Primer acto. Esta semana el Presidente Sebastián Piñera, decidió ocupar valiosos minutos de su tiempo para lanzar el plan “Elige vivir sin drogas”, que pretende paliar una realidad que se ha vuelto tan monstruosa como habitual en Chile: jóvenes y pre-jóvenes que a temprana edad ya están insertos en el mundo de la marihuana, cocaína, pasta base y un largo etcétera.

Sin lugar a dudas, siempre será relevante cualquier intento por cambiar el estado de situación que vive el país en esta materia. Hoy Chile ostenta el primer lugar de América Latina en consumo de algunas de estas sustancias, en chicos de octavo a cuarto medio. Y en menores, el uso de marihuana ha aumentado en 58% en los últimos ocho años, de acuerdo al Senda.

El problema radica en que -como tantas otras veces- se trata de una buena idea, pero que queda en la superficie, en el magma comunicacional, y con pocas posibilidades de tener un efecto real en la crisis. Primero, porque se basa en un triunvirato virtuoso compuesto por los colegios, el Estado y la familia, que en la práctica siempre queda cojo. ¿De qué familia hablamos, cuando los padres tienen horarios de trabajo larguísimos y casi no ven a sus hijos?

Por otra parte, desde el Estado y como lo han dicho los especialistas, el presupuesto asignado es prácticamente ridículo. 500 millones de pesos para más de 4 millones de jóvenes, no tiene sentido. Poniendo los montos sobre la mesa, son aproximadamente 125 pesos por joven. ¿Ese es el gran plan?

SEGUNDO ACTO. Se trata de una escena que ya habíamos visto, pero con otros protagonistas. En 1995, el exministro Francisco Javier Cuadra denunció el consumo de drogas por parte de parlamentarios. Ante ello, varios diputados materializaron un show comunicacional en el que se practicaban un test para demostrar que no consumían estupefacientes. 25 años después, otro grupo de congresistas -liderados por la RN Camila Flores- decidió cambiar los frascos con orina por modernas pruebas de consumo, por supuesto frente a las cámaras. Nada más que una puesta en escena.

Pero además, aquello dio pie para que otros parlamentarios, por ejemplo, el frenteamplista Diego Ibáñez reconociera públicamente que ha consumido marihuana de manera recreacional y que aquello no tenía mayor relevancia, pues no se trata de alguien que realiza su función drogado, sino que lo hace de manera ocasional y fuera de las horas de trabajo.

Quizás para alguien que se dedica a otra actividad estos dichos podrían ser irrelevantes. Pero cuando hablamos de un funcionario público, que recibe una dieta que proviene de los impuestos de los chilenos y que tiene la función de imponer leyes que deben ser cumplidas por todos los habitantes del país, es escandaloso. Porque independiente de las posturas personales, mientras no haya cambios normativos, la marihuana sigue siendo ilegal. Así de simple.

El test de drogas no puede ser un show comunicacional, sino una obligación legal para todos quienes desempeñan cargos de representación ciudadana. Desde el Presidente hasta el último de los parlamentarios.

TERCER ACTO. En las calles, el consumo de marihuana se ha transformado en lamentablemente común. No solo quienes fuman (basta darse una vuelta por Valparaíso y otras comunas de la región), sino que además, la venta de distintos subproductos, como queques, se ha convertido en una anécdota más del comercio callejero.

Por ahí pasan no solo nuestros jóvenes, que compran (y venden también muchas veces), sino también funcionarios policiales que hacen la vista gorda al tema, probablemente por el cansancio de detener personas que salen libres rápidamente o por la incongruencia de una norma que sanciona la venta, la compra, el cultivo, pero no el consumo personal e individual.

Ante la opinión pública, el consumo de marihuana ha dejado de ser motivo de alarma y se ha convertido en un tema debatible. La normalización de la conducta (que es fácilmente verificable tanto en las encuestas de consumo como en la vida diaria) ha generado una especie de vacío, en el que a pocos le llama la atención y en el que los jóvenes principalmente -pero también muchos que no lo son tanto- consideran que un pito es “menos dañino que un cigarro”.

La legalización de la marihuana podría solucionar algunas de estas temáticas. Pero sin fiscalización, nada de esto tiene sentido. Aquí el problema principal es la invisibilización del tema y el hecho de que cuando se visibiliza, se hace sin seriedad alguna y ante las cámaras, en una especie de circo, donde el fondo pasa a segundo plano y la anécdota es la regla.

Publicada en El Mercurio de Valparaíso.

Karen Trajtemberg