado, previsional, prestador de salud y educacional, público o privado, a informar sobre los migrantes con procesos migratorios en tramitación.

La indicación parece clara, pero tiene dos problemas. El primero es de redacción. No se distingue quiénes son "los migrantes con procesos en tramitación": ¿el declarado inadmisible?, ¿el solicitante de refugio en frontera? Tampoco se delimita el uso de la información: el Servicio Nacional de Migraciones decidirá a su arbitrio qué califica como fin migratorio, habilitando usos que van desde sanciones hasta evaluar renovaciones de residencia.

El segundo problema atiende a sus efectos sociales. Convertir hospitales y escuelas en canales de información migratoria produce un efecto disuasivo sobre el uso de servicios esenciales, incluso cuando se tiene derecho a ellos. En Estados Unidos, las políticas restrictivas generaron un comportamiento evasivo, con efectos negativos en la salud de mujeres y niños (Wang et al. 2022). Además, cuando los migrantes perciben colaboración entre la policía y las autoridades migratorias, denuncian menos delitos y se retiran de instancias comunitarias.

Para examinar si este patrón operaba en Chile, gracias a un Fondecyt Regular obtenido con Ricardo González (LEAS, UAI), y que contó con la colaboración de Francisca Anguita, Roxana Casas, Catalina Ruf y el profesor Asad L. Asad (U. de Stanford), encuestamos entre abril y agosto de 2025 a 1.508 migrantes en cuatro regiones del país.

Los resultados confirman la evidencia internacional. Expuestas a un escenario de mayor restricción, las personas se mostraron menos dispuestas a ejercer sus derechos laborales; por el contrario, expuestas a un escenario inclusivo, su disposición aumentó en magnitud equivalente. El efecto disuasivo se concentró en las conductas que el 104 bis volvería más riesgosas: menos disposición a buscar un nuevo empleo y, lo más preocupante, a acudir a un servicio de salud tras un accidente laboral.

Si una viñeta de pocos segundos basta para que las personas declaren que evitarán la salud tras un accidente, una obligación legal expresa produciría un efecto análogo y más persistente en el conjunto de la población migrante, que difícilmente distinguirá entre categorías administrativas finas.

El proyecto se presenta para fortalecer el orden migratorio, pero la evidencia comparada y los datos en Chile sugieren lo contrario: no más regularización, sino más informalidad; no más seguridad, sino más subregistro; no más cumplimiento, sino una población que aprende a no aparecer. Antes de aprobar el artículo 104 bis, esa evidencia debería pesar.

Publicada en La Segunda.

Mayra Feddersen